Baena - Cordoba

CASO MERCASEVILLA | La Junta pagó en 10 años 695 millones en prejubilaciones
La juez amplía la investigación a todos los ERE financiados por la Junta desde el año 2002
La juez Alaya detecta nuevas prejubilaciones irregulares en el mercado central
Sebastián Torres | Sevilla
Actualizado lunes 24/01/2011 18:06 horas
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El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha ampliado la investigación del caso Mercasevilla a todos los expedientes de regulación de empleo (ERE) subvencionados por la Junta de Andalucía desde el año 2002. Es decir, a la etapa en la que, como viene informando ELMUNDO.es, se concedieron incentivos millonarios a empresas en crisis al margen de la normativa de subvenciones.

La juez Mercedes Alaya ha requerido a la Consejería de Empleo que le remita "relación de subvenciones y ayudas públicas concedidas desde 2002 hasta la actualidad respecto de procesos re reestructuración laborales", así como "relación de las partidas presupuestarias". Además, le pide que explique "cómo existían asignaciones presupuestarias (...) a pesar de no haberse tramitado en su caso expedientes de subvenciones excepcionales".

Como ha destapado este periódico, el 17 de julio de 2001 el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, y el presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), Antonio Fernández, firmaron un convenio que ha permitido eludir la normativa de subvenciones en los incentivos a empresas en crisis para financiar despidos colectivos. Entre 2001 y 2010, los presupuestos de la Junta de Andalucía reservaron más de 695 millones de euros para ese fin.

Por otro lado, la juez Alaya advierte, en un auto fechado el pasado 10 de enero, de nuevas prejubilaciones irregulares en el mercado central de abastecimiento. A los casos ya conocidos, hay que sumar que Mercasevilla prejubiló a dos trabajadores de la Fundación Socioasistencial Mercasevilla, que es una empresa distinta. Un tercero, además, fue contratado el mismo día en el que la empresa solicitó a la autoridad laboral autorización para el segundo expediente de regulación de empleo.

La juez solicita a la Consejería de Empleo que explique cómo es posible que estas irregularidades sortearan los filtros y controles administrativos y pide a la compañía aseguradora que revele por orden de quién se incluyeron en las pólizas estos casos irregulares.

Finalmente, solicita la vida laboral de Carmen Fontela González y las prestaciones que se hayan podido pagar a su nombre. Esta mujer aparece en el listado de prejubilados del ERE de 2003 de Mercasevilla y en el ERE del restaurante Río Grande, financiado por la Junta de Andalucía, a pesar de que nunca trabajó en estas empresas. La mujer ha declarado a este periódico que no ha cobrado nada y que detrás hay "gente gorda".

CONCHA CABALLERO Los intrusos en los ERE
Vergüenza ajena
CONCHA CABALLERO 12/02/2011
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Dicen que el concepto de vergüenza ajena sólo existe en nuestro país y que en el resto del mundo no pueden comprender que alguien sienta una enorme incomodidad interior por las acciones de otro. Pues bien, estos últimos días hemos sentido un intenso bochorno ante el asalto de unos desalmados a los fondos públicos destinados a prejubilaciones de trabajadores de empresas en crisis.

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Al parecer, alguien detectó el agujero burocrático por el que se podían colar como beneficiarios de las pólizas a personas que no habían trabajado en su vida en estas empresas. Ni cortos, ni perezosos, compusieron su particular lista de Schindler, sólo que en este caso no era para salvar vidas ajenas sino para hacerles la vida más fácil y lujosa a los beneficiarios. Pero, no nos engañemos; no se ha tratado de una conducta individual ni aislada, sino más bien de una práctica que necesitaba una cierta organización y complicidad como demuestra el hecho de que afecta a casi la mitad de los expedientes investigados.

Cualquier delito es abominable pero en este caso concurre una mezquindad y ratería dignas de la más rancia novela picaresca. Incluso en los delitos existe una cierta escala ética. Esconderse detrás de trabajadores que han sufrido verdaderas odiseas para defender sus puestos de trabajo, como es el caso de Intelhorce o Cydeplas, es realmente abominable. Si quien lo hace ostenta el cargo de representante sindical, no ha podido llegar más bajo en la escala de la indignidad.

