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La ley de Dependencia


Si se hubiera querido un sistema público y gratuito la habrían incluido en la Seguridad Social

Susana López * / 07 nov 07

Artículo publicado en Mundo Obrero Nº 194 del mes de Noviembre 2007

La Memoria económica incorporada al proyecto de Ley cifra en 400 millones de euros la aportación del Estado (otro tanto correspondería a las CC.AA.) para la puesta en marcha de la misma en 2007 y así se recoge en los Presupuestos Generales de este año. Hasta 2015, la previsión del coste para el Estado ascendería a 12.638.197.811 de euros en total, lo que supone una media anual de uno 1.580 millones de euros, aunque será en los Presupuestos Generales donde se fije cada año la cantidad que corresponda (lo cual introduce un grado de incertidumbre sobre la estabilidad y garantía de suficiencia del Sistema).

Ciñéndonos a 2007, es difícil valorar (por no decir imposible) la suficiencia de la cantidad presupuestada para atender adecuadamente los costes de la atención a las personas en situación de Gran Dependencia (Grado III, niveles 1 y 2), fundamentalmente porque no está ni mucho menos claro cuándo entrarán en vigor, realmente, los servicios y prestaciones del catálogo que la Ley determina, pues hasta ahora el único gasto consumado es el que se ha realizado en propaganda. Tampoco será lo mismo si se opta por dejar las cosas más o menos como están (en el ámbito familiar), pagando un "sueldo" a las cuidadoras, que si se tiene que ampliar de manera considerable el número de plazas de Centros de Día o Residenciales u otro tipo de servicios profesionales, que habrá que (sub)contratar, en la mayoría de los casos, al sector privado (¿con qué criterios y bajo qué controles de calidad, de formación del personal, de condiciones laborales y salariales?).

Por otra parte, a efectos de control y eficiencia del gasto no es de menor importancia la observación de Héctor Maravall en el Informe de la Secretaría Confederal de Política Institucional de CC.OO. sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2007(1), ante lo "sorprendente de la ubicación de estos 400 millones de euros", ya que se distribuyen en "7 rúbricas presupuestarias que van a ser un factor que dificulte la buena gestión de estos créditos, la transparencia en su ejecución y la oportuna diferenciación entre la cofinanciación a las CC.AA. y la financiación exclusiva de la Administración General del Estado".

Finalmente y a la vista de un aplazamiento tan prolongado de la cobertura total, de las restricciones al acceso y del establecimiento del copago, cabría preguntarse si todo ello es digerible con la perspectiva hacia atrás y hacia el futuro de una bonanza económica de la que tanto nos ufanamos, al tiempo que hace inevitable la comparación entre fiscalidad y gasto social en nuestro país y en relación con la UE.

Respecto a la presión fiscal y a la ya conocida "brecha" de 6/7 puntos por debajo de la media de la UE-15, señalar que pequeños avances en la convergencia en esta materia hubiera posibilitado el aumento del gasto social en España (muy inferior también al de la UE-15) para cubrir necesidades tan perentorias como la que aquí tratamos (o los déficits del Sistema Nacional de Salud, o los que existen en Educación, o las bajas cuantías de las Pensiones, o una parte de todos ellos). Sin embargo, tanto PP como PSOE, cuando gobiernan, han optado por ir en la dirección contraria, con reformas fiscales que, además de beneficiar a las rentas más altas y al capital, detraen importantes recursos al Estado y hacen poco creíble la voluntad de desarrollar un "cuarto pilar" digno de tal nombre. Sin olvidar el agravio que supone la obsesión por el "déficit cero" (PP) y ahora por el superávit (PSOE) en las cuentas públicas (a costa de los saneados ingresos de las cotizaciones a la Seguridad Social, precisamente) frente a unos sistemas de protección social públicos tan claramente insuficientes.

Para hacernos una idea de la envergadura del asunto y del injusto desequilibrio en la redistribución de la riqueza, veamos algunas cifras:

- Sin necesidad de ir más atrás, las reformas fiscales del PP, que comenzaron en 1996 y culminaron en 2003, representan un coste de 7.800 millones de euros ANUALES.

- La reciente del PSOE, cuando tenga pleno desarrollo, no supondrá menos de 6.000 millones de euros ANUALES.

- En total, el coste de las más recientes reformas fiscales sumará la friolera de 13.800 millones de euros QUE EL ESTADO DEJARA DE INGRESAR CADA AÑO. Dicha cantidad supera, EN UN SOLO AÑO, el gasto total previsto en la atención a la dependencia hasta 2015 (12.638 millones de euros). Y si la comparamos con los 400 millones de euros presupuestados para 2007, la diferencia resulta abrumadora: no llega ni al 3% de lo que se destina a beneficiar, sin lugar a dudas, a las rentas más altas y al capital.

