Iznalloz - Granada

Por qué mientes ? No se ha aprobado ley alguna al respecto: Código de buenas prácticas ; y si tenemos en cuenta que hasta la presente todo han sido malas prácticas por parte de la banca...

No miento, Sr. Acusador,... en el contenido del mensaje se expresa claramente a lo que me refiero.

ley.

(Del lat. lex, legis).


1. f. Regla y norma constante e invariable de las cosas, nacida de la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas.

2. f. Cada una de las relaciones existentes entre los diversos elementos que intervienen en un fenómeno.

3. f. Precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados.

4. f. En el régimen constitucional, disposición votada por las Cortes y sancionada por el jefe del Estado.

5. f. Religión, culto a la Divinidad. La ley de los mahometanos

6. f. Lealtad, fidelidad, amor. Le tengo ley

7. f. Calidad, peso o medida que tienen los géneros, según las leyes.

8. f. Cantidad de oro o plata finos en las ligas de barras, alhajas o monedas de oro o plata, que fijan las leyes para estas últimas.

9. f. Cantidad de metal contenida en una mena.

10. f. Estatuto o condición establecida para un acto particular. Leyes de una justa, de un certamen, del juego

11. f. Conjunto de las leyes, o cuerpo del derecho civil.

12. f. Cada una de las disposiciones comprendidas, como última división, en los títulos y libros de los códigos antiguos, equivalentes a los artículos de los actuales.

El hecho de que se apruebe este código y se publique en el BOE ya lo va a dotar de mayor respaldo legal. O sea, se va a convertir en una norma con respaldo legal, comúnmente es equivalente a hablar de ley. En EL PIS le dan también relevancia legal, así lo publicaba el pasado 26 de febrero.

En el difícil equilibrio entre obligar a la banca a aceptar pérdidas y no respaldar a uno de los colectivos más perjudicados por la crisis, el Gobierno ha tirado por la calle de en medio. El Ministerio de Economía y Competitividad no impondrá a la banca que acepte la dación en pago —es decir, que baste con entregar la vivienda para cancelar la deuda de los hipotecados morosos— , pero aprobará un real decreto con algunas mejoras (rebaja de los intereses de demora, reforma de los procedimientos de ejecución…), acompañado por un código de buenas prácticas que incluye la dación. Al publicarlo en el Boletín Oficial del Estado, el departamento que encabeza Luis de Guindos pretende dotar de un mayor respaldo legal a un documento que podría quedarse en una mera declaración de intenciones.

Los bancos y cajas serán libres de firmar este código, pero el Gobierno confía en que lo hagan empujados por el coste que conllevaría a su reputación dar la espalda a una demanda con tanta influencia social como la de los desahucios. El BBVA ha sido el primero en decir que firmará el código.

Colectivos como la Asociación de Afectados por la Hipoteca critican que no se atiende su reivindicación fundamental: que cualquiera pueda acogerse a la dación en pago y que también puedan hacerlo las más de 151.000 familias que han perdido su casa en los últimos años. En el ministerio responden que la norma no tendrá efectos retroactivos, lo que tendría muy difícil encaje legal y que chocaría con la doctrina del Tribunal Constitucional.

Economía quiere aprobar el decreto ley lo más rápido posible, en una semana o 15 días. Entonces concretará los criterios para especificar a qué ciudadanos irán dirigidas estas medidas. Luis de Guindos ya dijo el pasado miércoles en el Parlamento que los beneficios irán a aquellos que sufren riesgo de exclusión: familias con todos sus miembros en paro (según el INE, ahora hay 1,5 millones) y / o con un nivel de ingresos y renta insuficiente para pagar la hipoteca, siempre que esta sea sobre la vivienda única y habitual.