De un plumazo, los rateros desalmados, sus cómplices y consentidores, han metido a Andalucía en el túnel del tiempo y han revitalizado los peores tópicos sobre nuestra tierra. Por ello, urge establecer responsabilidades, encontrar a los culpables, ponerlos frente a la justicia e incautar los bienes obtenidos ilegalmente.

Es el momento de que los responsables políticos que tienen a su cargo la administración actúen con contundencia y no se aferren a los tópicos y las palabras vacías. Desde que estalló el caso Mercasevilla, con los preocupantes indicios de irregularidades, deberían haberse encendido todas las luces de alarma que implicaban, de una u otra forma, a la Consejería de Empleo. Ha hecho bien el Gobierno andaluz en investigar las ayudas en los expedientes de regulación de empleo y en denunciar ante la justicia las irregularidades observadas, pero la investigación debe profundizar más y abarcar -en vista de las denuncias- un periodo de tiempo mayor. Los anteriores consejeros de Empleo deben dar cuenta de su labor no sólo ante la autoridad judicial sino también ante el Parlamento de Andalucía. Hasta el momento, sus declaraciones siembran aún más confusión y desconcierto. Hablar de "deslealtad" o de "traición" no contribuye precisamente a tranquilizar a la opinión pública. Pedir a la sociedad que "sea comprensiva con los fallos humanos que todos cometemos", produce verdadera irritación, mucho más cuando se acompaña de frases como que "es muy fácil opinar cuando se tiene garantizada la nómina a final de mes".

Tampoco vale recurrir al consabido "y tú más" con que finalizan las intervenciones algunos insignes cargos políticos. El hecho de que el PP tenga un número importante de cargos públicos implicados en la operación Gürtel no justifica ningún otro caso de corrupción y enfrascarse en una pelea por el grado de implicación de cada cual no es más que un torpe reconocimiento de culpabilidad.

Finalmente, tampoco parecen lógicos los argumentos contra las comisiones de investigación con la excusa de que es preferible evitar un juicio paralelo del caso. En un sistema democrático no sólo existen responsabilidades penales sino también políticas y el lugar para exigirlas es sin duda el Parlamento. Sólo más luz, más control público y más transparencia nos borrará el rubor de la vergüenza ajena que hemos sentido al conocer cómo algunos sinvergüenzas se quedaban con los fondos destinados a trabajadores de empresas en crisis.

Anda vaya ejemplo despuÉs de treinta aÑos, apaÑaos vamos con los rajas y con los pe...???

A la cÁrcel todos los chupopteros garrapatosos, las cÁrceles de andalucÍa no van a resultar rentables de tanto papeo gratis que reparten...???

EL PP, CAZADO EN SU CACERÍA DE LOS EREs
Supuestas irregularidades en el ERE de Minas de Riotinto. El PP ha denunciado
irregularidades en la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación a
trabajadores de Minas de Riotinto. Algunas personas que no habían trabajado en el
interior de las minas se vieron supuestamente beneficiadas por la aplicación de
coeficientes del Estatuto Minero que no les corresponden.
El Gobierno del PP intervino en la aplicación del ERE. Ahora, cuando el PP ya
había señalado a los socialistas con su dedo acusador para sacar rédito político,
descubrimos que en este Expediente de Regulación de Empleo intervino el Gobierno
de España, siendo Ministro Eduardo Zaplana y delegado del Gobierno en Andalucía
Juan Ignacio Zoido. El ERE se firmó dentro de un Acuerdo Marco alcanzado en 2002
entre el Gobierno, la Junta y los sindicatos para la aplicación de medidas
sociolaborales.
Arenas calificó de “espeluznante” el caso y exigió responsabilidades a la Junta.
Esperamos que siga calificando de espeluznante la actuación de Zoido y Zaplana. Y
ahora será su partido el que tenga que dar explicaciones.
La competencia sobre los coeficientes reductores es del Ministerio de Trabajo.
La competencia para determinar los coeficientes reductores que determinan el importe
de las prejubilaciones a percibir, así como la comprobación de los puestos de trabajo
desempeñados, es competencia exclusiva del Instituto Nacional de la Seguridad Social
y de la Inspección de Trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo, un ministerio que
en aquella época dirigía Zaplana.
El 25 de junio de 2003, en la última legislatura de Aznar. Es la fecha en la que la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Huelva emitió el informe
relativo a Minas de Riotinto para la determinación de los coeficientes reductores de la
edad de jubilación. Dicha fecha se corresponde con la segunda Legislatura de José
María Aznar en el Ejecutivo de la nación, cuando Juan Ignacio Zoido era delegado del
Gobierno en Andalucía.
La responsabilidad sería del PP. Es decir, suponiendo que se confirme la denuncia
aparecida en prensa de que se habrían “apañado” coeficientes, extendiendo la
consideración de mineros a personal administrativo, limpiadoras o conductores, la
responsabilidad sería exclusiva del Gobierno de España. Es decir, de cargos del PP
en el Ministerio de Trabajo y en la Delegación del Gobierno, Zaplana y Zoido.

