Zorita - Caceres

RESPONSABILIDADES

En los últimos días, venimos escuchando las manifestaciones de algunos políticos, periodistas o tertulianos, sobre la posibilidad de exigir responsabilidades penales a los gobernantes que, por una mala gestión, hayan malversado o malgastado los caudales públicos, realizando gastos no presupuestados, llevando a las distintas administraciones a un endeudamiento escandaloso, que tendrá que ser afrontado por sus adversarios políticos, hipotecando su gestión futura y obligándoles a adoptar medidas de austeridad y recortes en el gasto muy desagradables y, a veces, mal entendidas por los administrados.

La verdad es que no bastaría con lavar estas acciones en las urnas y dejar que los culpables se vayan de rositas y con unas compensaciones económicas muy sustanciosas, sean del color político que sean.

Unos afirman que estas responsabilidades podrían ser exigidas por los tribunales de justicia, pero siempre sin carácter retroactivo, por lo que sería necesario modificar la legislación vigente y…entonces, como dice el refrán “después de pájaro ido, palos en el nido”.

Este es el clamor de los sufridos contribuyentes, trabajadores en paro, empresas en con curso de acreedores, autónomos que han echado el cierre y pequeñas explotaciones abocadas a su desaparición por falta de créditos.

En estos momentos es la comidilla del día, pero pasará el tiempo y nadie volverá a hablar de ello. Así lo afirma otro viejo refrán “La justicia de Enero es muy rigurosa, cuando llega Febrero, ya es otra cosa”.

Y así se escribe la historia

Saludos.

Dicen que el contribuyente es una persona que trabaja para el gobierno, pero sin haber hecho las oposiciones a funcionario" (Ronald Reagan).

Saludos.

Afortunadamente, como no podía ser de otra manera, uno de los logros más importantes de la revolución francesa, es el principio de legalidad o primacía de la ley, sintetizado en el brocardo latino nullum crimen, nulla poena sine praevia lege que, como de su literalidad se desprende, significa que no puede haber ningún delito ni pena que no hayan sido previamente establecidos por la ley, anterior a su perpetración.

El Principio de Legalidad tiene origen en el siglo XVIII, y parte como una reacción contra la arbitrariedad, el abuso del poder y la inseguridad jurídica, por lo tanto es una garantía en favor de los ciudadanos.

Ahora bien, una cosa es que se pueda y se deba legislar concretando y precisando más y mejor los tipos penales, tipificando las conductas con las que últimamente nos vienen sorprendiendo algunos cargos públicos, y otra cosa es que la mayoría de esas conductas no puedan ser perseguidas con el actual código penal.

El código penal vigente tiene tipificadas la gran mayoría de esas conductas, como el tráfico de influencias, el cohecho, la malversación de caudales públicos, los fraudes, las negociaciones prohibidas y los abusos de los funcionarios en el ejercicio de sus cargos, etc., y aunque se puedan ajustar más los tipos penales, que también, creo que es más problema de perseguibilidad, de falta de denuncia, que no de ausencia de figura punitiva. Y, normalmente, esos hechos son conocidos por todos en todos los lugares: fiscales, alcaldes, otras autoridades, funcionarios, etc., pero todos ellos se saltan alegremente ese precepto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dice que todos los que por razón de sus cargos tengan noticia de algún delito público estarán obligados a denunciarlo. Y aunque ese o no precepto no sea tan categórico o no esté tan bien definido en el ámbito administrativo, modestamente entiendo que toda autoridad que jura o promete un cargo se compromete a cumplir y hacer cumplir la ley, por lo que no puede mirar para otro lado cuando a su alrededor se produzca actuaciones administrativas presuntamente ilegales. Claro, el poder político pretende que lo denuncie el particular, para no perder ellos un voto; pero olvidan que esa no es nuestra obligación, es la de ellos, la de los inspectores de Trabajo o de Hacienda, etc., o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o las CCAA cuando se trate de delitos o faltas.

Y ello ocurre con demasiada frecuencia también en el ámbito privado, y creo que con esto comulgareis bastantes, pues estamos cansados de ver casos en los que hasta que la prensa o la TV no lo denuncia, no se pone en marcha la maquinaria de la Administración o de la Justicia. Y se da en todos los ámbitos, desde trabajadores trabajando y cobrando un mísero desempleo, hasta los casos que a veces nos muestra la televisión, de trabajadores en talleres ilegales que son explotados de manera infrahumana, a empresas y/o empresarios NO dados de alta en actividades económicas, con lo que si el inspector de trabajo visita a alguien (últimamente andan por Zorita) es al que está dado de alta en el IAE al que visitan, mientra que a la empresa o empresario ilegal que está al lado no, pues se supone que es un domicilio privado.

Ah, el remedio también los saben y lo sabemos todos, no hace falta exponerlo, pero...., tranquilos, seguiremos igual, no os quepa duda. Lo único que se ha conseguido es que se cree conciencia social (esos son los indignados) de cómo funcionan la mayoría de las veces nuestros gobernantes, que no es poco, esos son los únicos brotes verdes que yo he visto crecer, y que algún día esperemos darán sus frutos. Saludos
José Fernández Elena

Y, como ves Ciferman,no todos se van de rositas:

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
Caso Troya: La Audiencia condena al alcalde por cohecho a un año de inhabilitación y 200.000 euros
19/01/2012 [12:29]
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga ha condenado al alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, y al concejal de Urbanismo, José Gregorio Guerra Gil, como responsables criminales en concepto de autores de un delito de cohecho a la pena de 200.000 euros de multa y suspensión de empleo o cargo público (municipal) durante un año. El alcalde y el concejal de la localidad malagueña han sido absueltos de otros doce delitos de cohecho por los que el Ministerio Fiscal formulaba acusación.


Y para los amigos de Tuenti:

ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO
Condenado a un año de cárcel por difundir comentarios de enaltecimiento del terrorismo en la red social Tuenti
19/01/2012 [11:48]
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a un año de cárcel a un joven que difundió comentarios en la red social Tuenti que suponen un enaltecimiento del terrorismo.