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NUEVA LEY DEL SUELO
Los dueños de las casas ilegales que se regularicen asumirán el coste de los servicios
27.04.09 - 13:02 - EFE | HOY.ES Vota 0 votos Opina
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Zonas de segundas viviendas en Tres Arroyos, a ocho kilómetros de Badajoz./ HOYLa modificación de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LESOTEX) facilitará la regulación de las urbanizaciones clandestinas o ilegales, aunque no en todos los casos, y sus propietarios deberán asumir el costes de sus servicios para que no recaiga sobre los ayuntamientos. No se podrán regularizar las viviendas que sean contrarias a la normativa urbanística y las que estén ubicadas en zonas ambientalmente protegidas, que atenten contra el patrimonio histórico o invadan el dominio público.
El consejero de Fomento, José Luis Quintana, ha explicado los cambios que se introducen en la ley de 2001, algunos de los cuales ya adelantó el diario HOY, y ha anunciado que prevén que la norma entre en la Asamblea de Extremadura en el próximo período de sesiones, que se abrirá en septiembre.
El planeamiento municipal, mediante la conveniente modificación, podrá a partir de ahora reclasificar los suelos, de urbano a urbano no consolidado o urbanizable, según Quintana.
En este proceso no se exime a los propietarios del cumplimiento de las cargas y deberes legales, y será necesario que estas urbanizaciones creen entidades de conservación y asuman los costes de los servicios, para no obligar a hacerlo a los ayuntamientos.
Quintana, que ha insistido en que los ayuntamientos tienen la competencia sobre la disciplina urbanística, bajo la supervisión de la Junta de Extremadura, ha indicado que la ley establece ahora las "posibilidades" para regularizar las viviendas clandestinas.
A su vez, se reforma el régimen de las residencias de recreo, para facilitar su instalación, pero de forma ordenada.
En el caso del suelo no urbanizable, se permite la rehabilitación de edificios ya existentes -secaderos o construcciones agropecuarias- para su uso como vivienda.
La superficie mínima de 1,5 hectáreas desaparece y se marca la de la finca donde se ubica; la alteración no debe incrementar en un diez por ciento la superficie construida.
En el caso de construcciones de explotaciones agrícolas, se plantea la posibilidad de hacer distinciones entre las distintas zonas de Extremadura y un reglamento regulará la parcela mínima.
Además, habilita a los ayuntamientos para fijar en sus planes generales "bolsas de suelo urbanizable" con una baja densidad de construcción -0,25 metros cuadrados por metros cuadrado-, con una altura máxima de dos plantas; estas viviendas estarán obligadas a construirse en urbanizaciones autónomas.
Por otro lado, a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que anulaba la denominadas "ciudades mixtas", la nueva ley, que también se adapta a la normativa estatal, modifica el régimen jurídico de los proyectos de Interés Regional (PIR), según el consejero.
La ley dará un tratamiento específico a la instalación de grandes superficies industriales y logísticas, o a la construcción de grandes complejos turísticos, de ocio o deportivos, que podrán ir acompañados de alojamientos residenciales para su venta a terceros.
Se trata, según Quintana, de que "en base a la ley, sin necesidad de hacer otro desarrollo, poder hacer estos grandes proyectos turísticos de ocio, deportivo o similares".
Además, estable requisitos más estrictos cuando esos complejos incluyan vivienda protegida.
También se ha cambiado la fórmula del cálculo de la edificabilidad, ya que el número máximo de viviendas por hectárea provocaba que los promotores apostaron sólo por las de 90 metros cuadrados, ya que, si eran de menor superficie, construían menos.
Ahora, se establece un módulo general de 33 metros cuadrados por habitante para facilitar la construcción de varios tipos de viviendas, una petición que había hecho la asociación de promotores y que, a su juicio, "estaba muy justificada".
El borrador de la norma, que ha sido entregado a los colectivos afectados para que aleguen en un plazo de 15 días, establece un régimen jurídico específico y más sencillo para los municipios de menos de 2.000 habitantes.
También limita las modificaciones de la normativa urbanística municipal y, en determinados casos, obliga a la revisión completa del plan.