Cazadores cazados. Arenas y Zoido son los cazadores cazados. Disparan a todo lo
que se mueve en su maniobra para tapar el Gürtel, y se han disparado a sí mismos.
Zoido no dudó en acusar falsamente al candidato socialista de Sevilla, Juan Espadas,
para vincularlo falsamente en el caso de los ERE, cuando el que tiene que dar
explicaciones es él.
EREs legales. Este caso certifica que el PP se ha lanzado a una campaña de
difamación y mentiras en su desbocada carrera electoral. Está armando ruido
poniendo bajo sospecha unas ayudas sociales que se han tramitado dentro de la
legalidad, con control del dinero público y que han beneficiado a 25.000 trabajadores
de empresas en crisis.
Campaña de mentiras. El PP, con Arenas a la cabeza, ha orquestado una campaña
de mentiras para confundir y alarmar a la opinión pública sobre el tema de los EREs y,
de paso, generar incertidumbre y faltar al respeto a miles de trabajadores honestos de
empresas en crisis que se beneficiaron de expedientes de regulación de empleo.
¿Existencia de fondos ilegales? Es falso. No los hay. Del primer al último euro de
todos los fondos son legales y presupuestados. Se trata de cantidades concretas, que
figuran en un apartado presupuestario específico y que son debatidas en comisión y
aprobadas luego por el Pleno del Parlamento de Andalucía. Un presupuesto público,
conocido y aprobado en la cámara autonómica, que se destina al mantenimiento del
tejido productivo de empresas en crisis y prejubilaciones.
¿Irregularidades? Es falso. En Andalucía más de 25.000 trabajadores se han
beneficiado de un sistema de ayudas que funciona, que es útil y que ha impedido que
miles de trabajadores honestos de empresas en crisis se quedaran en la calle sin
trabajo, sin dinero y sin prestaciones. Las irregularidades son puntuales. No se puede
convertir la excepción en regla. Sólo de los 45 EREs vivos se han beneficiado más de
6.000 trabajadores. Las irregularidades detectadas y puestas en conocimiento de la
Justicia no llegan ni al 0,5 % del total.
¿Sin procedimiento administrativo y sin control? Es falso. Las ayudas contaban
con un procedimiento administrativo. Se eligió -para responder con agilidad a
situaciones de crisis- la opción de la gestión de explotación. Existía un convenio entre
Empleo y el IFA para transferir las cantidades destinadas a empresas en crisis y
prejubilaciones. Aún así, el Gobierno andaluz ha ido incorporando modificaciones para
la mejora del procedimiento en los últimos años. Es falso también que no haya
controles. La propia Intervención General de la Junta de Andalucía, que apuntó la
recomendación de mejoras no vinculantes (luego, procedimiento administrativo había)
demostró, en una auditoría interna hecha sobre 20 EREs, que no había ningún tipo de
irregularidades y que, en consecuencia, el procedimiento funcionaba con normalidad.