Un agravio más, que ha surgido muy recientemente, es lo que se ha dado en llamar cheque-bebé, éste sí de carácter universal y sin ningún límite de renta, que supondrá este año para el Estado un desembolso o menores ingresos por valor de 1.200 millones de euros y para el que, al parecer, sí hay recursos.

Con tales datos y en un ciclo expansivo de la economía, donde los beneficios del capital se multiplican, sin que participen en ellos los salarios ¿cómo puede decirse que no estamos en condiciones de mejorar nuestro alicorto "Estado del Bienestar"?

Se impone, finalmente, una última comparación: el espectacular y prolongado déficit en gasto social de España respecto a Europa, que podemos ilustrar con unos pocos datos muy esclarecedores:

- Mientras en PIB per capita nuestro país alcanza ya el 91% del promedio de la UE-15, no ocurre lo mismo con el gasto social, que se sitúa en el 62% del promedio de la UE-15.

- Según datos del Prof. Viçen Navarro, los gastos en vejez, invalidez y supervivencia están en nuestro país en el 9,8% del PIB (Suecia 17,6%, Alemania 14,7%...), situándonos en el penúltimo lugar de la UE-15.

- Abundando en lo que afecta vitalmente a las personas mayores y de acuerdo con la misma fuente, las pensiones contributivas en España representan el 68% de la media en la UE-15. Y las no contributivas el 46%.

En resumen, con datos de Eurostat, la media del gasto en protección social en la UE-25 (incluidos los países de la penúltima ampliación, en condiciones económicas mucho más desfavorables) está en el 27,3%, mientras en España no llega al 20% del PIB. Pero lo más preocupante es que no ha mejorado, sino al contrario, a lo largo del ciclo expansivo de nuestra economía: si en 2002 representaba el 19,8% del PIB y repuntó algo en 2004, alcanzando el 20,06%, volvió a caer en 2005 al 19,56% y la diferencia sigue siendo de más de 7 puntos.

2. A estas incertidumbres y deficiencias se suman otras que solo voy a enumerar, como son:

- Las escasas referencias y el papel difuso que se asigna a los Ayuntamientos en la programación y gestión del Sistema, siendo ésta la Administración más próxima a las personas y familias afectadas y la que en mayor medida soporta unos niveles de financiación que en teoría no le corresponden, por dejación de las otras Administraciones.

- La ausencia del Ministerio de Sanidad y de la coordinación necesaria con el sistema sanitario, estando aún sin desarrollar, al cabo de tantos años, el reglamento de aplicación de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

- La nula participación de las Organizaciones de mujeres, que vienen a representar al colectivo de las protagonistas absolutas en el trabajo de cuidados, las cuidadoras, obviándose la situación de las mismas. Caracterizadas como "mujer de 60 a 65 años, sin muchos estudios" por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (El País, 7 de Mayo 2007), presentan, tras un periodo prolongado, graves secuelas físicas y psíquicas (ansiedad, depresión, etc.). ¿Quién las cuida a ellas mientras cuidan, quién se preocupará por el desgaste de jornadas interminables, aunque perciban un sueldo (muy inferior, por lo que se sabe, al salario mínimo) y coticen a la Seguridad Social con la más que dudosa posibilidad de acceder a una pensión contributiva?

Para terminar, sería muy preocupante que, con todas sus insuficiencias, la puesta en marcha de la Ley se viera lastrada por el desigual interés de las CC.AA. (cuando no abierta obstaculización por parte de algunas, como la de Madrid), en un periodo electoral que vaticina duros enfrentamientos entre las dos fuerzas mayoritarias que las gobiernan. Pero sería un enorme error que, para no dar argumentos a esas posiciones, silenciáramos las carencias y defectos de la misma, dejando de reivindicar, como nos corresponde, un Sistema verdaderamente universal, público y gratuito, cuya fórmula más adecuada, de haber existido voluntad, hubiera sido su inclusión en el sistema de la Seguridad Social, de exclusiva competencia del Estado.

Notas:
(1) Análisis del Proyecto de Presupuestos para el Año 2007 de las Secretarías de Asuntos Sociales, Migraciones e Igualdad, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaría Confederal de Política Institucional de la CSCCOO. Octubre 2006.

* Miembro de la Permanente del PCE