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El Gobierno mete mano a las pensiones de viudedad

20:52 | 29 de enero, 2010 Agencias

El Gobierno propone en su reforma de pensiones que se analice si las pensiones de viudedad de las personas nacidas en las últimas décadas deben recibir una renta vitalicia cuando las convivencias han sido breves y no existen descendientes.

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Según el texto de la reforma aprobada hoy, en la que principal novedad que se presenta para el debate es el retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, las nuevas situaciones sociales hacen conveniente la reflexión sobre la prestación de viudedad.

Para el Gobierno, es "conveniente" estudiar la posibilidad de que la renta vitalicia se sustituya por un pago único o por una prestación temporal, que no cifra en el texto. Además, recuerda que esta posibilidad ya le fue solicitada para su estudio por la Comisión no Permanente del Pacto de Toledo en un mandado de octubre de 2003.

El Ejecutivo considera que esa modificación es un "paso obligado" para modernizar y adecuar la prestación a las "nuevas situaciones sociales y a las nuevas formas de familia y convivencia". También se propone que se mejore las pensiones de los que sólo tienen esa renta, frente a los que la compatibilizan con un trabajo.

En materia de jubilaciones anticipadas, el Gobierno quiere "limitar" las reducciones de plantilla en las empresas con beneficios e "imponer la cofinanciación de los sobrecostes producidos por la exclusión temprana de los trabajadores". En cuanto a la prolongación de la vida laboral más allá de los 65 años, defiende que se tenga en cuenta la posibilidad de que se cubra con la previsión social complementaria.

También que esa prolongación no se realice, como sucede ahora, con ritmos y jornadas menos intensas y, por tanto, que supongan una merma de ingresos. Otra medida que cree el Ejecutivo que contribuirán a garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones es estudiar la elaboración de una nueva Ley General de Seguridad Social, que se "ceñiría a las prestaciones vinculadas al nivel contributivo".

La nueva norma debería partir de la "obligatoriedad" de "todas" las contingencias protegidas, lo que supone "eliminar, con toda la gradualidad y prudencia necesarias, el carácter voluntario de la mutualización de las prestaciones". Para ello apuesta por un procedimiento transitorio, que no cuantifica en el texto.

Seguir con la integración de regímenes (el agrario y el de empleadas del hogar) en el General y concluir la separación de fuentes para que las cotizaciones de empresarios y trabajadores sólo abonen las prestaciones contributivas, son otras de las modificaciones planteadas.

Asimismo, para los nuevos afiliados quiere que la cotización por accidentes de trabajo y de enfermedad profesional sea obligatoria y que se "reflexione" sobre si las cotizaciones sociales deben seguir soportándoas.

El Gobierno se pregunta "si se debe transitar hacia un modelo basado en impuestos o mixto para el que podamos contar con el apoyo, durante la primera década, de las reservas generadas por la gestión de las contingencias profesionales en las Mutuas".

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