Jadraque - Guadalajara

EDUCACIÓN
Las cuatro mayores críticas a la polémica Ley Wert

En los últimos meses numerosas voces se han alzado en contra de la reforma del sistema educativo, la califican de "sexista", "excluyente" e incluso "anti-educativa".


Tiene muchos nombres. Se la conoce como Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa, la Lomce o, simplemente, Ley Wert. Se dice de ella que es una “ley sin justificación”, “sexista”, “clasista”, “partidista” e incluso se la ha calificado de “anti-educativa”. Como puede apreciarse, la nueva propuesta para modificar el sistema educativo español impulsada por el ministro José Ignacio Wert no ha tenido una acogida precisamente amable.Desde que apareció el primer borrador del anteproyecto de la nueva legislación el pasado mes de septiembre, las voces contrarias a la reforma la acusaron de ser un paso atrás. La segunda versión, presentada el pasado martes, no ha hecho más que aumentar las críticas.A los grupos de padres, profesores y alumnos se han sumado en los últimos días los principales partidos políticos de las regiones con idioma cooficial. Muchos cargos públicos catalanes, vascos y gallegos han alzado su voz en contra. Pero, ¿por qué es tan polémica la Ley Wert?1.- Director puesto ‘a dedo’ por la AdministraciónUno de los principales pilares de la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa que promueve Wert es la denominada “autonomía de centros”. Algo necesario, según el ministro, porque “la posibilidad de perseguir métodos pedagógicos propios, de especializarse y de ajustarse a la demanda social con libertad traerá mejores resultados educativos”.Para la plataforma ‘Stop Ley Wert’ y la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) supone relegar a los consejos escolares –integrados por padres, alumnos y docentes, y actualmente tienen capacidad de decisión sobre algunos aspectos del centro – a meros órganos consultivos.De hecho, el director del centro será nombrado directamente por la Administración y no elegido democráticamente por su comunidad educativa. Este gestor puesto ‘a dedo’ tendría poder para tomar decisiones pedagógicamente relevantes, así como contratar o despedir al personal y gestionar la económica de los colegios sin contar con el consejo escolar.2.- Segregación en las aulas"Las críticas a este proyecto hablan de segregación porque se anticipan los itinerarios formativos hacia la Formación Profesional, algo que me resulta difícil de entender", ha reconocido el ministro de Educación hace sólo un par de días. Wert defiende que a su juicio “no hay discriminación mayor que dejar fuera de juego y con consecuencias para su vida a más de la cuarta parte que entran en el sistema y fracasan por no haber podido acceder antes a esta opción educativa”.Con la reforma que propone, los estudiantes comenzarán a escoger ya en 3º de ESO, es decir, a los 15 años, las asignaturas optativas dirigidas a cursar Formación Profesional (FP) o Bachillerato, cuando antes lo hacían un año después.Para las asociaciones que se oponen a la Ley, otro ejemplo de segregación se producirá con los llamados “programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento”, en 2º y 3º de la ESO, en los que se agruparán alumnos con dificultades, que recibirán contenidos devaluados.Sin embargo, la parte más polémica de la reforma es, sin duda, la separación de los alumnos por sexo. El borrador de la Ley Wert prorroga los conciertos a los centros que segregan al alumnado por sexo, a pesar de las recientes sentencias del Supremo en sentido contrario. El ministro lo justifica afirmando que la educación diferenciada en España representa únicamente al “1%” de la oferta del sistema educativo.3.- Los idiomas autonómicos relegados a materias ‘de Espacialidad’La nueva ley divide las materias entre ‘Troncales’, ‘Especificas’ y ‘de Especialización’. El Estado fija los contenidos y el horario mínimo de las materias instrumentales, es decir, las troncales, que son Lengua Castellana, Matemáticas, Lengua Extranjera, Ciencias Sociales, Biología y Geología, Física y Química, Geografía e Historia.Según el nuevo borrador, estas asignaturas troncales deberán ocupar por lo menos el 50% del horario. Para el resto de asignaturas, las ‘Específicas’, como Plástica, Religión, Música o Educación Física, las autonomías y los centros escolares tendrán mayor flexibilidad para fijar los contenidos y los horarios.El tercer bloque de asignaturas, las ‘de Especialidad, está compuesto por las lenguas cooficiales y otras materias aún por determinar. Este es el punto que más quebraderos de cabeza promete traerle a Wert. Regiones como Cataluña o el País Vasco han puesto el grito en el cielo tras comprobar que el ministro había propuesto que el Castellano y el Inglés fueran obligatorios; el Francés, optativa; y el Catalán, el Gallego o el Vasco, aunque obligatorias, tendrían un horario reducido y no serían evaluables en pruebas estatales.4.- Una reforma al servicio de los mercados“Mercado”, “competitividad”, “resultados” o “rendimiento económico” son palabras de uso recurrente en el borrador de la nueva ley. Un hecho sorprendente, sobre todo al tratarse de un documento educativo.Según el texto, “la educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. Su nivel educativo determina la capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro”.Las distintas asociaciones contrarias a la nueva legislación defienden que la aplicación de la Ley Wert ponga en peligro todas aquellas áreas de conocimiento no presentes en los rankings de la OCDE, entre ellas la historia, la filosofía, la literatura, la música, las artes plásticas o la Educación Física, “así como todos esos aprendizajes tan difícilmente evaluables en una prueba de papel y lápiz como educación para la Paz o la medioambiental”, apunta ‘Stop Ley Wert’.