¿Fraude generalizado? Es falso. No hay fraude generalizado. Existen irregularidades
puntuales. Los presupuestos aprobados por el Parlamento para empresas en crisis
asciende a 641 M€ no a 1.400 M€.
¿El Gobierno andaluz obstaculiza la Justicia? Es falso. Todo lo contrario. Fue el
primero en denunciar. Y lo sigue haciendo. Está colaborando con la Justicia desde el
primer momento. Ha remitido a los tribunales documentación que incluso no había sido
requerida y ha abierto distintos procedimientos de investigación internos en paralelo.
Las 37 irregularidades detectadas en 30 de los 45 EREs vivos están en manos de la
Justicia. El Gobierno andaluz va a seguir colaborando, caiga quien caiga, para que
paguen quienes hayan cometido alguna acción delictiva.
¿El Gobierno andaluz impide la investigación? Es falso. Ha abierto varias
investigaciones internar y está colaborando con la investigación judicial. Muy al
contrario de lo que hace el PP donde gobierna, que arremete contra jueces, fiscales y
policía cuando investiga casos de corrupción en su partido y en sus gobiernos
autonómicos y municipales. El Gobierno andaluz no mira para otro lado. No impide la
investigación, la solicita, pero entiende que debe ser rigurosa y no partidista. El
Gobierno andaluz ha pedido la fiscalización de todos los EREs entre 2001 y 2009 a la
Cámara de Cuentas de Andalucía.
¿Uso fraudulento de fondos europeos? Es falso. Los presupuestos para empresas
en crisis, como ha quedado demostrado, se aprueban en el Parlamento andaluz cada
año. No se destinan los fondos europeos para la financiación de EREs.
¿Los EREs carecen de Inspección de Trabajo? Es falso. Todos los expedientes de
regulación de empleo cuentan con el informe de la Inspección de Trabajo.

El diputado de IU-CA por Sevilla y líder nacional del CUT-BAI, Juan Manuel Sánchez Gordillo, ve posible que el PSOE se haya financiado de manera ilegal a través del "fondo de reptiles" de casi 648 millones de euros que la Consejería de Empleo ha manejado durante los diez últimos años para empresas en crisis.

Sánchez Gordillo ha considerado que, como consecuencia de las irregularidades detectadas hasta el momento con estos fondos, el presidente de la Junta tendría que presentar "de manera inmediata" su dimisión "para dar ejemplo" y ante una "corrupción sin límites".

Asimismo, el diputado andaluz ha recordado que Griñán era consejero de Economía y Hacienda durante este periodo y que conocía los ainformes de la Inspección de Hacienda que advertían discrepancias con el procedimiento utilizado para otorgar las subvenciones. "Está claro que no acepta la comisión de investigación por tiene mucho que temer", ha añadido.

Sobre la posible financiación ilegal del PSOE, Sánchez Gordillo ha indicado que ésta no sería la primera vez en la historia de este partido que ello ocurre y que, debido a que las campañas electorales "cada vez son más costosas", no habría que descartar que "quieran quitarse las trampas con dinero público". Por ello, ha abogado por la creación de una nueva ley de financiación de partidos.

Para el parlamentario andaluz, el PSOE es un partido "claramente corrupto, que ha consentido la corrupción y que ha sido parte de ella". "Y no lo digo yo, sino la Justicia", ha apuntado Sánchez Gordillo, quien se ha mostrado convencido de que aún quedan "muchas cosas por destaparse" del asunto de las irregularidades en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). En esta línea, ha dicho que habrá cargos "de alta instancia" tanto del Gobierno andaluz como del PSOE-A que tendrán que presentar su dimisión por este asunto, entre ellos "consejeros".

CÁDIZ | Un ex concejal y al menos dos técnicos entre los detenidos
Cinco detenidos en una operación contra la corrupción urbanística en El Puerto
Un agente custodia uno de los despachos investigados por orden jucicial. | José F. Ferrer
Las detenciones están relacionadas con la 'operación Tequila'
El ex alcalde Hernán Díaz está imputado por conceder licencias ilegales
El juzgado ha decretado el secreto de sumario sobre las actuaciones
La Policía registra varios despachos desde primeras horas de la mañana
Las actuaciones se refieren a gobiernos anteriores al actual
Andros Lozano | Cádiz

Cinco personas, entre ellas un ex concejal, han sido detenidas a primera hora de la mañana de este miércoles en una operación contra la corrupción urbanística llevada a cabo por la Policía Nacional en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María, según han confrmado a ELMUNDO.es fuentes policiales.

La Policía Nacional registra, por orden judicial, desde las 9 horas dos despachos del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María en busca de informes y documentación relativos al caso, han confirmado desde el propio Ayuntamiento.

Esta fuentes aseguran que los registros se realizan por orden del juzgado número 3 de El Puerto de Santa María, que investiga el asunto y que ha decretado el secreto del sumario.

Según se ha podido conocer, los hechos supuestamente delictivos se refieren a gobiernos municipales anteriores de El Puerto de Santa María, de la época en que gobernó Independientes Portuenses (IP).

Entre los detenidos, según informa Europa Press, se encuentran un ex teniente de alcalde de Independientes Portuenses, al menos dos técnicos y una intermediaria.

Asimismo, fuentes policiales consultadas por ELMUNDO.es han señalado que los hechos se encuentran relacionados con la operación 'Tequila', por la que se imputaron el pasado año a once personas, entre ellas al ex alcalde de El Puerto de Santa María, Hernán Díaz (IP), por su presunta implicación en una trama dedicada a la especulación urbanística.

Esta operación policial se inició cuando agentes de la Guardia Civil de Cádiz adscritos al Equipo de Delincuencia Urbanística recibieron una denuncia de un grupo político del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María sobre unas supuestas irregularidades urbanísticas en el municipio.

La investigación, según informó en su día el Instituto Armado, determinó que "ciertos responsables políticos del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, entre los años 2004 a 2007, concedieron licencias de obras y legalizaron viviendas en zonas donde ninguna de las dos actuaciones serían legales, al tratarse de suelos que, o no tienen el carácter de urbano o aun teniéndolo, no han adquirido el derecho a edificar por no haber culminado la tramitación urbanística".

la justicia es lenta pero llega

jolin, casi me quedo ciego de leer tanta farfolla justificativa de que los de las ERES son guenos, y los malos malísimos los fachas del PP.

Una cosa es clara: Los fachas como arenas serán fachas, pero no gilipi.. tampoco ivan a aprobar una jubilación fraudelente de algunos milloncejos a dirigenres socialistos. ¡¡ somos tontos o qué ¡¡

Nada. La famosa partida presupuestaria de los reptiles. Una vez más, alguien metió la mano y se sacó unos billetillos.

Asco de crisis. Corrompe hasta a los puros inmaculados socialistas.
donde vamos a ir a parar ¡¡¡¡

ADRIANO, ¿tu te crees que los ciudadanos de Andalucía nos hemos caído de un nido hoy?, tal vez, gente como tu, que intenta engañar a la opinión publica por medio de verdades a media, sean las culpables, de que este país y sus gentes de bien (aunque un poco analfabetas) tengan una idea errónea de la realidad política Española, (CORRUPTA E INDESEABLE) pero eso no nos quita de que la gente de bien, nos intentemos informar (NO DEL TODO BIEN, PORQUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NO QUIEREN HACERLO) lo mejor posible, aunque para ello, tengamos que escuchar varias cadenas de televisión y de radio diferentes, para sacar conclusiones de todas ellas e intentar sacar la verdadera conclusión lo más acertada posible. A si, que no nos vengas con milongas de verdades a medias echando culpas a quien no las tiene, lleváis tres décadas gobernando en Andalucía y no tenéis excusas para lo que habéis tapado, ocultado y os habéis beneficiado por la ignorancia del pueblo andaluz.
Saludos cordiales.

Joder y os sorprende tanta fabrica de chorizos, pero si en andalucÍa los chorizos son como las sobrasadas de mallorca, vaya parque zoolÓgico de descuideros carteristas...???

CÓRDOBA | Recibió 4.413 euros a cambio de una licencia de obras
Condenan a cuatro años de cárcel al exalcalde de Encinarejo por malversación
Toñi Caravaca | Córdoba
Actualizado jueves 03/03/2011 18:08 horas
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El exalcalde de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Encinarejo, Miguel Martínez Murez (PA), ha sido condenado por el juez de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba a 4 años de prisión por haber prevaricado, malversado y no haber custodiado correctamente documentos públicos en el ejercicio de su labor.

De esta manera, el juez considera probado que en septiembre de 2006 Martínez Murez se apropió indebidamente de 4.413 euros que dos empresarios de la construcción le entregaron para obtener una licencia de obra de dos viviendas en la calle Félix Rodríguez de la Fuente.

Según recoge el fallo judicial, al que ha tenido acceso ELMUNDO.es, el exalcalde pidió a éstos que le trajeran el dinero de la tasa en metálico después de haberlo calculado él mismo en base a la documentación presentada. Cuando los empresarios lo hicieron, Martínez Murez les dio un recibo del pago a modo de justificante. Después "hizo propio" el dinero y retuvo la documentación en su poder "ocultándola, sin dejar constancia alguna en los registros y archivos de la ELA de Encinarejo".

