Badajoz - Badajoz

Un total de 187.119 hogares gallegos, el 18 % del total, tienen dificultades para abonar sus facturas energéticas (gas, agua, electricidad, calefacción...) al tener que dedicar más del 10 % de sus ingresos al pago de esos recibos. Son 445.000 personas del total de 7,4 millones que en España conviven con ese problema. Ese es uno de los datos recogidos en el estudio Pobreza energética en España. Análisis de tendencias elaborado por la Asociación de Ciencias Ambientales (CAC) y presentado ayer en Madrid.

El asunto ha llegado incluso al Parlamento de Galicia, donde justo anteayer se aprobó, con los únicos votos a favor del PP, una iniciativa del grupo de gobierno que reclama a la Xunta que estudie medidas para paliar las necesidades energéticas de la población en riesgo de exclusión social. Y también ayer el Ayuntamiento de Barcelona y Endesa suscribieron un acuerdo para no cortar la electricidad a las personas que no tienen recursos.

Los encargados de elaborar el informe han comprobado además que en la comunidad gallega el número de familias que tienen unos gastos desproporcionados en energía «ha aumentado intensamente desde el 2007», mientras que las que no podían mantener sus casas a una temperatura adecuada, según los baremos marcados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha descendido hasta los 72.768 hogares (un 7 % del total).


Muertes anuales

Un trabajo realizado ya en 1987 por ese organismo sanitario recomendaba un rango de temperatura entre los 18 y los 24 ° para garantizar una buena salud. Porque, como también recoge el informe de CAC, el promedio estimado de muertes prematuras al año asociadas a la pobreza energética en Galicia ronda las 600 personas, una cantidad que alcanza las 7.200 en el conjunto del Estado.

El estudio realiza un dibujo de la pobreza energética en España durante el 2012, algo que se produce cuando un hogar no puede hacer frente a los servicios de energía necesarios para hacer frente al suministro fundamental o cuando el dinero destinado a ello supone un porcentaje de ingresos superior al 10 %. Los datos que dan para Galicia en cuanto a índice de hogares con un gasto desproporcionado en electricidad, gas u otras energías no distan mucho de la media española, donde un 17 % de las familias tienen problemas para pagar sus facturas. Por contra, el porcentaje de los hogares gallegos que no pueden mantener su hogar a una temperatura adecuada que garantice su salud, aunque menor que en el 2007, es aún superior al promedio español.

Desde la Asociación de Ciencias Ambientales explican que la crisis y el desempleo, que en el conjunto del Estado ronda el 26 % (el 22 % en Galicia en el cuarto trimestre del 2013) y que, según la mayoría de las previsiones, se mantendrá cerca del 25 % al menos hasta 2015, han agravado esta situación en los últimos años. Además calculan que entre el 2008 y el 2012, en tan solo cuatro años, el coste de la energía ha crecido un 30 %.


Áreas rurales

La pobreza energética no incide por igual en las zonas urbanas, más pobladas, que en las rurales. El trabajo muestra cómo es en las áreas con menor población donde el porcentaje de gasto dedicado a pagar el gasto en calefacción o electricidad es mucho mayor. También es más elevado el número de viviendas que tienen goteras o humedades en esas zonas. Quizá porque son viviendas más antiguas que están peor aisladas. Al contrario, pese a tener un mayor gasto en energía, son los habitantes de esas zonas menos pobladas los que tienen menos retrasos a la hora de abonar los pagos de esas facturas.

Pues ya vemos lo que dicen el Guindos y el Motorete, que todos es un montaje de los rojos rabúos y que sus políticas son un dechado de perfecciones que salvará a la humanidad.

Aunque esto último me parece que también lo dicen la Botella y el Pons.

La "carrera de pillos" en la que la Iglesia siempre gana

Un cálculo estima en "miles y miles" los bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia católica en España: campos, casas, ermitas, iglesias, catedrales o la mismísima Mezquita de Córdoba.

Aragón y la Comunidad Valenciana no consiguen del Ministerio de Justicia ni del Registro de la Propiedad un listado de bienes como el que obtuvo el Parlamento navarro hace seis años

Los registradores tienen potestad para decidir si prevalece el derecho de acceso a la información o la protección de los datos personales

Y Mariano es uno de ellos........................