Baena - Cordoba

https://ordopolis.es/2015/04/08/el-juez-de-baena-decide-si-abre-juicio-por-el-caso-de-las-facturas-falsas/

La Fiscalía y la acusación particular reclaman que lo haga, después de la audiencia preliminar en la que esta mañana se ha escuchado a las partes | Hay imputados dos funcionarios del Ayuntamiento y un empresario de la localidad

Tras la audiencia preliminar celebrada esta mañana en el Juzgado de Baena por el proceso abierto a dos empleados públicos del Ayuntamiento y un empresario de esta localidad, el juez acordará en los próximos días si finalmente se celebra juicio por jurado o, por el contrario, se archiva el caso al no existir pruebas del presunto delito del que se acusa a estas tres personas, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales.
En esta audiencia preliminar, el juez ha escuchado a la Fiscalía y a la acusación particular, que piden la apertura del juicio, y a la defensa de los imputados, que solicita el archivo del proceso.
El procedimiento, que consta de más de 16 tomos de instrucción, comenzó en el año 2007 con la investigación de una presunta trama constituida entre las tres personas acusadas para tramitar y cobrar facturas con cargo al Ayuntamiento de trabajos que nunca se realizaron. Los presuntos delitos en los que se ha podido incurrir en hechos repetidos entre 2005 y 2007 son: estafa y flasificación continuada y malversación de caudales públicos.
Una de las ultimas diligencias prácticadas en esta investigación ha sido una prueba pericial, solicitada a la Guardia Civil, sobre el reconocimiento de voz a partir de las grabaciones teléfonicas obtenidas.
Ésta es una causa que se deriva de una denuncia presentada en el verano de 2007 por el ex alcalde de Baena Carlos Arenas, su esposa María Jesús Muñoz y el particular Manuel Luque. A raíz de esta denuncia y su posterior investigación, el juez decidió instruir una segunda causa judicial sobre una supuesta trama de facturas falsas, después de escuchar la denuncia de un empresario que posteriormente se desdijo ante el tribunal.
Según una calificación de la Fiscalía Provincial de Córdoba, Antonio Jesús G. R., propietario de una empresa de carpintería metálica, concertó con estos dos funcionarios municipales -uno de ellos era en esa fecha el secretario personal del propio alcalde, Luis Moreno- la elaboración de las facturas de una obras por contratos menores que no se habían realizado por un valor aproximado de 38.000 euros entre 2005 y 2007. La Fiscalía pide seis años de cárcel para cada uno de los dos funcionarios y tres años para el particular, además del reintegro de las cantidades supuestamente defraudadas.

https://ww.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/fiscal-acusacion-caso-facturas-falsas-baena-piden-juicio_953476.html

Fiscal y acusación del caso 'facturas falsas' de Baena piden juicio

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Baena ha celebrado este miércoles la audiencia preliminar sobre el caso de las llamadas 'facturas falsas' de la citada población, con tres acusados, y en la que el juez ha escuchado a la Fiscalía y la acusación que piden la apertura del juicio, mientras que la defensa solicita el archivo del proceso.

Así lo han confirmado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que detallan que tras esta audiencia preliminar por el proceso abierto a los dos empleados públicos del Ayuntamiento y un empresario de esta localidad, el juez acordará en los próximos días si finalmente se celebra juicio por jurado o, por el contrario, se archiva el caso "al no existir pruebas del presunto delito del que se acusa a estas tres personas".

En concreto, el procedimiento, que consta de más de 16 tomos de instrucción, comenzó en el año 2007 con la investigación de una presunta trama constituida entre las tres personas acusadas para supuestamente tramitar y cobrar facturas con cargo al Ayuntamiento de trabajos que "nunca se realizaron".

En este sentido, los presuntos delitos en los que se ha podido incurrir en hechos repetidos entre los años 2005 y 2007 son estafa y falsificación continuada y malversación de caudales públicos.

Al respecto, una de las ultimas diligencias practicadas en esta investigación ha sido una prueba pericial, solicitada a la Guardia Civil, sobre el reconocimiento de voz a partir de las grabaciones telefónicas obtenidas.

PETICIONES DE HASTA NUEVE AÑOS DE PRISIÓN

Cabe recordar que la acusación pide unos nueve años de prisión para cada uno de los dos funcionarios municipales en este procedimiento, aunque no acusa ni pide pena alguna para el mencionado empresario, cuya denuncia originó el caso.

De hecho, el escrito de la acusación difiere del que formuló el fiscal, no sólo en que no se acusa al empresario, A.J.G.R., para el que el fiscal pide seis años de prisión como presunto autor de un delito continuado de falsificación de documento mercantil y oficial, sino también en que a los dos funcionarios municipales, R.S.C. y J.D.P., la acusación los considera los presuntos autores de un delito continuado de estafa, al igual que el fiscal, pero entendiendo que su condición de funcionarios públicos es un agravante.