Anomalías

En cuanto al delito de malversación de caudales públicos, el juez sostiene que es "algo anómalo" que Martínez Murez metiera el sobre con el dinero en el expediente, que se encontraba desde días atrás en un cajón de su despacho con la intención de que un empleado del Ayuntamiento de Encinarejo tramitará la licencia de obras, como ha sostenido en su defensa. La sentencia recoge que el exalcalde integró el dinero "en su patrimonio hasta que finalmente se vio obligado a reintegrarlo cuando transcendió lo ocurrido".

Por el delito de prevaricación urbanística, Martínez Murez ha sido condenado a doce meses de multa con una cuota diaria de seis euros con responsabilidad civil subsidiaria de 180 días de prisión en caso de impago. El juez ha condenado igualmente a éste a tres años de cárcel por el delito de malversación de caudales públicos e inhabilitación absoluta durante seis años.

Infidelidad en la custodia

Por el delito de infidelidad en la custodia de documentos ha sido condenado a un año de cárcel, una multa de siete meses con una multa diaria de seis euros e inhabilitación para empleo o cargo público durante otros 12 meses. Martínez Murez tendrá que abonar también un tercio de las costas del procedimiento por cada uno de los delitos de los que ha sido declarado autor.

Éste ya fue condenado en noviembre a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa de poco más de 2.800 euros por un delito de prevaricación urbanística al considerar probados que expidió la licencia de primera ocupación de 34 viviendas construidas por la empresa Ramar sin existir un informe previo escrito técnico o jurídico, pues consideró suficiente el certificado de fin de obra expedido por el arquitecto competente.la justicia es lenta pero llega

EUROPA PRESS. 04.03.2011
El secretario general del PP de Huelva y portavoz popular en el Ayuntamiento de Aljaraque, David Toscano, ha anunciado este viernes que denunciará en los tribunales al alcalde de Aljaraque, José Martín (PSOE), por crear una televisión "ilegal" y "exponer al municipio a una multa de un millón de euros por esta ilegalidad manifiesta".

Según ha informado el PP en una nota, Toscano ha explicado que el alcalde "ha adquirido una antena de televisión, la ha instalado, ha realizado una obra y ha emitido señal de televisión, a sabiendas de que la manera en que lo ha hecho es ilegal ya que no tiene licencia para emitir".

El portavoz 'popular', además, ha recordado que la adquisición de esta antena de 42 metros de altura que se ha instalado en el municipio "a escasos 100 metros de unas viviendas, ha costado 26.000 euros".

"No entendemos como un ayuntamiento, que apenas tiene de dinero para pagar las nóminas de sus trabajadores y que no invierte en los vecinos, despilfarra este dinero en una televisión ilegal y montada para dos meses con unos fines puramente electorales", ha aseverado.

Por ello, ha recalcado que acudirá a los tribunales para presentar una demanda contra el alcalde por un presunto delito de prevaricación, a la par que ha recordado que ya en el pleno municipal, el PP exigió "al alcalde y a sus socios de gobierno de IU" que aclarasen la legalidad de esta emisión y que se convocara al consejo de administración del Servicio Municipal de Radio y Televisión.

Asimismo, se solicitó un informe al secretario del Ayuntamiento que, a juicio del dirigente popular, "es demoledor". Dicho informe acredita, según ha especificado David Toscano, que "sólo aquellos municipios que obtuvieron una concesión para la gestión directa de un programa de televisión digital dentro de la demarcación pueden hacerlo, algo que no cumple el Ayuntamiento de Aljaraque ya que "no tiene concesión".

El secretario municipal, además, advierte en su escrito que para la instalación de esta antena "no existe proyecto técnico, requisito indispensable para la concesión de la licencia de obras para la instalación".

Posible multa de un millón de euros

El secretario general del PP de Huelva y portavoz popular en el Ayuntamiento de Aljaraque también ha avisado de que esta "ilegalidad" cometida presuntamente por el alcalde "comprometería al Ayuntamiento, puesto que la legislación vigente impone multas millonarias a este tipo de prácticas, que no sabemos quién la va a acabar pagando".

En concreto, las multas por emitir sin licencia, pueden alcanzar la cuantía de un millón de euros", ha aclarado Toscano, ciñéndose al artículo 46 del decreto 1/2006 por el que se califica de "infracción muy grave" la emisión de televisión digital sin concesión para ello.

