Vélez-Blanco - Almeria

La Junta andaluza en el punto de mira de los ERE ilegales

El juez investiga la complicidad de «algún cargo» autonómico en la trama

5 Febrero 11 - Sevilla - Esther Vila

La Junta de Andalucía y el partido que rige sus designios desde hace décadas, el PSOE, ya no pueden escudarse en la crispación política para eludir cualquier responsabilidad en el «caso Mercasevilla». Este escándalo estalló con la presunta petición de comisiones ilegales por parte de dos directivos del mercado central de abastos hispalense a dos empresarios para la concesión de la explotación de una escuela de hostelería, pero las pesquisas policiales y judiciales han desvelado múltiples ramificaciones hasta destapar una «trama para la utilización fraudulenta» de expedientes de regulación de empleo (ERE) subvencionados con fondos públicos.

Según investiga la jueza de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, la Junta lleva años aprobando y financiando ERE en empresas privadas y alguna pública en los que se «incluiría» a personas que nunca habían trabajado en ellas. Mercasevilla se sometió a dos regulaciones laborales: en 2003 se ha identificado como «intrusa» a una mujer, Carmen Fontela, que nunca se benefició personalmente de pago alguno, y en 2007 se «coló» un ex dirigente del PSOE de Jaén, Antonio Garrido Santoyo, cuyas retribuciones corrieron un destino incierto. Los investigadores policiales sospechan que se trataba de meros «hombres de paja» introducidos en la negociación laboral y la tramitación administrativa por «intermediarios» –se señala al ex sindicalista de UGT Juan Lanzas y al comercial de la consultora Vitalia Francisco González– con el objetivo de «percibir ellos las cantidades» para las prejubilaciones de los trabajadores afectados. De momento, parece claro que González cobraba las ayudas de Carmen Fontela, vecina de sus padres de toda la vida.

Eso sí, los agentes destacan que los negociadores «debieron contar con la anuencia de algún cargo de la Junta de Andalucía, que permitiera la inclusión de ambas personas en los ERE de unas empresas para las que nunca trabajaron». Las regulaciones de Mercasevilla fueron aprobadas por un antiguo director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, sobre quien los actuales responsables autonómicos y el propio PSOE intentan ahora concentrar toda responsabilidad. Pero la Policía y la Justicia también cuestionan la legalidad de esa fórmula de autorización y financiación pública de ERE, a través de un organismo autónomo –el Instituto de Fomento de Andalucía, ahora Agencia IDEA– que eludía los habituales controles administrativos, y que han mantenido tres consejeros de Empleo. Hasta que estalló el «caso Mercasevilla».

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