Montehermoso - Caceres

"No tengo ningún problema ético con ello, no soy de los que van de moralistas". Así de contundente se muestra Ramón López Vilas, exmagistrado del Tribunal Supremo, cuando se le pregunta por el dinero a su nombre en el HSBC de Ginebra. Según consta en la documentación a la que este diario ha tenido acceso en una investigación coordinada por Le Monde y por el ICIJ, este abogado de Lugo estaba relacionado con dos cuentas. Su saldo máximo entre 2006 y 2007 era, entre las dos, de 2,7 millones de dólares.

La documentación incluida en la conocida como 'lista Falciani' incluye todo tipo de clientes activos en la sede suiza del del banco británico. Tener una cuenta en un banco de otro país no es ilegal, siempre y cuando se declare al Fisco. Y ese no era el caso de López Vilas. El exmagistrado ha confirmado a El Confidencial que tenía dinero el pequeño país centroeuropeo: "Sólo procede de mi trabajo como abogado", ha detallado a este diario. Gracias a la información que las autoridades francesas obtuvieron de Hervé Falciani, la Hacienda española llegó a contactar con Vilas, que regularizó así su situación en 2011.

A través de este método, contactando con 659 supuestos defraudadores seleccionados entre los alrededor de 3.000 nombres a los tuvo acceso, el departamento que entonces dirigía Elena Salgado recuperó 260 millones de euros. Este tipo de acercamiento a los clientes del HSBC, sin embargo, no fue bien visto por los inspectores de Hacienda. Su organización denunció el "favoritismo" hacia las fortunas que tuvieran una cuenta en el país transalpino.

López Vilas, que hoy ejerce como abogado, fue magistrado del Tribunal Supremo durante cinco años, hasta 1991, cuando pidió una excedencia. Pocos meses más tarde, abría su cuenta en la sede suiza de la entidad británica. Es allí donde se hacía pagar por sus clientes. "A menudo se trataba de empresas multinacionales", explica.

El nombre de este catedrático apareció también en la prensa cuando presidió, en 2011, la Comisión de Investigación "independiente" de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), en el ojo del huracán tras el escándalo que asoló la entidad en 2011. Tras una investigación conducida en ese cargo, concluyó que esta entidad tenía "sin identificar" 145 millones de euros recaudados por derechos de autor.

Según publicó El Correo Gallego, "el ilustre jurista fue también un extraordinario embajador de Galicia en Madrid, desde su puesto de director de la Casa de Galicia en la capital de España, nombrado por el presidente Manuel Fraga y fue miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación".