Aliseda - Caceres

ADIÓS AL DESCONTROL DE LAS PARCELAS
La nueva Ley del Suelo legalizará las casas ilegales sin cargar el gasto a los municipios
LUIS EXPÓSITO L. E.Vota 2 votosOpina
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Zona de segundas viviendas en Tres Arroyos, a ocho kilómetros de Badajoz./ HOY Pocas regiones deben tener más piscinas y pilones por habitante que Extremadura. Una de las expresiones más típicas del modo de vida de la región es aprovechar las vacaciones y los fines de semana, especialmente en el buen tiempo, para descansar en el campo.

En la sierra madrileña se llaman chalets, pero aquí todo el mundo los conoce como 'el campo' o 'la parcela'. Pequeñas fincas, rara vez superan la media hectárea, donde los días y las noches se hacen más llevaderos. Sobre todo en aquellas zonas donde el calor es insoportable.

No hace falta más que salir de cualquier ciudad o pueblo extremeño para apreciar la cantidad de casas que se arraciman a ambos lados de la carretera. Las hay lujosas y austeras, pero es una afición al alcance de muchos bolsillos.

Pero un importante número de ellas son ilegales. Se han construido en zonas no urbanizables, por lo que se escapan al ordenamiento.

El tema salió de nuevo al debate público el pasado mes de febrero, cuando se supo que la mujer del alcalde de Villanueva de la Serena había sido expedientada y denunciada por levantar una casa prefabricada junto al pantano de Orellana. Finalmente, tuvo que retirarla, no sin que antes se levantara una considerable polvareda.

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, defendía el pasado jueves la necesidad de «regular el suelo para que la gente pueda ser un poquito más feliz». Abogaba por modernizar la legislación para legalizar la mayoría de este tipo de viviendas.

Lo cierto es que la Junta ya trabajaba en este sentido antes de que se conociera el episodio de la esposa del alcalde Gallardo. Desde hace meses se viene trabajando en la reforma de la Ley del Suelo y la Ordenación del Territorio de Extremadura, más conocida por el impronunciable nombre de Lsotex.

Aunque el borrador ya está concluido, apenas se sabe nada de su contenido. El concejal de Urbanismo de Badajoz, Celestino Rodolfo, reconocía este viernes que lo poco que sabía del mismo era lo que había dicho la víspera el director general Javier Gaspar en el mismo foro en el que habló Vara.

El mes pasado, el consejero José Luis Quintana adelantó que se pretende que los municipios puedan establecer 'bolsas de segundas residencias', siempre que haya una previa declaración de viabilidad por parte de la Junta de Extremadura. No detalló cómo hacerlo.

Y es que parece que aquí está el meollo de la cuestión. La disciplina urbanística es competencia de los ayuntamientos, por lo que ellos son los que pueden hacer legales las casas siguiendo los dictados de los correspondientes planes de urbanismo. Pero deben respetar la ley, que emana de la Junta.

Más claro

La Consejería de Fomento, la que regula el urbanismo, es reacia a dar detalles, puesto que aún puede haber modificaciones en función de las alegaciones que se reciban en el trámite de información que se va a abrir. Pero sí quiere puntualizar algunos aspectos.

En primer lugar, recuerda que la ley vigente (de 2001) ya prevé mecanismos para la regularización. Lo que pretende la modificación es «incidir en el sistema ya existente para facilitar el cumplimiento de estos modelos».

Pero siempre se seguirá la máxima de que «los propietarios tienen que cumplir con las cargas y obligaciones que la ley impone, en beneficio de los propios municipios, sin crearles nuevas cargas de prestación de servicio».

Es decir, no habrá 'barra libre' y los ayuntamientos no deberán gastarse más dinero para dotar de los servicios a estos vecinos. El propio Gaspar aseguraba el otro día que «no se puede gravar a los municipios para que éstos tenga que prestar una serie de servicios. Esto formará parte de las obligaciones de los propietarios de las viviendas». Fomento también resalta que existen casos en los que la legalización no será posible en ningún caso. Por ejemplo cuando la casa en cuestión esté en un suelo catalogado como protegido, o en el cauce de un arroyo, o sobre un camino de titularidad pública.

¿Cómo puede la Junta 'ayudar' para que los consistorios den luz verde a estas construcciones? No hay detalles al respecto, pero Vara dejó caer que una vía será eliminar o reducir la superficie mínima que debe tener la parcela para edificar. Consideraba que esta restricción beneficia a los que tienen más poder adquisitivo. La lógica invita a pensar que el resto de medidas irán destinadas a eliminar otras trabas de la actual ley.

Disquisiciones legales al margen, lo cierto es que es un fenómeno muy extendido en Extremadura. No existen estimaciones fiables de hasta dónde puede llegar.

Rodolfo confiesa no saber cuántas hay en Badajoz, por ejemplo. El último Plan General Municipal convirtió en núcleo urbano secundario a una veintena de urbanizaciones del extrarradio. En estos casos, los dueños pueden legalizar su situación si cumplen las condiciones y presentan un nuevo plan especial.