Lainformación.com 7/12/12

Stop Ley Wert



Ciudadan@s por la Educación Pública manifiesta su más absoluto rechazo al anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) por las siguientes razones:




Por su carácter profundamente antidemocrático,
En el proceso de elaboración de la ley (de espaldas a la comunidad educativa, a los grupos sociales y políticos, a las Comunidades Autónomas)..
En la organización de los centros docentes, en que una dirección nombrada a dedo por la Administración pasa a tener poderes absolutos en la gestión de los mismos.
Cinco leyes educativas en 50 años. Si es verdad que necesitamos una reforma del sistema educativo, esta ha de hacerse con todas las garantías de que sea sostenible en el tiempo. Y para ello ha de abrirse un proceso de diálogo sosegado y profundo con la comunidad educativa –profesorado, estudiantes, familias- y con todas las fuerzas políticas, también con las administraciones autonómicas. Y ese proceso, sencillamente, no se está produciendo. Ni un buzón de correo electrónico puede suplantar un diálogo abierto y transparente, ni una unilateral nota de prensa escamotear la proyección pública de lo que debieran ser los foros compartidos de análisis y debate.

Por otra parte, el anteproyecto denomina “autonomía de centros” a lo que no es sino la eliminación de su funcionamiento democrático. El consejo escolar queda relegado a funciones meramente consultivas, mientras que las decisorias pasan a ser competencia exclusiva de la dirección, esto es, de un director o directora nombrado directamente por la Administración y no elegido democráticamente por su comunidad educativa. Dicha dirección pasa a tener poder absoluto en la toma de decisiones pedagógicamente relevantes , así como en “la gestión de personal y económica de los centros”. Se quiebran por tanto los procedimientos de transparencia, mérito e igualdad en la conformación de las plantillas docentes. Esto abre el camino de manera alarmante a la privatización también de los centros públicos.





Por su concepción mercantil de la educación, que antepone las necesidades de los mercados a la formación integral de niñas y niños, y a la construcción de una sociedad más justa y cohesionada.
¿Qué es la educación para una ley que se abre con las siguientes palabras “La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. Su nivel educativo determina la capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro.”

“Mercado”, “competitividad”, “resultados”, “rendimiento económico”, marcan a lo largo de todo el anteproyecto el horizonte de lo que por educación entiende la LOMCE. Reducir el sistema educativo a la capacitación laboral de las nuevas generaciones es olvidar su función primordial en la formación integral de las personas y en la construcción de una sociedad culta y democrática. Pero es que además tampoco la LOMCE da respuestas a los requerimientos de capacidad de innovación, investigación, trabajo en equipo, que tantas empresas demandan.

