Casas de Guijarro - Cuenca

La polémica en torno a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo entre Colombia y Nicaragua aconseja que ese caso sea analizado con atención y prudencia por el Gobierno de Venezuela, país con amplia proyección marítima sobre la cuenca del Caribe, con muchos intereses que cuidar y con enorme experiencia profesional acumulada que debería ser reconocida y bien aprovechada en esa materia.



Lo de Colombia y Nicaragua es tema complejo, por su larga historia y por los alcances jurídicos y políticos de los asuntos que fueron sometidos por los dos países a la Corte de La Haya, instancia cuya competencia ambos han reconocido como obligatoria.

Hace cinco años, en una primera decisión, ese máximo tribunal internacional para disputas entre Estados reconoció la vigencia del acuerdo mediante el cual Nicaragua había cedido a Colombia el archipiélago compuesto por los islotes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero no hubo entonces decisión acerca de la soberanía sobre otros cayos que Colombia ha alegado son histór icamente parte del archipiélago ni tampoco sobre la delimitación de la frontera marítima.

Ahora, con la sentencia del pasado 18 de noviembre, se confirma la posesión colombiana de tales islas e islotes, pero al no reconocer plenos derechos de proyección marina y submarina a varios de ellos, la delimitación marítima reduce la proyección de Colombia en la Cuenca de los Cayos mientras amplía sensiblemente la de Nicaragua.

Conviene que desde Venezuela se trate este asunto con el refinamiento que amerita. Es bueno recordar el sustento jurídico y político de la defensa de nuestros intereses, con lo que logramos una proyección marítima que ronda los 700.000 kilómetros cuadrados y tiene aún pendientes delimitaciones al este y oeste de nuestras costas. Eso fue posible con el apoyo de una Cancillería que, aparte de contar con profesionales de primera línea, no dudó en apoyarse en expertos que asesoraran sus gestiones.

Entre los principios que como marco de referencia dieron continuidad a los empeños de delimitación de Venezuela en el Caribe, estuvo dar preferencia a la negociación diplomática como el mejor de los medios para construir acuerdos que fuesen consistentes respecto a consideraciones jurídicas, en el marco de un cuidadoso tejido de compromisos y reservas que diesen firmeza a la vez que transparencia a las posiciones negociadoras del país.

Venezuela no aceptó la jurisdicción obligatoria de la corte, pero eso no fue razón para desatender la constante búsqueda de documentación para respaldar sus intereses en materia de delimitación. Aunque cada gobierno procuró cultivar las mejores relaciones posibles con los países con los que tenía delimitaciones pendientes, a la vez que mantenía otros vínculos quizá de mayores afinidades políticas, nunca se distrajo de la prioridad de un asunto de tan evidente interés nacional. A buen entendedor.