En Cáceres existen distintas zonas con construcciones ilegales, como Mayoralguillo o el entorno del pantano de Valdesalor. En el primer caso, los expedientes y hasta las denuncias judiciales no han servido de nada al Ayuntamiento para evitar su proliferación desde que en 1998 se detectaran las casas. Para atender la demanda se ha reservado en el nuevo Plan de Urbanismo un amplio terreno en la carretera de Trujillo con capacidad para edificar 700 casas. Con ello se pretende que los ciudadanos no tengan que recurrir a parajes rústicos.

Derribos en Plasencia

El Ayuntamiento de Mérida realiza controles en parcelas situadas en el entorno de las carreteras de Don Álvaro y Calamonte. La amplísima extensión del término, confirma el alcalde, Ángel Calle, complica esta labor, aunque incide que «desde principios de legislatura, este gobierno se ha dedicado a impedir que nadie se haga una casa ilegal en el campo. En cuanto a las que tenemos localizadas más viejas, algunas con más de 20 años, la idea es darles solución desde el punto legal. Con las nuevas, desde que soy alcalde no se ha permitido ninguna». En la capital autonómica, los antiguos núcleos de viviendas fuera del campo urbano de El Vivero y Proserpina han sido legalizados.

En Plasencia, la zona con mayor número de viviendas sin licencia se concentra en la sierra de Santa Bárbara. En toda su extensión acoge entre 800 y 900.

La situación se ha agravado en los últimos meses y se cifra en medio centenar el número de nuevas viviendas en construcción sin licencia. A ello contribuye el proceso de revisión en que está el PGM, los anuncios de que éste daría una solución a la Sierra y la convicción de los propietarios de que, antes o después, serán legalizadas.

Desde la Alcaldía dictaron en febrero y marzo la conclusión de los expedientes de infracción urbanística que determinan el derribo, para casos de viviendas ilegalizables que no acataron la paralización en su día.

Además son constantes los expedientes abiertos y decretos de paralización de las viviendas sin licencia detectadas por el Ayuntamiento. La idea extendida en la ciudad es que tras la aprobación del nuevo planeamiento urbanístico de Plasencia, Santa Bárbara se incluirá formalmente en la ciudad. Lo cierto es que hasta ahora el avance del PGM solo incluye la legalización de los núcleos consolidados de viviendas, por lo que deja sin respuesta a las casas aisladas que proliferan en la Sierra. Estas mantendrían su situación de ilegalidad o alegalidad, según los casos.

El avance del PGM también establece que serán los propietarios de las casas los que puedan legalizar su situación a cambio de asumir los costes de su urbanización y no gravar las arcas municipales. Según la nueva ordenación que se propone, el Ayuntamiento se ocuparía de la urbanización de estos núcleos consolidados en Santa Bárbara, resolvería viales y llevaría servicios generales. A cambio, los propietarios asumirían su coste.

En Coria, una de las poblaciones más afectadas, se ha denunciado que puede haber más de 2.000 casas en esta tesitura. En 2007, la Guardia Civil detuvo a nueve personas por construir en terrenos en la zona inundable del Alagón.

El espacio de Villanueva de la Serena que acoge una mayor concentración de chalets, en todo caso alegales, es la 'zona del Badén'. También hay otras zonas, aunque con casas más dispersas. Son viviendas que, hasta la fecha, no tenían ningún control, y la mayoría de las cuales están en suelo rústico. Se estima que en Villanueva podría haber del orden de las 1.100 ó 1.200 segundas viviendas construidas en suelo rústico.

Muy cerca, Don Benito es uno de los municipios donde más han proliferado las casas de campo. Apenas se sale del casco urbano se pueden divisar los primeros chalés, como en 'El Repiso'. Tres son las zonas que focalizan el mayor número, también muy cercanas al casco urbano: la carretera de las Cruces, la zona de Las Arenas y la carretera de Medellín.

El alcalde de Navalmoral, Rafael Mateos, estima que en el municipio no debe haber más de 150 viviendas construidas fuera de ordenación. Quizá la principal concentración se produzca en la zona conocida como El Mahincal, en la carretera de Rosalejo, donde habrá 25 ó 30. También hay construcciones de ese tipo en el camino de San Marcos, el camino del Goche, el entorno de Los Sauces o el margen izquierdo de la zona de la Bamba.

Hablar de viviendas construidas en zonas ilegales o alegales es casi un tabú en Trujillo. Pocas personas 'se mojan' para decir cuáles y dónde están esas construcciones, a priori ilegales. Fuentes cercanas al Ayuntamiento señalan que puede haber más de cien.

En Almendralejo, hace más de 20 años que empezaron a construirse viviendas en el campo, especialmente en la zona de San Marcos. Hoy se aglutinan entre 1.500 y 2.000 viviendas, no hay un censo preciso. Son en su mayoría segundas residencias, pero algunas ya se han convertido en primeras viviendas. La situación es muy dispar según la edificación. Unas se han construido sin licencia en suelo rústico y otras se han hecho ya con licencia de obra y poniéndose al día con el IBI, pero están en una situación de alegalidad al no haber cumplido con las cesiones de suelo correspondientes.

La organización ecologista SEO/Birdlife denunció esta semana que hay otras mil casas levantadas en espacios naturales que están protegidos. A este respecto Jesús Valiente, de Adenex, recuerda que las administraciones están actuando, en la medida de sus posibilidades, en terrenos protegidos, pero no en lo que no es urbanizable sin protección.


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