Barcarrota - Badajoz

Artículo escrito por Gregorio Peces-Barbas y publicado en El Pais, el día 06/12/09

En el 31º aniversario del referéndum que el 6 de diciembre aprobó con gran mayoría de votos favorables, en todas las provincias, sin excepción, la vigente Constitución refrendada en acto solemne, promulgada y ordenada en publicación el 27 de diciembre y publicada en el BOE, el 29 del mismo mes, parece que el mayor homenaje que podemos hacerle es subrayar su supremacía sobre todas las restantes normas del Ordenamiento español y recordar también que la soberanía corresponde al pueblo español, que significa que la única nación soberana es España. Esta supremacía lo es sin excepción alguna, y sus contenidos sólo se pueden cambiar por el sistema de reforma establecido en su Título Décimo. Resulta duro tener que recordar con frecuencia lo que debería ser obvio, pero esa necesidad se produce porque en nuestro país, como ya recordaba Fernando de los Ríos hace muchos años, falta respeto entre los ciudadanos, entre los políticos que representan a los poderes públicos, y también entre los medios de comunicación. En cuanto que se plantea un hecho difícil, una situación con zonas de penumbra, saltan las alarmas de las faltas de respeto. La decisión de abrir la reforma de los Estatutos antes de la reforma de la ley electoral y de la propia Constitución, en temas que no afectan ni modifican el gran consenso que la hizo posible, ha propiciado muchas salidas de tono. Denunciarlas es también contribuir al homenaje a la Constitución. Hay falta de respeto en todos los partidos catalanes de gobierno y de oposición que han presionado al Tribunal Constitucional, con malas formas; también en la prensa catalana, que con su editorial unitario, aunque no han sobrepasado los límites de la libertad de expresión, porque no han producido un claro y presente peligro de violencia, sí han señalado que una decisión de inconstitucionalidad sería faltar al respeto a Cataluña. Es un sofisma y una falacia monumental, poco oportuna e injustificada. También creo que ha faltado al respeto la ministra de Defensa cuando ha pedido al Partido Popular que retire su recurso. Tampoco parece oportuno en este momento la reiterada manifestación del presidente del Gobierno sobre la indudable constitucionalidad del Estatuto, que constituye también una presión, al menos objetiva. Déjese trabajar al Tribunal y respétese su decisión, sin perjuicio de la crítica técnica y académica sobre sus contenidos. Para mí, esta defensa contundente de la supremacía de la Constitución es el mejor homenaje en este 31º aniversario de su aprobación popular.

El Pleno del Tribunal Constitucional rechazó de plano la recusación presentada por el PP contra los magistrados de tendencia progresista Manuel Aragón, Pablo Pérez Tremps y Pascual Sala. Ocho de sus diez magistrados han entendido que no debe ser ni tramitada. El incidente se basa en una información periodística, cuyo contenido fue desmentido por escrito por la mitad de los miembros del alto tribunal.

El auto de inadmisión, que se conocerá en los próximos días, estará acompañado por los votos discrepantes de los dos magistrados conservadores recusados por el Gobierno, Jorge Rodríguez-Zapata y Roberto García-Calvo. Además, Ramón Rodríguez Arribas ha anunciado la posibilidad de dictar un voto concurrente, es decir, conforme con la decisión, pero no con la argumentación.


Aunque parezca obvio rechazar a limine la recusación, al haber negado la noticia en la que se basa seis magistrados, el Pleno del TC ha necesitado varias sesiones para tomar la decisión. Entre los días 14 y 15 acordó permitir a las partes ver la pieza de consulta abierta por Vicente Conde, presidente en funciones del alto tribunal en el recurso del PP contra la prórroga del mandato de María Emilia Casas.

En dicha pieza, los magistrados del alto tribunal se cruzaron escritos sobre cómo entendían que era mejor solventar la crisis. Entre ellos figuraba el desmentido firmado por seis de ellos: la presidenta, el vicepresidente, Guillermo Jiménez (ambos abstenidos al estar afectados por la reforma que se discute), Ramón Rodríguez Arribas y los tres recusados por el PP.

Una vez recibidas las alegaciones del Gobierno y el principal partido de la oposición, el Pleno volvió a reunirse el lunes por la mañana y continuaron ayer por la tarde.

Acumulación descartada

El Pleno fue tenso sobre todo por la insistencia demostrada por los dos magistrados recusados por el Gobierno, Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, para que se aceptara la petición del PP de que este incidente se acumulara al suyo. Así trataban de blindarse ante su impugnación por parte de la Abogacía del Estado, ya que, estudiadas conjuntamente, el alto tribunal no tenía otra opción que descartarlas para salvar su quórum.

En cambio, al rechazar las recusaciones del PP, el Pleno puede ya estudiar las presentadas por el Gobierno contra García-Calvo y Rodríguez-Zapata sin que ellos estén presentes, porque, incluso con su ausencia, sigue existiendo el quórum mínimo exigido por la Ley Orgánica del Constitucional para poder tomar decisiones. El incidente del Ejecutivo se basa en la carta que el 22 de junio ambos enviaron a Casas, en la que le pedían que dimitiera y consideraban que la reforma de la ley no ofrecía cobertura para prorrogar su mandato y el del vicepresidente.
No tomar en consideración

A pesar de que el PP y García-Calvo y Rodríguez-Zapata sostenían que ambas recusaciones compartían el mismo motivo, consistente en que todos los magistrados adelantaron su posición frente a la nueva ley, el alto tribunal ha entendido que no. De hecho, el Pleno acordó el 4 de julio "no tomar en consideración" la carta en la que se basa la impugnación del Gobierno para evitar contaminarse.

La recusación presentada por el PP contra tres magistrados fue controvertida desde que se presentó "en respuesta" a la presentada por la Abogacía del Estado, según admitieron los líderes de esta formación. En seguida trascendió que el PP recogió firmas para presentar el incidente un día antes de que se publicara la información de El Mundo, en la que se basa. Ese mismo día Público adelantaba la intención del partido.

Además de firmar, junto con cinco compañeros, el primer desmentido a la noticia, el conservador Ramón Rodríguez Arribas presentó un segundo escrito que corroboraba el contenido del primero y lo ampliaba admitiendo que en la reunión del 12 de junio pidió a Casas que dimitiera para que el Pleno la volviera a nombrar.

El secretario general del Grupo Popular en el Congreso, Jorge Fernández Díaz, declaró que su partido "acata y respeta" la decisión, porque está convencido de que el TC ha actuado "conforme a derecho", ya que es "el máximo garante de la Constitución".