Por otra parte, el énfasis puesto en aquellas materias recogidas en las pruebas PISA nos hace temer por todas aquellas áreas de conocimiento no presentes en los ránkings de la OCDE: las Humanidades y las Artes (Historia, Filosofía, Literatura, Música, Artes Plásticas),la Educación Física y para la Salud, etc., así como por todos esos aprendizajes tan difícilmente evaluables en una prueba de papel y lápiz: Educación para la Paz y la Noviolencia, Coeducación, Educación Medioambiental , etc.). Estas ausencias mutilan de manera inquietante la formación que en colegios e institutos recibirán niñas y niños.

Nos preocupa asimismo lo que los redactores de la ley entienden por “educación plurilingüe”: si en su desarrollo partirán de la consideración a las lenguas de España, a las lenguas del alumnado, a las muchas lenguas extranjeras que permiten la comunicación entre las personas y los pueblos aunque no sean las que en este momento dominan las relaciones de los mercados. Nos preocupa que la denominada educación plurilingüe sea exclusivamente enseñanza del inglés y a costa de qué se va a hacer.

Por último, nos sorprende que se limite la aportación de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) a la “disminución de costes de apoyos y refuerzos” y “el desarrollo de una enseñanza individualizada” renunciando a las enormes posibilidades colaborativas que las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen. El proceso creciente de reducción de las plantillas docentes, de masificación de las aulas, de desmantelamiento de los centros de profesorado, etc. hace que veamos con preocupación la insistencia en utilizar las TIC para que “cada estudiante puede avanzar al ritmo más adecuado a sus capacidades e intereses” o como “recurso de apoyo” a la formación continua del profesorado. El anteproyecto subraya el principal peligro que las TIC entrañan –la renuncia al encuentro interpersonal, a la palabra compartida- mientras parece dejar de lado sus enormes posibilidades para la investigación, la creación, la colaboración.






Por utilizar la educación como herramienta para la segregación y la exclusión.
El objetivo de “reducir la tasa de abandono educativo temprano y mejorar la tasa de población que alcanza nivel ESO” no ofrece más medida que la multiplicación de reválidas al término de cada etapa o la segregación temprana..

En lugar de entender la evaluación como una herramienta al servicio de la detección de problemas en el proceso de enseñanza- aprendizaje con el compromiso inmediato de ofrecer propuestas de mejora, la reválida se convierte en método obsesivo de clasificación, etiquetaje y encasillamiento del alumnado , al tiempo que un mecanismo de control del currículo (“Los criterios de evaluación y características generales de las pruebas que componen ambas evaluaciones serán fijadas por el Gobierno para todo el Sistema Educativo Español, previa consulta a las Comunidades Autónomas”. Serán, además “calificadas por especialistas externos al centro”)

Paralelamente, la Administración se lava las manos de su responsabilidad en los resultados de dichas evaluaciones culpabilizando de las dificultades y problemas exclusivamente al alumnado y eventualmente a los centros: “El principal objetivo de esta reforma es mejorar la calidad educativa partiendo de la premisa de que esta debe medirse en función del “output” (resultados de los estudiantes) y no del “input” (niveles de inversión, número de profesores, número de colegios, etc.)”

La apuesta de la LOMCE por la segregación llega a cotas alarmantes cuando afirma que “el proyecto educativo de calidad podrá suponer la especialización de los centros (…) por tipología del alumnado”, o cuando asegura los conciertos a los colegios que no admiten a personas de uno u otro sexo.

La LOMCE entiende por tanto la educación como un espacio en el que se manifiestan y subrayan las diferencias y oportunidades sociales, en lugar de asumir su irrenunciable papel integrador. Somos muchos los que pensamos, por el contrario, que solo una enseñanza que respeta y atiende la realidad diversa de las aulas puede asumir el reto de reducir el riesgo de exclusión social de parte de su alumnado, de contribuir a la cohesión social , y de dar respuesta a las capacidades e intereses de cada estudiante.




Por todo ello, pedimos la retirada del anteproyecto de ley y la apertura de un período de verdadero diálogo con la comunidad educativa y con todas las fuerzas sociales y políticas que permita sentar las bases de un modelo educativo consensuado y sostenible.

La nueva reforma educativa gira a la derecha por las presiones del PP
Wert recupera la alternativa a Religión, prolonga los conciertos educativos y exigirá pagar con fondos públicos la escolarización en centros privados de los alumnos que no reciban educación en castellano

MAR RUIZ 03-12-2012
El nuevo texto, al que ha tenido acceso la Cadena SER, confirma un giro ideológico hacia las tesis más conservadores del PP, con concesiones a la Iglesia católica y la escuela concertada y abre un nuevo y agrio frente autonómico por la enseñanza del castellano en las comunidades con lengua cooficial. El texto supone un volantazo en toda regla con respecto al anteproyecto inicial y pone de manifiesto las cesiones del ministerio de José Ignacio Wert ante las presiones de varias de las comunidades del PP y de la propia calle Génova



El resultado de esas "mejoras" es un nuevo documento de casi setenta páginas que este martes el ministerio debatirá con las comunidades en la Conferencia Sectorial de Educación y que, en la práctica, supone una revisión muy sustancial del primer borrador, con algunos cambios de tal calado que casi implican un "borrón y cuenta nueva" en la arquitectura educativa y el diseño de los contenidos curriculares. El texto fue enviado a las comunidades autónomas este lunes apenas horas antes de la celebración de la Conferencia Sectorial y después del cónclave que este pasado fin de semana reunió en Toledo al ministro Wert y a la mayor parte de los consejeros populares. Distintas comunidades consultadas por la SER han reconocido que en la última reunión técnica celebrada el pasado viernes se seguía trabajando sobre el texto antiguo y el ministerio no les informó de los nuevos cambios, ni siquiera verbalmente.

Adiós definitivo a Educación Cívica y Constitucional y bienvenida a la alternativa a Religión

Entre los cambios más ideológicos, el texto pasa de no mencionar siquiera la asignatura de religión a consagrar una de las reivindicaciones clave de la Conferencia Episcopal para evitar la fuga sostenida de alumnos en esta materia: habrá una alternativa evaluable tanto en primaria como en secundaria. El borrador señala que entre las asignaturas específicas los alumnos de primaria deberán cursar o bien Religión o bien Valores Culturales y Sociales, a elección de los padres o tutores. En el caso de secundaria la alternativa será entre Religión y Valores Eticos. En el marco actual la religión es una materia de oferta obligatoria por parte de los centros y voluntaria para el alumno, pero sin obligación de cursar alternativa académica evaluable. Se recupera así el esquema de la LOCE, la ley de Calidad de la Educación impulsada por el gobierno de Aznar en 2002 y que no llegó a entrar en vigor, derogada posteriormente por el gobierno socialista.

Las concesiones llegan también a la escuela concertada al atender otra reivindicación histórica del sector: se amplía de cuatro a seis años la duración mínima de los conciertos educativos en primaria y se incorpora la demanda social como criterio de escolarización. En un guiño a los sectores más beligerantes del PP y la comunidad educativa, el texto destierra del listado de materias de secundaria Educación Cívica y Constitucional, la remozada Educación para la Ciudadanía del PSOE que el PP cambió para despojarla de los "contenidos adoctrinadores". La única referencia al respecto es para señalar que esos contenidos tendrán un carácter transversal en distintas materias.

Vuelve la polémica del "españolizar" a los alumnos catalanes

El texto abre un nuevo y agrio frente autonómico con aquellas comunidades con lengua cooficial. Y es que el ministerio de José Ignacio Wert quiere "blindar" la enseñanza del castellano estableciendo hasta cuatro condiciones para que los alumnos cuyos padres así lo deseen puedan ser escolarizados en esa lengua. Educación quiere que "esas lenguas cooficiales sean ofrecidas en las distintas asignaturas en proporciones equilibradas en el número de horas lectivas, de modo que se garantice el dominio de ambas por parte de los alumnos".

Dinero público para pagar la escolarización en castellano en centros privados

Mientras se pone en marcha ese nuevo diseño, que choca diametralmente con el actual modelo en Cataluña, y si no se garantiza un reparto razonable entre ambas lenguas, Educación da luz verde a una de las medidas más controvertidas de toda la reforma: permitirá que los padres que no encuentren en su lugar de residencia un centro público y concertado donde se garantice a sus hijos la enseñanza en castellano, puedan escolarizarlos en centros privados correspondiendo a las administraciones educativas sufragar los gastos de escolarización. Es decir, se da luz verde a pagar una enseñanza privada con fondos públicos.

Materias troncales y una oferta educativa "a la carta"

En el nuevo esquema el estado se reserva fijar los contenidos y la carga lectiva mínima de las llamadas materias troncales: Matemáticas, Ciencias, Lengua e Inglés, dejando en manos de comunidades y los propios centros educativos el resto de materias específicas en una especie de oferta educativa a la carta en la que cada colegio podría especializarse en determinados contenidos. Una fórmula de gran complejidad que sobre el papel permite rescatar, al menos como posible oferta académica, algunas materias cuyo recorte o supresión en el anteproyecto inicial había desatado muchas críticas, desde la Cultura Clásica a la Tecnología, el Latín, o las materias del Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza

Se mantienen las reválidas y el "ranking" de centros

El texto mantiene como eje fundamental el sistema de evaluaciones estatales al término de cada etapa educativa. Las de ESO y Bachillerato obligarán a aprobar ese exámen para poder lograr el título correspondiente y pasar de etapa. Precisamente las consecuencias académicas sobre los alumnos y el hecho de que esas pruebas externas acaben propiciando la publicación de un "ranking" de centros son dos de los asuntos más cuestionados por las autonomías gobernadas por el PSOE que alertan sobre un modelo segregador que dejará atrás a los alumnos más vulnerables. En palabras de la consejera andaluza, Mar Moreno, "los profesores examinan y los evaluadores evalúan para diagnosticar problemas y ofrecer soluciones pero no para poner trabas". Según Moreno, "si Wert se casa sólo con el PP para sacar adelante la reforma, se divorciará de toda la comunidad educativa". Por ello ha pedido serenidad y que no haya precipitación en una reforma que requiere tiempo y sobre todo consenso.

CADENA SER. Mar Ruiz. 03-12-2012

Ante la cada vez más abundante proliferación de conferencias, cursos, seminarios y todo tipo de actividades que diferentes corrientes pseudocientíficas están desarrollando dentro del marco de las universidades españolas y latinoamericanas, tendencia que cristaliza en la reciente creación de una Cátedra de Investigación sobre Homeopatía en la Universidad de Zaragoza, los abajo firmantes (científicos, profesores, alumnos y ciudadanos en general) nos vemos en la necesidad de manifestar lo siguiente:

La colaboración entre la Universidad y la Empresa, así como con otros organismos y agentes sociales es enriquecedora, productiva y debe ser considerada como una de las prioridades de la política universitaria. Los acuerdos y contratos para la transferencia de resultados de la investigación a la empresa privada pueden representar una importante fuente de financiación para las universidades públicas; los cuales, desarrollados convenientemente, permiten una mayor productividad científica y la optimización de las aplicaciones de tal actividad. Sin embargo, creemos que no es justificable que la Universidad busque vías de financiación a cualquier precio, y aún menos si con ello pervierte su filosofía y fines fundamentales.

La Universidad Pública, como cualquier otro organismo de la administración, debe estar al servicio del ciudadano, manteniendo un contacto permanente con la sociedad de la que forma parte, mediante una comunicación constante que permita la sintonía entre el mundo universitario y las necesidades sociales. Para cumplir estos objetivos, la Universidad debe ser un adalid en lo referente a innovación y a exploración de nuevos caminos para el conocimiento. La Universidad nunca debe ser una estatua, sino una animación en constante movimiento.

No es posible entender la función investigadora y el compromiso social de la Universidad sin la imbricación con su papel fundamental en la formación de ciudadanos libres, capaces de enfrentarse al mundo mediante una mentalidad crítica que les permita escapar de las cadenas de la irracionalidad, la superstición y la ignorancia. Esta función docente, completamente consustancial a la institución universitaria, va más allá de las aulas, al representar la Universidad un referente en cuanto a conocimiento y racionalidad para toda la sociedad.

En este sentido, la Universidad juega un papel muy importante ante el avance que en la sociedad contemporánea están teniendo determinadas corrientes anticientíficas y antirracionales, que pueden suponer un significativo retroceso hacia el oscurantismo y la superstición, algo que se encuentra en el polo opuesto de los objetivos universitarios. Nos preocupa, como universitarios y como ciudadanos, que bien entrado el siglo XXI cada vez prolifere un mayor número de terapias más próximas a la magia que a la medicina, en muchas ocasiones amparadas por instituciones y empresas médicas profesionales; nos preocupa que presidentes de gobierno consulten astrólogos; que pulseras mágicas declaradas oficialmente fraudulentas sean portadas por ministros de sanidad y constituyan el regalo más vendido de las últimas navidades; que cada vez haya más ciudadanos que crean firmemente que las vacunas son tóxicas y nefastas para la salud; que aumente el número de enfermos que abandonan el tratamiento médico para abrazar alternativas esotéricas; nos preocupa muy seriamente que gran parte de la población vuelva a confiar más en los curanderos que en la medicina científica.

Nos preocupa que la Universidad pueda convertirse en un mercadillo que de cabida a cualquier alternativa irracional al conocimiento científico. Sólo una mal entendida apertura de mentalidad puede justificar que se enseñe alquimia en las Facultades de Química, ufología en las de Física o el diluvio universal en las de Historia. Ofrecer el foro universitario a las pseudociencias, en igualdad de condiciones con el conocimiento racional, no se traduce en ningún enriquecimiento cultural, sino en una validación universitaria de la superstición y la charlatanería. Difícilmente podremos educar a nuestros hijos sobre la inexistencia de bases empíricas en la predicción astrológica si van a encontrar en el campus universitario cursos de postgrado en astrología.

Reza una de las máximas en ciencia que la razón no debe aceptar algo como cierto sólo porque lo afirme mucha gente o porque lo suscriban personajes importantes, y que siempre es necesario detenerse ante cualquier afirmación y dudar sobre si es o no cierta. Esto obliga a actuar mucho más despacio, a sopesar cuidadosamente las opciones, a avanzar con cautela ante cualquier tipo de propuesta. Y esta es una de las cosas que creemos firmemente que debe enseñarse en las universidades.

Por todo ello, nos preocupa que la Universidad de cabida a cursos sobre acupuntura, a conferencias sobre creacionismo, a seminarios sobre astrología y a cátedras sobre homeopatía. Nos preocupa especialmente si no se enfocan como un debate crítico y un análisis racional, sino con un presupuesto de funcionalidad y validación científica de los que no sólo carecen, sino que están en frontal oposición al espíritu crítico universitario.

En el caso concreto de la homeopatía, aunque de igual aplicación para el resto de pseudociencias, no se ha demostrado científicamente ni su fundamento teórico (que contradice nuestros conocimientos sobre química y medicina más elementales), ni su efectividad más allá de un placebo. Décadas atrás, se destinaron importantes estudios a buscar una posible base en los postulados homeopáticos, los cuales no han variado significativamente en doscientos años, base que jamás se encontró.

Nos resulta extremadamente paradójico que mientras gobiernos europeos retiran fondos y apoyos estatales a la práctica homeopática, en España se instauren cátedras dentro de las universidades públicas. El aval que esto supone, sitúa a la homeopatía, a la astrología o al espiritismo dentro de la categoría de disciplinas universitarias; máxime cuando no nos encontramos exclusivamente ante una actividad de investigación sobre un fenómeno dudoso, sino ante una institucionalización dirigida a la formación y divulgación de estos postulados.

Consideramos por último, que si bien está justificado profundizar y destinar fondos a cualquier aspecto que pueda ser investigado, la especial situación económica actual convierte la inversión de esfuerzo y medios en este tipo de disciplinas totalmente desacreditadas en un acto de puro despilfarro de recursos, que podrían emplearse en líneas de investigación y docencia muchísimo más prioritarias.

Las personas que desde distintos estamentos y colectivos de la sociedad suscribimos este manifiesto, deseamos llamar la atención sobre este importante aspecto al conjunto de la población y, especialmente, a las autoridades académicas y gubernativas, confiando en que la razón acabe imponiéndose sobre la superstición y el oscurantismo.