Chóvar - Castellon

Expresidentes y vicepresidentes de la Generalitat, exconsejeros autonómicos, altos cargos, diputados provinciales, alcaldes, concejales, funcionarios... El virus de la corrupción se ha contagiado a todas las instituciones públicas de la Comunidad Valenciana, controladas por el PP desde hace casi dos décadas; y la lista de imputados crece sin parar, en un bucle que parece no tener fin. Ya son más de 100 los señalados por la justicia, un auténtico récord para una región que apenas supera los cinco millones de habitantes.

"No son Alí Babá y los 40 ladrones; son muchos más", afirma irónicamente el periodista Sergi Castillo, que el próximo 3 de diciembre presentará en Madrid Tierra de saqueo, un exhaustivo trabajo de investigación y documentación en el que destripa el cáncer de la corrupción en la Comunidad Valenciana, que se ha extendido como en ninguna otra región hasta alcanzar todas las terminales del poder político. Y que ha alcanzado una fase terminal que puede resultar letal para las aspiraciones electorales del PP, tanto en Valencia como en el resto de España.

"Mi libro es, en realidad, una obra colectiva", asegura Castillo, "porque parte de las investigaciones previas de varios medios de comunicación, entre ellos El Confidencial". El hilo conductor que le ha servido para desenredar el ovillo de la corrupción ha sido la rama valenciana del caso Gürtel. Pero las tramas del saqueo son muchas más: los casos Nóos (que tiene también bajo sospecha al expresident Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá), Brugal, Emarsa, Cooperación, Terra Mítica, aeropuerto de Castellón, Canal Nou...

La lista negra de la corrupción supera ya los 100 imputados. Entre ellos, un expresidente de la Generalitat (José Luis Olivas, que también fue presidente de Bancaja), dos exvicepresidentes (José Víctor Campos, ya condenado en el llamado caso de los trajes, y Vicente Rambla), cinco exconsellers (Rafael Blasco, Angélica Such, Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Fernando Cartagena, también condenado), nueve diputados autonómicos y un sinfín de altos cargos de empresas públicas controladas por la Generalitat.

En ese sombrío listado del saqueo de las arcas públicas aparecen también una expresidenta de las Cortes Valencianas (Milagrosa Martínez, que fue además consellera de Turismo), un exsecretario general del PP regional (Ricardo Costa, antiguo hombre de confianza del expresident Francisco Camps y hoy enfrentado a él), dos expresidentes provinciales del partido (Carlos Fabra, de Castellón, y José Joaquín Ripoll, de Alicante), los actuales alcaldes de estas dos ciudades (Alfonso Bataller y Sonia Castedo) y varias decenas de alcaldes, directores generales y jefes de gabinete.

Todos ellos están imputados por un repertorio de delitos que van de la prevaricación al tráfico de influencias, pasando por el cohecho, la malversación, la estafa o el blanqueo de capitales. Y hasta el abuso sexual: Vicente Sanz, exsecretario general y jefe de personal de Radio Televisión Valenciana (RTVV), abusó de varias trabajadoras de Canal Nou con amenazas y falsas promesas de ascensos laborales. El auto de procesamiento recoge frases como esta: "Mostró su sexo erecto y le decía: dame una chupaeta". El expresident Eduardo Zaplana buscó a Sanz un retiro dorado en la televisión pública tras verse implicado en un escándalo urbanístico y pronunciar una frase inolvidable: "Estoy en política para forrarme".