Ello determina que la acusación pida que se condene a cada uno de los dos trabajadores municipales a nueve años de prisión, frente a los seis que pide el fiscal, además de que se les imponga una multa de unos 27.000 euros y responsabilidad penal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal, en caso de impago, y que se hagan cargo también de las "costas de la acusación popular".

EL EMPRESARIO

Por su parte, fuentes de la defensa del empresario ya dijeron en su momento que piden la "libre absolución" para el mismo, pues "es inocente de todos los cargos de los que le acusa sólo el fiscal", ya que la acusación popular ha "sorprendido gratamente" a la defensa al "no hacer mención" al empresario "y no pedir la apertura del juicio oral con respecto a él".

Por ello, la calificación de la defensa del empresario muestra su "disconformidad con la narración de los hechos formulada por el ministerio fiscal", al entender que A.J.G.R. "no ha cometido delito alguno, ni le corresponde asumir ninguna responsabilidad civil por los hechos".

En este sentido, la defensa del empresario, cuya denuncia y autoinculpación, de la que luego se retractó, fue la que dio origen al caso en el verano de 2007, considera que "se ha acreditado la ejecución de la mayor parte de las obras" a las que se refieren las supuestas facturas falsas, que, en ese caso, serían auténticas y corresponderían a trabajos realmente realizados, mientras que "el resto de obras no se ha podido acreditar que no se hayan ejecutado realmente".

Frente a ello, el fiscal entiende que el empresario es el presunto autor de un delito continuado de falsificación de documento mercantil y oficial, mientras que los dos funcionarios municipales, R.S.C. y J.D.P., son los presuntos autores de un delito continuado de estafa, en el que el empresario sería, además, "cooperador necesario".

En concreto, la fiscalía pide que se condene al empresario a seis años de prisión, y entiende que debe imponerse igual pena de cárcel para cada uno de los dos empleados municipales. Además, en cuanto a la responsabilidad civil, el ministerio público considera que los tres acusados deben indemnizar, "conjunta y solidariamente", al Ayuntamiento de Baena en la cantidad de 37.434 euros, que son los que presuntamente han estafado mediante el cobro al Consistorio de once facturas por trabajos que, supuestamente, no se realizaron.

LOS HECHOS

A este respecto, la calificación fiscal establece que, durante los años 2005, 2006 y 2007, el acusado, propietario de una empresa de carpintería metálica, "previamente concertado" con los dos funcionarios municipales y con "la finalidad de obtener un beneficio económico injusto y a sabiendas de que no se había realizado ninguna de las obras, elaboró a nombre del Ayuntamiento de Baena, anotó en su contabilidad como empresario, presentó y cobró de la Corporación local de Baena por trabajos que no había realizado y que correspondían a contratos menores" un total de once facturas.

Después, según el relato de los hechos de la Fiscalía, "una vez presentadas al Ayuntamiento las facturas" por el empresario, los dos funcionarios, "a sabiendas de que no se correspondían con la realidad, se encargaban de que las citadas facturas fueran incorporadas a los correspondientes expedientes administrativos y tramitadas, para que fueran abonadas en la cuenta" del empresario.

Cuando las facturas eran abonadas en la cuenta corriente de éste, el empresario "descontaba la cantidad correspondiente al IVA, que quedaba en su poder, y entregaba en metálico el importe restante de las mismas" a los dos empleados públicos, "que incorporaban a su patrimonio particular" ese dinero.

Verdaderamente que los que, como yo, no somos leguleyos no alcanzamos a comprender estos laberintos jurídicos.

Si el 2011 la Audiencia de Córdoba señaló que el asunto fuera a juicio con jurado, después de que el asunto, que comenzó a instruirse en 2007, acabara en el Tribunal Supremo por un recurso de los acusados que no querían un jurado ni en pintura... Pero perdieron el recurso y el TS declaró la competencia de un jurado en este caso...

4 años después el juicio lo que debería es haberse celebrado ya. Lo que nadie entendería es que el juzgado de Baena archivara el caso. Y que en 2015 decida que no hay caso cuando en 2011 la Audiencia Provincial ya decidió que fuera un jurado popular quien dictaminara sobre el caso. Todo un poco kafkiano.

En Andalucía no hay DIGNIDAD, cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que le obedecen pierden el respeto.

Muy buena cita. Veremos a ver en qué termina todo esto

Según la cadena SER el juzgado de Baena ha acordado la apertura de juicio oral con jurado popular por el asunto de las facturas falsas.

https://ordopolis.es/2015/04/15/el-juez-de-baena-abre-juicio-por-las-facturas-falsas-del-ayuntamiento/

El juez de Baena abre juicio por el caso de las facturas falsas
El caso tendrá que ser juzgado por un jurado popular | Están acusados dos funcionarios, uno el secretario del exalcalde Luis Martín, y un empresario

