Manzanares - Ciudad Real

Todos los asesores están igual de ilegales que los de la Diputación, por eso el PP no puede denunciar

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CCOO ha querido aclarar hoy las razones que le han llevado a denunciar el caso de los asesores en la Diputación Provincial de Ciudad Real, las sentencias ya conocidas y las opciones que se abren ahora. Un razonamiento en el que no han querido entrar en guerras políticas y sobre todo han querido dejar claro que lo ocurrido en la institución provincial es sólo un principio y que si cogen los textos de las sentencias se comprobaría que ”todos los asesores están en las mismas condiciones de ilegalidad que los de Diputación”.

Así lo han explicado esta mañana Enrique Ruiz, delegado sindical de CCOO, y Alfonso Tercero, secretario provincial de la Federación de Servicios a la Ciudadanía. Ambos han querido indicar que lo que se discute con estos textos legales son la figura misma de los asesores y ha mandado un recordatorio a los políticos al afirmar que con este tema “hay un buen melón que abrir para darle sus recortes”.

“No nos quejamos que se nombren personas afines políticamente, porque los puede nombrar, de lo que nos quejamos es que se contrate a 14 y se les dé funciones que no son de asesoramiento y sí de funcionarios de carrera”, ha explicado Ruiz, en relación a esta sentencia. El delegado sindical ha comentado que lejos de las declaraciones políticas de abril, cuando se conoció la primera sentencia, y el cruce de declaraciones entre PP y PSOE sobre el papel de los asesores, las sentencias de ahora tanto la que dicta que, los últimos seis asesores contratados deben dejar de prestar sus servicios, como la que dice lo mismo para los otros ocho dejan una “puerta estrecha” para su contratación. Una ‘puerta’ en la que sólo cabe contratar asesores para eso, para asesorar, mientras que para coger el teléfono, coger un coche, comunicar, enviar invitaciones o, incluso, la agenda, existen otros cargos de funcionarios públicos que pueden ser dedicados a esas funciones.

CCOO ha explicado que estas demandas por la vía judicial sobre los asesores surgió a raíz de una primera demanda que se iba a celebrar en 2010 por un recurso contra la Relación de Puestos de Trabajo aprobada y se iba a hacer por otros asuntos. Después cuando llegaron las elecciones se realizaron dos vías de demanda una contra los nuevos seis puestos de asesores creados en la Diputación y otra contra los ocho ya existentes. Ayer desde El CRisol dábamos cuenta de la primera por la que seis de estos asesores han tenido que dejar su trabajo desde el pasado viernes, la celeridad de esta resolución se ha debido a que se planteó por la vía de urgencia al considerarse vulnerados derechos fundamentales de las personas. La otra, adelantada en exclusiva por El CRisol, incide en las funciones de los asesores y remarca la doctrina del Tribunal Supremo por la que estas personas sólo pueden ser contratadas para asesorar no para hacer labores jurídicas ni administrativas dentro de una administración, “cualquier administración”.

Esta última sentencia será recurrida y en caso de que el Tribunal Supremo la acepte se sentaría una jurisprudencia que podría llevar al despido de muchos de estas personas en las administraciones al ocupar funciones para las que no se puede contratar a un asesor. Algo que se anuncia desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía tendrán en cuenta para futuras demandas en otras administraciones. Hasta que se falle ese recursos esas ocho personas podrán seguir trabajando dentro de la institución provincial.

Desde CCOO han recordado que este proceso no es contra Nemesio de Lara ni contra la Diputación y que lo aplicado en la sentencia también se podría decir de otras administraciones como el Gobierno regional. Los asesores “son puestos excepcionales y con una motivación casuística muy pormenorizada”, con el ejemplo de que la Diputación ya cuenta con encargados de Protocolo, de Prensa, o administrativos y, por lo tanto, no tiene por qué haber ”asesores para esto”. “Estos puestos están muy encorsetados de asesoramiento personal hacia el órgano administrativo que los nombra, y precisamente, por eso, el órgano político tiene posibilidad de nombrar a personas de su afinidad política”.