Armilla - Granada

El Gobierno utiliza variopintas fórmulas para desvelar públicamente sus medidas.

Camuflados, de tapadillo, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con eufemismos... Así es como el Gobierno ha dado a conocer algunas de sus decisiones, medidas, recortes, ajustes y tijeretazos a los ciudadanos. Ni siquiera la Ley de Transparencia fue presentada con claridad: un viernes se anunció su aprobación pero no fue hasta tres días después cuando se conocieron las excepciones que incluía para el acceso a la información y el modo en el que se iba a controlar su cumplimiento.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, da a conocer, viernes tras viernes, algunas de las resoluciones aprobadas por el Consejo de ministros. Otras, se callan. O se obvian. O se esconden. Como si, poniéndolas a modo de letra pequeña, las medidas fueran a tener menos eco, fueran a pasar desapercibidas para los medios y la ciudadanía o se minimizara su importancia. Eso sí, en el momento de adoptarlas, el Gobierno no ha tenido que dar explicaciones en público, porque no se le han podido pedir. Y estas se demoran o, incluso, se evitan por completo. Esa es la estrategia de comunicación del Gobierno.

Uno de estos juegos del escondite más sonoros fue el vivido el pasado 10 de abril, cuando el Gobierno desveló un recorte de 10.000 millones de euros en Sanidad y Educación en el tercer párrafo de una nota de prensa colgada en la web de Presidencia y enviada a los medios de comunicación por la tarde. Sin explicaciones, ni posibilidad de aclaración.

Aquel anuncio derivó en un decreto ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Públicamente, el Gobierno admitió que los pensionistas pagarán sus medicamentos y la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes sin papeles, pero nada dijo del copago para traslados en ambulancias, para prótesis o para sillas de ruedas que los ciudadanos conocieron días después, cuando el decreto fue publicado en el BOE.

De Guindos anunció la subida del IVA sin mencionar el impuesto

“Incrementar la imposición sobre el consumo”. De esa sutil manera, la semana pasada, expuso el ministro de Economía, Luis de Guindos, lo que se traduce en una subida del IVA, que se llevará a cabo el próximo año. Ese mismo día, el consejo de ministros aprobó el Programa Nacional de reformas, del que también se contó solo una parte. Pero fue con el envío a Bruselas cuando los ciudadanos, a través del escrutado análisis realizado por los medios, conocieron que, entre las medidas, el Gobierno estudia que los funcionarios no cobren su salario íntegro durante los primeros 90 días de baja por incapacidad temporal.

“Cada viernes, reformas; y el que viene, también”, dijo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy el domingo, adelantando que, dentro de dos días, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría volverá a sentarse para dar cuenta de lo aprobado en el consejo de ministros con más planes, medidas o ajustes. Pero, en esta ocasión, se ha adelantado ya algo porque la propia vicepresidenta desveló que el Gobierno aprobará la “liberalización” de “determinados servicios” en gestión de infraestructuras y transporte. Pero claro, lo hizo en una reunión, celebrada en Santiago, con ministros alemanes, a los que sí contó su agenda de reformas.


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Un Saludo!

Siempre para los mismos, para las personas que has estado toda su vida creando riqueza para el país por su trabajo ahora que se vean mermados sus beneficios.

Dónde están tanto billete de 500 que no parece en la contabilidad de las cajas?

De todas maneras estoy preocupado por el mercantilismo político y sus consecuencias en la economía real de las personas.


Gente que no sabe organizar las administraciones donde son puestos como responsables. Puestos por el ciudadano.

Ese mercantilismo que impuesto y no revisado para más eficacia de la organización del estado. Ahora la economía, ahora al ciudadano, ahora al emprendedor, no da salidas al ciudadano que se quiere ganar la vida con su trabajo.

Esa asfixia administrativa política que acaba por demorar la economía. Ese castigo a las rentas de clase media antes del ajuste a la organización de las entidades locales; resulta que cuesta más lo administrativo que lo administrado; cargos políticos, de libre designación, enchufe, padrino... Descontrol de los recursos del trabajo.
Un sistema financiero que va de la mano del político que está aniquilando al emprendedor, al empresario, el capital necesario para salir de esto; echa de sus casas a la gente a costa de suculentas prebendas por ley.

Una clase política que le importa poco el ciudadano, con que este le vote es suficiente.

Así es, y se está demostrando; donde más se debería haber probado más nuestros gestores políticos es en la crisis. Han sacado un suspenso sea quien sea.