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Baena ha acordado la apertura de juicio oral, que llevará a cabo un jurado popular, para juzgar, por un presunto delito de facturas falsas y estafa a los dos funcionarios y al empresario, acusados los tres de tramar de común acuerdo un plan para enriquecerse de manera ilegal a costa del dinero público del Ayuntamiento de Baena.
Según el auto, al que ha tenido acceso este periódico, los acusados son Rafael Santano Cañete, funcionario administrativo del Ayuntamiento de Baena y secretario del exalcalde de Baena Luis Moreno (PSOE); Juan Díaz Pérez, funcionario administrativo del Ayuntamiento de Baena, Antonio Jesús Jiménez Rosa, propietario de la empresa Hagosan, carpintería metálica.
Según los hechos investigados, y afirmados en el auto de procesamiento, Antonio Jesús Gómez Rosa realizaba, desde el año 2000, obras menores para el Ayuntamiento de Baena y mantenía una relación continúa y habitual con el Consistorio para el cual realizaba obras menores en el cementerio, en calles, en instalaciones deportivas y en otros espacios públicos y presentaba continuamente facturas.
Rafael Santano Cañete, como secretario del Alcalde, se habría ofrecido “a dar un trato de favor a Antonio Jesús Gómez Rosa”, para agilizar el cobro de las facturas presentadas al Ayuntamiento de Baena por las obras realizadas siempre que este empresario las emitía por las cantidades que le indicaran los dos funcionarios procesados a nombre del Ayuntamiento de Baena por trabajos que no iba a realizar y por materiales que no iba a usar. “Todo ello, cuidando que las facturas se refirieran a obras menores o de urgencia, o suministro de materiales de escasa cuantía, con el fin de obviar el correspondiente expediente de contratación conforme a lo dispuesto en la legislación administrativa aplicable”, afirma el auto.
Una vez que el empresario cobrara el importe de las facturas y descontara el importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), entregaría en mano la cantidad restante a los dos funcionarios acusados.
La instrucción llevada a cabo por el juez de Baena aporta facturas de estos hechos de los años 2005, 2006 y 2007. Los delitos por los que son acusados son falsificación de documento mercantil y oficial, y un delito continuado de estafa.
Para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan imponérsele, el juez requiere al empresario que preste fianza por la cantidad de 6.784 euros, y a los empleados del Ayuntamiento que presten fianza, cada uno de ellos, por la cantidad de 41.882 euros.
El procedimiento, que consta de más de 16 tomos de instrucción, comenzó en el año 2007 con la investigación de una presunta trama constituida entre las tres personas acusadas para tramitar y cobrar facturas con cargo al Ayuntamiento de trabajos que nunca se realizaron. Los presuntos delitos en los que se ha podido incurrir en hechos repetidos entre 2005 y 2007 son: estafa y flasificación continuada y malversación de caudales públicos.
Una de las ultimas diligencias prácticadas en esta investigación ha sido una prueba pericial, solicitada a la Guardia Civil, sobre el reconocimiento de voz a partir de las grabaciones teléfonicas obtenidas.
Ésta es una causa que se deriva de una denuncia presentada en el verano de 2007 por el ex alcalde de Baena Carlos Arenas, su esposa María Jesús Muñoz y el particular Manuel Luque. A raíz de esta denuncia y su posterior investigación, el juez decidió instruir una segunda causa judicial sobre una supuesta trama de facturas falsas, después de escuchar la denuncia de un empresario que posteriormente se desdijo ante el tribunal.
Según una calificación de la Fiscalía Provincial de Córdoba, Antonio Jesús G. R., propietario de una empresa de carpintería metálica, concertó con estos dos funcionarios municipales -uno de ellos era en esa fecha el secretario personal del propio alcalde, Luis Moreno- la elaboración de las facturas de una obras por contratos menores que no se habían realizado por un valor aproximado de 38.000 euros entre 2005 y 2007. La Fiscalía pide seis años de cárcel para cada uno de los dos funcionarios y tres años para el particular, además del reintegro de las cantidades supuestamente defraudadas.

https://ww.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/jesus-rojano-recuerda-abrio-expediente-disciplinario_955446.html

Jesús Rojano recuerda que se abrió expediente disciplinario
El alcalde de Baena, Jesús Rojano, afirmó ayer que respeta los criterios judiciales, tanto de la fiscalía como del juez, y que espera que se celebre el juicio cuanto antes para "aclarar dudas". Rojano recuerda que el Ayuntamiento inició en su momento un expediente disciplinario a los dos funcionarios, que está paralizado hasta que se resuelva la tramitación judicial. Algo que quizás no se retrase demasiado, ya que en el auto que decreta la apertura del juicio oral por parte del juez de Baena se emplaza a las partes para que en el término de quince días comparezcan ante el tribunal competente para el juicio. Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de las cuestiones previas al juicio que puedan plantearse ante el tribunal del jurado. El procedimiento, que consta de más de 16 tomos de instrucción, comenzó en el año 2007 con la investigación de la presunta trama constituida entre los tres acusados. Concretamente, y tal como recoge el auto, el día 20 de julio del 2007 el empresario "espontáneamente relató estos hechos ante los agentes de la Guardia Civil".



Abre un expediente que inmediatamente paraliza, no sirviendo absolutamente para nada