Baena - Cordoba

Patronales y sindicatos de la enseñanza sostenida con fondos públicos alertan de la asfixia económica que sufren los centros ante los impagos de Educación, la pérdida de autonomía y la destrucción de empleo


La Consejería de Educación adeuda a los centros de la concertada 4,5 millones de euros correspondientes al último trimestre del pasado curso escolar. A esta cuantía se suma otra de la misma cantidad que pertenece al primer trimestre del actual curso y que aún no ha sido abonada, con lo que la deuda asciende ya a nueve millones de euros. Ante esta situación y, por primera vez, las patronales de la enseñanza concertada y los sindicatos se han unido en la plataforma en defensa de la enseñanza concertada para reclamar el pago y mostrar la incertidumbre con la que viven los centros afectados.

La primera reunión tuvo lugar ayer y se centró en varios aspectos. Uno de ellos fue el económico y las consecuencias que conlleva la falta de dinero en sus tareas cotidianas. El portavoz de la plataforma, Francisco Salcedo, indicó que la deuda de la Junta en la partida de otros gastos -que sirve para abonar al personal de administración y servicios, así como para las facturas de la luz y agua, entre otros-, pone a estos centros en una situación de "asfixia". "Dependemos mucho de esta partida", incidió. El impago, continuó, ha provocado que los titulares de los centros tengan que recurrir a solicitar líneas de crédito para poder seguir prestando servicio, mientras que algunos de titularidad religiosa han tenido que pedir dinero a las familias de sus alumnos para seguir adelante hasta que la Consejería de Educación abone la deuda. Otra consecuencia de esta situación, según se puso de manifiesto en la reunión, es que los profesores de algunos centros que dependen de cooperativas están adelantando unos 300 euros de sus nóminas para poder seguir funcionando.

En Córdoba hay más de 60 colegios sostenidos con fondos públicos que dependen de cooperativas y de las patronales Escuelas Católicas y CECE. En todos ellos trabajan más de 2.000 personas, entre docentes y personal laboral, y a ellos acuden de lunes a viernes más de 30.000 alumnos.

La plataforma cuenta, además, con una asesora jurídica, Sara Prieto, quien reconoció que una de las principales "incertidumbres" que tienen estos colegios es conocer la la fecha de cobro. Por ello, una de sus principales reclamaciones es que la Junta ofrezca, al menos, seguridad en los pagos. Si el área que dirige Mar Moreno garantizase las fechas, los centros podrían afrontar mejor su viabilidad.

Otro de los temas que se abordó en el encuentro fue la pérdida de autonomía de los centros. Al respecto, Prieto indicó que los colegios cada vez tienen menos competencias y como ejemplo expuso el caso del material escolar que pueden utilizar. La Consejería de Educación dio el pasado mes de junio una serie de instrucciones a estos colegios sostenidos con fondos públicos para que no exigieran material escolar que no estuviera incluido en el programa de gratuidad de libros de textos para el actual curso. Desde la plataforma incidieron en que estas instrucciones menoscaban la autonomía pedagógica de sus centros. Así, para este curso, a los centros no les ha quedado más remedio que pedir a las familias el material -sobre todo cuadernos de prácticas- que consideran preciso para impartir una asignatura. Las instrucciones de la Junta tenían como fin evitar que los padres, en la actual coyuntura económica, tuvieran que realizar gastos para comprar una material que, por el tipo de uso, no se incluye en el programa de gratuidad de libros. Otro tema que disminuye la autonomía de los centros, según la plataforma, se centra en la gestión de las bajas y excedencias de su profesorado, ya que es la Administración autonómica quien abona los sueldos y también quien autoriza los permisos y no la dirección de los colegios.