Arenas de San Pedro - Avila

a Junta defiende la labor preventiva de las inspecciones de la construcción
Isabel Camarero - jueves, 18 de abril de 2013

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El director general de Vivienda, Ángel Marinero, informó del nuevo decreto que regula las ITC a los responsables de los ayuntamientos de Ávila, Las Navas, Arévalo, Candeleda y Arenas

El decreto que regula la Inspección Técnica de Construcción, obligatoria para los edificios de más de 40 años, de cara al presente 2013 entró en vigor el pasado 13 de abril y está dirigido a las localidades con más de 5.000 habitantes. Así pues en el caso de nuestra provincia sólo están sometidos a él las edificaciones sitas en Ávila capital, y las de Las Navas del Marqués, Arévalo, Arenas de San Pedro y Candeleda: a priori son pocos municipios pero «en ellos vive más de la mitad de la población de la provincia de ahí su importancia», tal y como destacaba el director general de Vivienda de la Junta de Castilla y León, Ángel Marinero, quien se reunió el jueves con los responsables de urbanismo de los ayuntamientos a los que afecta esta orden.
Precisamente Marinero destacaba que estas inspecciones buscan sobre todo «asentar la cultura de la prevención y el mantenimiento de los edificios». Es una cuestión de adelantarse a la aparición de problemas o a ponerlos freno antes de que se agraven, explicaba.
Este decreto que acaba de ver la luz establece que los inmuebles sometidos a la ITC son aquellos acabados en 1972 y también los que se terminaron entre el 1 de enero de 1951 y el 31 de diciembre de 1960. Comprensivo se mostró Ángel Marinero con la situación económica por la que atraviesa el país y precisamente por ello en la reunión con los técnicos les trasladó la necesidad de concienciar pero «no tanto de sancionar si no se cumple con la normativa vigente» y es que reconocía que «no deja de ser un gasto a mayores». Gasto sí, pero a la larga se puede interpretar como «una pequeña inversión» que puede ahorrar dinero a los propietarios de esos inmuebles pues si un problema se diagnostica pronto su solución es más económica y se produciría «un abaratamiento de costes y la reducción de problemas futuros». «Es una inversión que compensa» y ahí los administradores de fincas tienen la última palabra a la hora de concienciar. También pidió el director de Vivienda que "los ayuntamientos no se obsesionen por el cumplimiento total» y en cualquier caso aseguró: «No animamos a poner multas ni a perseguir a los ciudadanos».