Armilla - Granada

El pasado 25 de septiembre de 2012, durante la movilización denominada “Rodea el Congreso” se produjo la detención de 35 personas, en una intervención policial llena de irregularidades y cuestionada desde distintas organizaciones.

En el Auto que acordó la libertad de los detenidos, dictado por el Juzgado de Instrucción nº 8 de Madrid, de manera sorpresiva se les imputó la comisión de un delito contra las altas instituciones del Estado.

En consecuencia, el mismo Juzgado de Instrucción acordó inhibirse en favor de la Audiencia Nacional por considerar que había indicios de que los 35 detenidos habían tratado de invadir “con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados”.

Se imputaba a 35 personas nada menos que de tratar de invadir “con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados”, un delito recogido en el art. 493 del Código Penal y castigado con hasta 5 años de prisión, cuando muchas de ellas fueron detenidas a cientos de metros del Congreso de los Diputados.

Contra dicho Auto, se interpuso por parte de las defensas de las personas detenidas recurso de apelación, por considerar que no existe indicio alguno para sostener que ninguno de los detenidos hubiesen tratado de invadir “con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados”.

Más de cinco meses después, en el día de hoy, nos han notificado el Auto de Audiencia Provincial de Madrid que acuerda estimar los recursos de apelación interpuestos por los Letrad@s de esta Comisión junto con otras compañeras y revocar el Auto del Juzgado de Instrucción que acordaba inhibirse a favor de la Audiencia Nacional, por considerar que ”no existen indicios de que los imputados utilizaran medios ni realizaran actos que puedan considerarse idoneos para invadir la sede del Congreso de los Diputados”

Desde la Comisión Legal queremos celebrar dicha resolución, que entendemos pone coto a la estrategia criminalizadora de la Brigada de la Información y de Delegación de Gobierno, que trató de “fabricar” un atestado para que los detenidos fuesen imputados nada menos que por un delito contra las altas instituciones del Estado que no habían cometido. Esperamos que ahora se vayan aclarando cada una de las arbitrarias detenciones ocurridas el 25 de septiembre y que se investiguen los malos tratos sufridos por las personas detenidas en su estancia en la Comisaría de Moratalaz y que fueron objeto de denuncia.