Además de presentar la demanda por presunta prevaricación, 'el popular' ha avisado de que exigirá al alcalde "que pague de su bolsillo la multa que pueda caerle al Ayuntamiento, porque un municipio como Aljaraque y sus ciudadanos no pueden permitirse el lujo de pagar una sanción de esta cuantía por culpa del alcalde".

"El alcalde no sólo ha ocultado la información al órgano competente sobre la emisión de esta televisión, sino que además demuestra que "sólo está pensando en hacer su campaña electoral sin importarle las consecuencias para sus vecinos", ha estimado Toscano.

otra vez los socialista

EN ESTE PAÍS NO DIMITE NADIE QUE VERGÜENZA.
Alejandro Millán Torres, oriundo de El Pedroso (Sevilla) y prejubilado en un expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por Fomento de Construcciones y Constratas (FCC) S.A. pese a no haber formado nunca parte de su plantilla, poseía en dicho municipio serrano una vivienda en "el mismo edificio" que habitaba el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero.

Mientras el Juzgado de Instrucción número seis investiga la trama de prejubilaciones fraudulentas incentivadas con fondos autonómicos, Alejandro Millán Torres ha declarado a la Policía Judicial que en 2006 había comenzado a cobrar una prestación por "incapacidad total" y que actualmente es autónomo y tiene una empresa junto a un socio.

Este hombre prestó declaración ante la Brigada Provincial de la Policía Judicial el pasado 16 de marzo en calidad de detenido por un presunto delito de tráfico de influencias, siempre dentro de las investigaciones promovidas por la juez Mercedes Alaya.

La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, indaga esta posible trama y su relación con el acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años para la reestructuración de empresas en crisis. Y es que con la citada fórmula, según la investigación, los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.

Las subvenciones e incentivos otorgados mediante este método, ni siquiera publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Alejandro Millán Torres, según figura en un nuevo atestado policial fechado el 17 de marzo de 2011, ha dicho que fue el ya ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, imputado por la juez Mercedes Alaya, quien le propuso "arreglarle una ayuda" después de que, en 2005, un infarto de miocardio le alejase de la actividad laboral.

Millán Torres ha señalado que por aquel año, 2006, residía junto a su familia en una vivienda de El Pedroso ubicada "en el mismo edificio" en el que Francisco Javier Guerrero poseía otra. "Le dijo que llevase toda su documentación médica y laboral a su despacho para arreglarle una ayuda", señala el atestado policial. En abril de 2007, así, comenzó a "cobrar las cantidades", pero ha dicho a los agentes que "no tiene conocimiento alguno respecto a su inclusión como asegurado" en la póliza de seguro de rentas asociada a su nombre y a FCC.

En la actualidad, según el atestado policial, "tiene una empresa de electricidad junto a su cuñado y está dado de alta en la Seguridad Social como autónomo", figurando "cuatro empleados" en la plantilla de la empresa.

No, si al final, estos socioslistos del PSOCE, van ha conseguir que los ciudadanos de a pié, nos creamos que la culpa total de esta corrupción de los ERES sea del PPismo y de su antiguo presidente el señorito AZNAR,,, ja,ja,ja, ¡¡¡NO TIENEN CARA ESTOS CORRUPTOS DEL PSOE¡¡¡ y siguen erre que erre, con el gurtel, ya no tienen otra cosa que decir nada más que los trajes de CAMPS y no ven el enriquecimiento de Bono, el chivatazo del FAISAN y EL asesinato de LASA Y ZABALA y el señor X de Rubalcaba, el caso de Palau de la música del PSC, los ERES de Andalucía del PSA, etc, etc,etc,,,

NO TIENEN CARA NI NADA ESTOS PSOCEistas, ¿Qué no tendrán oculto aquí en Andalucía en 30 años de dictadura encubierta?,,, un caso como el Hugo Chávez y Ebo Morales, dictaduras encubiertas (de los mal dichos) de los SOCIAL DEMOCRATAS, que de socialistas tienen poco y menos de demócratas…

Saludos cordiales,

Unos 2.000 prejubilados no cobrarán este mes a causa del caso de los ERE
La nueva orden sobre estas ayudas y los autos judiciales sobre posibles prevaricaciones retrasan los pagos, adelantados durante dos meses por las aseguradoras · Empleo convoca una reunión la semana próxima¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿


Prejubilados a los 50 años ? Que los pongan a trabajar y dejen de hacer el vago. Que bién viven estos vagos prejubilados.