La nueva ley del suelo de Extremadura luchará contra la especulación

03/06/2010 elperiodicoextremadura.com

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José Luis Quintana, en un pleno celebrado en abril. La futura Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura da su primer paso parlamentario al, por unanimidad, ser tomado en consideración por el Pleno de la Asamblea el proyecto de modificación del texto en vigor, una reforma que, según la Junta, "compatibiliza el acceso a una vivienda digna y luchar contra la especulación".

Según recoge la agencia Efe, el consejero de Fomento, José Luis Quintana, defiende que la modificación se debe a cuestiones como la necesidad de "compatibilizar el acceso a una vivienda digna y luchar contra la especulación", y "simplificar el urbanismo". En su opinión, se trata de hacer "una política integral, propia y acorde con las características de Extremadura" en una realidad de desarrollo social, económico y urbanístico, ahora dentro de las nuevas circunstancias económicas y de la adaptación a la legislación nacional, y con el fin principal de hacer más sencillo el urbanismo.

Además, matiza que el texto es "fruto del máximo consenso" ya que da respuesta a los problemas planteados por los sectores relacionados con el asunto, entre ellos los empresarios, sindicatos, expertos en diversas materias, los municipios, las diputaciones provinciales y las organizaciones ecologistas, entre otros.

A su juicio, es preciso avanzar en "un urbanismo más sencillo, más transparente, menos burocrático y más accesible al ciudadano".

La ley

La ley presentará aspectos fundamentales como destinar el 40 por ciento del suelo a vivienda protegida, cuando hasta ahora era del 30 por ciento, para facilitar el acceso a la vivienda a los extremeños, y una modificación del urbanismo que permitirá a las poblaciones de menos de 2000 habitantes un régimen de urbanismo más sencillo.

Por otro lado, definirá con mayor precisión los Proyectos de Interés Regional (PIR) para permitir ejecutar proyectos alejados de los núcleos urbanos y asociados al fomento del interés turístico, deportivo y similares en la comunidad autónoma.

Además, en cuanto a las urbanizaciones "clandestinas", se avanza en su "regularización" al posibilitar crear bolsas de núcleos de segunda residencia y se permitirá a los ayuntamientos establecer núcleos aislados residenciales.

En el caso de la rehabilitación de edificaciones tradicionales, como secaderos o molinos, que se pretendan destinar a viviendas, la parcela mínima exigida se ajustará a la superficie real de la finca en que se sitúe.

Quintana comenta que la norma actual, aprobada en 2001, ha evitado la especulación, ha respetado la autonomía de los municipios y ha fomentado notablemente la vivienda protegida.

Por su parte del PP, la diputada del PP Teresa Bravo afirma que la iniciativa del Gobierno regional es "una reforma larga" que se remonta a 2006, que ha estado "paralizada" y que "no es suficiente" ya que "podría haber sido más ambiciosa".

En su opinión, "el proceso legislativo es frágil" y se han retirado del texto diversas aportaciones.

Agrega que el anterior texto no generó consenso y que no fue desarrollado, lo que ha generado "caos" y no ha desarrollado la región urbanísticamente de una forma adecuada, con las consiguientes carencia en los planes adaptados y la "eternización" de los planes generales de los municipios, entre otras deficiencias.

Bravo añade que ha habido numerosos cambios en la dirección de los organismos urbanísticos y que "se quedaron atrás ante la demandas de los extremeños, complicaban la vida a los municipios pequeños y grandes al invadir su autonomía y Guillermo Fernández Vara ha tenido que rectificar", por lo que "no se han logrado los objetivos" y, además, no se cumple la promesa electoral del PSOE de destinar el 50 por ciento del suelo a la vivienda protegida.

No obstante, apostilla que el PP votaría a favor porque la reforma de la actual ley es "necesaria" por la "coyuntura" y con el fin de debatir el texto, en concreto en la fase de enmiendas, para "tener en cuenta" las características y necesidades de Extremadura.