La banca, según señalan fuentes del ministerio que encabeza Guindos, está dispuestas a asumir el código de buenas prácticas. Es cierto que el desahucio es una mala opción para las entidades, ya que supone asumir un activo no buscado y además conlleva un fuerte rechazo social, pero fuentes del sector apuntan algunas críticas. Critican, por ejemplo, las palabras de Guindos en el Congreso, cuando dijo que “parece razonable” que la entidad asuma parte del coste de una deficiente tasación. “Las valoraciones de hace años no estaban mal hechas, simplemente reflejaba la situación del mercado en esos momentos”, protestan algunas entidades.

Esperemos pues, a ver cómo se publica en el BOE y después seguiremos hablando. Pero no cabe duda de que es una buena iniciativa del gobierno de Rajoy frente a la inoperancia de Zetaparo.

siempre que el banco acepte ,jajajaaaaaaaa.la misma caca

Borrado por Foro-ciudad.com

Porque tengo derecho a hacer uso de mi libertad de expresión, como se establece en la constitución vigente, ¿te parece bien?

Que viva la libertad de expresion .vamos a la huelga general ,por el derecho a los trabajadores

¿Le parede al Sr. socialista y ole y sus palmeros que el Real Decreto-Ley 6/2012, sancionado por nuestra jefatura del estado y publicado en el boe el pasao 10 de marzo, sea equiparable a una ley?

¿Le parece bien que ya haya importantes entidades financieras que se hayan adherido ya al código de buenas prácticas para proteger a los hipotecados con riesgo de exclusión?

¿Sabián ustedes que el citado Real Decreto-Ley, además del código de buenas prácticas, establece otras medidas como la gratuidad de los aranceles notariales que se deriven de la modificación de las condiciones en los contratos hipotecarios?

«23. Las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados de este Impuesto.»

¿Quieren que les lea el preámbulo del citado Real Decreto-Ley?

España atraviesa una profunda crisis económica desde hace cuatro años, durante los cuales se han adoptado medidas encaminadas a la protección del deudor hipotecario que, no obstante, se han mostrado en ocasiones insuficientes para paliar los efectos más duros que sobre los deudores sin recursos continúan recayendo. Resulta dramática la realidad en la que se encuentran inmersas muchas familias que, como consecuencia de su situación de desempleo o de ausencia de actividad económica, prolongada en el tiempo, han dejado de poder atender el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los préstamos o créditos hipotecarios concertados para la adquisición de su vivienda.
Tal circunstancia y la consiguiente puesta en marcha de los procesos de ejecución hipotecaria están determinando que un segmento de la población quede privado de su vivienda, y se enfrente a muy serios problemas para su sustento en condiciones dignas. El Gobierno considera, por ello, que no puede demorarse más tiempo la adopción de medidas que permitan aportar soluciones a esta situación socioeconómica en consonancia con el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, consagrado en el artículo 47 de la Constitución española, que ha de guiar la actuación de los poderes públicos de conformidad con el artículo 53.3 de la misma. Así lo exige, igualmente, el mandato incluido en el artículo 9.2 de la Norma Fundamental.
A tal fin, se establecen en este real decreto-ley diversos mecanismos conducentes a permitir la restructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago, así como la flexibilización de la ejecución de la garantía real. Estas medidas se implementan, no obstante, sin deteriorar los elementos fundamentales de la garantía hipotecaria, sobre cuya seguridad y solvencia se viene asentando históricamente nuestro sistema hipotecario. La mayoría de las medidas serán de aplicación a quienes se encuentren situados en el denominado umbral de exclusión. En este sentido, se ha determinado que los beneficiarios sean personas que se encuentren en situación profesional y patrimonial que les impida hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones hipotecarias y a las elementales necesidades de subsistencia. Este umbral es sensible igualmente a la situación económica de los demás miembros de la unidad familiar, así como de los titulares de las garantías personales o reales que, en su caso, existiesen. Se adoptan también cautelas para impedir que pueda producirse un acogimiento fraudulento o abusivo a las medidas propuestas.

...