Morcín - Asturias

Aparecen en la prensa manifiestos de llamados “notables”, catalanes y no catalanes, que invitan a los catalanes a no votar en su referéndum, apoyando generalmente tal invitación en la consideración de que el mentado referéndum es ilegal.
Pero…., si se tratara de otro referéndum con las garantías que ellos echan en falta, las que puedan derivar de la ley y las necesarias para que los votantes se expresen con entera libertad y suficiente información, ¿harían piña todos esos “notables” o “sobresalientes” para aconsejar, como aconsejan ahora, no participar en la votación, o se inclinarían unos por el SI, y otros por el NO, o por la ABSTENCIÓN?, porque puede suceder que muchos de los que ahora no quieren este referéndum, en el fondo lo que no quieren es ningún referéndum en el que los catalanes puedan expresar su deseo de independencia.
Ya se que lo que tenemos ahora, para dentro de unos pocos días, es una concreta convocatoria de referéndum, pero andaríamos un poco “cegaratos” si no viéramos que de lo que trata es de llegar a un fin, la independencia de Cataluña, a través de un concreto medio, este referéndum, condicionado por las circunstancias que concurren en el caso.
Hay quienes en vez de alinearse con los que están en contra del derecho a la autodeterminación apoyándose en la ley en vigor, dicen que por encima de la ley ha de estar la voluntad de los pueblos, que la ley es producto de unas determinadas circunstancias, y que el PP y el Tribunal Constitucional rompieron en su día el entendimiento para la reforma del Estatuto de autonomía que había sido pactada entre la Generalitat y el Gobierno de España. Se cita, respecto a la primacía de la voluntad popular sobre la ley, una sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, por la que se obliga a Serbia a abandonar Kosovo, en la que se dice: “Declaramos que no existe en derecho internacional ninguna norma que prohíba las declaraciones unilaterales de independencia. Declaramos que cuando hay una contradicción entre la legalidad constitucional de un Estado, y la voluntad democrática, prevalece esta segunda, y declaramos que, en una sociedad democrática, a diferencia de una dictadura, no es la Ley la que determina la voluntad de los ciudadanos, sino que ésta es la que crea y modifica cuando sea necesario la legalidad vigente”.
O sea, que la ley no debe ser un bozal para acallar la voluntad los ciudadanos, así que, en mi opinión, más que cerrase en banda, parapetándose detrás de la ley, sin pararse a pensar si la que fue aprobada en determinadas circunstancias no debe ser modificada en función de los acontecimientos posteriores, lo que procede es abrir un periodo de reflexión y diálogo para tratar de evitar que la voluntad de unos, que no se conoce si es o no mayoritaria, se imponga por la fuerza de la ley, cuyo contenido quizás sea rechazado actualmente por la mayoría, sobre la voluntad de quienes, sin que se conozca si son o no mayoría, aspiran a la independencia de un determinado territorio.
Se dice que la convocatoria del referéndum catalán tiene importantes carencias, pero ello no debe llevarnos sin más a rechazarlo sin buscar una alternativa para hacer posible que tanto los catalanes como el resto de los que vivimos en España podamos expresarnos sobre el fondo del asunto, apartando todos los obstáculos legales que no respeten el criterio reflejado en la sentencia del Tribunal de la Haya, a la que más arriba me referí, ya que como dijo recientemente Martín Pallín, “ya sea a través del retoque de la Ley de referéndum o de la Constitución se debe permitir votar”, porque “no es factible y es irracional” querer detener “una riada” con la ley y las fuerzas de seguridad.