Baena - Cordoba

Tras los últimos sucesos, el proceso autonómico se ha revelado definitivamente como un rotundo fracaso. Impulsado originalmente para contener la incipiente amenaza secesionista en Cataluña y País Vasco, ha acabado alimentado y engordado extraordinariamente el separatismo que pretendía frenar. Y, en lugar de acercar la administración al ciudadano, como rezaba uno de sus lemas, las Autonomías extendieron y multiplicaron el clientelismo, la arbitrariedad, el despilfarro, el control social y la dependencia política de la prensa, creando unas estructuras mastodónticas, imposibles de financiar.

Las Comunidades Autónomas desataron un brutal intervencionismo, promulgando extensísimas y prolijas leyes, normas y regulaciones, la mayoría innecesarias, cuyo objetivo real consistía en imponer barreras de entrada, limitar la competencia, favorecer a los amigos y facilitar la corrupción. En definitiva, la crisis ha puesto de manifiesto que este modelo de descentralización aportó grandes beneficios… a los políticos y a los círculos cercanos al poder.

Muy sintomática del fin de régimen es la pérdida de legitimidad de las instituciones a ojos de los ciudadanos, favorecida por esa ruptura del monopolio informativo de los medios controlados por el poder. Así, las cortinas se han rasgado y los tabúes se han roto, poniendo en tela de juicio una transición que no era tan modélica como reiteraba la insistente propaganda. Se ha extendido ya la percepción de unas instituciones manipuladas por los partidos e incapaces de actuar con la objetividad y rigor que busca el ciudadano. Destaca, como símbolo, la considerable merma de la credibilidad de la corona. Un desprestigio alcanzado a lo largo de los años, con especial contumacia y obstinación, que imposibilita para un ejercicio eficaz del papel de árbitro y moderador ante la eventualidad de lo que pudiera destaparse.

Aunque el ser humano experimente con frecuencia temor, incluso vértigo, ante la incertidumbre, no es posible detener el movimiento y transformación que caracterizan la historia. Por ello, la presente encrucijada debe acometerse con entereza y convicción, señalando la dirección que queremos tomar. En mi opinión, los cambios deben ir encaminados hacia la consecución de un sistema económico y político de libre acceso para todos los ciudadanos, unas instituciones neutrales e independientes y unos mejores cauces de representación política. Por ejemplo, la sustitución de las listas cerradas por un método de elección más directo restaría poder a las cúpulas de los partidos, otorgando al parlamento un mayor grado de autonomía y capacidad para controlar al ejecutivo. Repartiría el poder de forma más equilibrada y contribuiría a despolitizar ciertas instituciones, que deben ejercer importantes funciones de vigilancia y control.

Es imprescindible racionalizar el caótico y oneroso sistema autonómico, garantizando que la distribución de competencias responda a criterios de economía y eficacia. Pero esta racionalización no consistiría exactamente en la masiva devolución de competencias al Estado. Se trata de que las Autonomías deroguen de una vez esa colosal montaña de leyes, normas y regulaciones, que impone enormes trabas a los emprendedores, dificultando la innovación, el comercio interior y la creación de empleo. En definitiva, que devuelvan muchas de sus competencias a los ciudadanos para que éstos puedan organizar su vida, libres de esa nefasta y asfixiante fiebre intervencionista. El régimen habrá cambiado en el sentido correcto cuando el objetivo de las leyes consista en permitir a los ciudadanos poner límites a la acción de los gobernantes, y no al revés.

Juan M. Blanco