Fuente Obejuna - Cordoba

Participaciones preferentes Lehman Brothers. Comienzan a ver la luz las primeras sentencias.
Un juzgado de Peñarroya, (Córdoba), ha sido de los primeros en declarar nulo un contrato de Lehman Brothers gestionado por una entidad española.
La jueza Guadalupe Domínguez Dueñas estima parcialmente –sólo la rechaza en lo que a la petición de daños morales se refiere–, la demanda presentada por el delegado de Ausbanc en Córdoba, Álvaro González-Astolfi, en representación de Carmen Cortés Chacón, y obliga a Caja Rural de Córdoba a devolver los 12.000 euros invertidos en unas participaciones preferentes que, sin conocimiento de la demandante, fueron a parar a Lehman Brothers, quebrado en septiembre de 2008.
La jueza, después de argumentar su rechazo a la pretensión del abogado de Caja Rural de desestimar la demanda por prescripción, pasa a analizar los hechos que empiezan el 17 de enero de 2006 cuando Carmen Cortés Chacón firma un contrato con la entidad para suscribir una inversión en participaciones preferentes de cuyo riesgo, según la sentencia, jamás se informó a la clienta: “le ofrecieron el producto como algo seguro. En ningún momento se le informó de los riesgos de la operación. Firmó los papeles confiada en la información verbal recibida por los empleados de la sucursal, y siempre creyó que contrataba con Caja Rural, nunca con Lehman Brothers”.
La angustiosa situación de Carmen Cortés
La situación económica de Carmen Cortés no es boyante, sino todo lo contrario. “Mi marido no trabaja. Lo hacía como autónomo en la construcción. Yo cobro los 426 euros y eso es todo lo que ingresamos. Vivimos gracias a la familia, de ahí que necesitemos urgentemente los 12.000 euros”. Un dinero que Carmen y su marido tenían guardado “por si sucedía lo que nos sucede ahora”, señaló a MD.
Debido a su amistad con el director, Carmen abrió cuenta en la sucursal de la Caja Rural. “Me tramitó unas Letras del Tesoro, primero, y una imposición a plazo fijo después. Yo ya le dije que quería disponer del dinero inmediatamente si me surgía algún problema familiar”, dice Carmen, quien asegura que “un día, un empleado me dijo que había un nuevo producto por el que daban más intereses. Yo le insistí en que aceptaría si pudiese disponer de los ahorros cuando lo necesitara, ya que el depósito era para tres años. Me dijo que no me preocupara, que si tenía necesidad, la penalización sería mínima, y eso fue todo lo que me dijeron. Jamás me hablaron de Lehman Brothers”.
Carmen Cortes espera, ahora, que le devuelvan sus 12.000 euros más los intereses legales para poder sobrevivir en una situación bastante difícil.
Carmen Cortés, según todas las partes presentes en el juicio oral de esta demanda, es de “perfil conservador”, lo que en términos financieros define a un inversor que busca seguridad aunque ello suponga menos rentabilidad. Desempleada, sus ahorros los había invertido, con anterioridad, en Letras del Tesoro contratadas en la misma entidad, la sucursal de Caja Rural de Córdoba cercana a su domicilio en la localidad de Fuente Obejuna, y en una imposición a plazo fijo. En la fecha referida, los empleados de dicha oficina la ofrecieron ese producto “como algo completamente seguro sin que en ningún momento se le informara de los posibles riesgos de la operación”, según su testimonio ante la jueza. Por esto, ella afirma que “firmó los papeles confiada en la información verbal recibida”.
El director de la oficina, Fernández Mohedero, con el que la demandante reconoce tener cierta confianza, dijo desconocer en qué consiste dicho contrato. El director de la Oficina de Atención al Cliente de Caja Rural de Córdoba, Francisco Almagro, con anterioridad jefe de banca privada, señaló que sobre éste y otros productos los empleados de la entidad reciben cursillos de formación para explicar sus características y el riesgo que supone. Pero Fernández Mohedero no sabía más que era un producto que apenas contraía riesgo por la calificación de solvencia de Lehman Brothers. “Si él, bajo el puesto que ocupa, no sabe ni explicarlo ni conoce su contenido, difícilmente podría saberlo la señora Cortés con una formación académica de graduado escolar, sin conocimientos financieros, y con plena confianza y amistad con los empleados de la sucursal en cuestión”, reza la resolución judicial.
También se tiene en cuenta que cuando se produjo la quiebra de Lehman Brothers, no se le comunicó tal circunstancia. “No existe constancia documental alguna de que la actora haya sido informada, ni tan siquiera de que resultaba afectada”, reza la sentencia.
Por todo ello, la jueza estima “nulidad relativa o anulabilidad del contrato por haberse producido consentimiento del contrato, pero éste no es libre, consciente y voluntario y, por lo tanto, está viciado”. Una sentencia que abre camino para posteriores resoluciones en esta línea.
En España hay entre 2.000 y 2.500 afectados por la quiebra de Lehman Brothers que invirtieron 2.600 millones y que aseguran su desconocimiento sobre el destino de dicha inversión.
Ernesto Carratalá. Madrid

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