Finca Terol - Alicante

- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TIBI (ALICANTE), EJERCICIOS 1994, 1995 Y 1996 (Número de expediente del congreso 251/000092 y número de expediente del senado 771/000092.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al punto noveno del orden del día: Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Tibi, Alicante, ejercicios 1994, 1995 y 1996.

Tiene la palabra el señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El informe de fiscalización del Ayuntamiento de Tibi, Alicante, correspondiente a los ejercicios 1994, 1995 y 1996, fue aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas en octubre de 2001.

La iniciativa fiscalizadora corresponde a las conclusiones de un procedimiento de reintegro por alcance, archivado por la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal, en el que se consideraba oportuno realizar una fiscalización especial de este ayuntamiento, en particular de los ejercicios 1994 a 1996. Los resultados de la fiscalización han puesto de manifiesto la carencia de un plan general de ordenación urbana, realizándose el desarrollo urbanístico mediante normas subsidiarias. Estas normas subsidiarias, aprobadas en 1983 y modificadas en 1991, consideraban suelo urbano o apto para la urbanización el de las zonas con plan parcial aprobado y ejecutado mayoritariamente. Por otra parte, no

constan los proyectos de urbanización, aun cuando en el municipio se han desarrollado hasta seis urbanizaciones, de las que únicamente una tiene aprobado su proyecto, aunque incompleto y no ejecutado. Además, el ayuntamiento no ha ejercitado las competencias de control y disciplina en materia urbanística, lo que en concreto en el área de la gestión económico-financiera ha originado una merma de ingresos y, en el área de obras, la autorización de altas de servicios como los suministros de energía eléctrica y agua, sin seguimiento de la ejecución de la obra.

Respecto al endeudamiento, dos préstamos concertados por el ayuntamiento superaban en ambos supuestos el 5 por ciento de los recursos por operaciones corrientes del ejercicio anterior, por lo que se debió solicitar autorización al Ministerio de Economía y Hacienda. Respecto de otros créditos por 37,1 millones de pesetas, formalizado con una entidad financiera en 1994 y sin que conste la preceptiva solicitud de autorización ministerial correspondiente, el ayuntamiento no había procedido a la conclusión de la fiscalización, a su reembolso ni el abono de intereses, que a 31 de diciembre de 2000 ascendían en conjunto a 105,6 millones.

En el área de personal se detectaron determinadas actuaciones irregulares que se derivan de un pacto sobre condiciones socio-profesionales y económicas, suscrito entre el ayuntamiento y los representantes del personal, mediante el cual se autorizaba la compatibilidad entre la percepción de un complemento específico y el ejercicio de otra actividad; la inclusión en las pagas extraordinarias de los complementos específicos y de destino; se fijaban otras percepciones retributivas no previstas en la legislación básica de la función pública local; se establecía un régimen de excedencias, permisos y vacaciones que contravenían la Ley 30/1974; y se fijaba una jornada de trabajo de 35 horas semanales, inferior a la preceptiva. El informe concluye con seis recomendaciones a fin de subsanar las deficiencias e irregularidades puestas de manifiesto en el mismo.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Franco.

El señor FRANCO GUTIEZ: Muchas gracias, señor presidente del Tribunal, por el informe que ustedes nos han trasladado.

Esta mañana municipalista creo que está trufada toda ella por una línea que concluye en este pequeño municipio y que podríamos definir como desorden, corruptelas y escándalos. Es un común denominador, desde mi punto de vista, al repaso que se ha hecho de los ayuntamientos de Valencia, Santander, Logroño y León. Es la confusión -en este caso, con más crudeza, el paradigma- más clara entre lo público y lo privado, con sospechas claras en este caso de corrupción y, sin duda, con responsabilidades contables e incluso responsabilidades penales. Este pequeñísimo municipio de 1.700 habitantes no sólo no ha adecuado su organización a un crecimiento urbanístico extraordinario -más de 500 hectáreas disponibles para urbanización-, sino que yo diría que de forma clara la propia corporación, encabezada por su alcalde, ha contribuido a amparar, junto con algunos directivos de cargos municipales, un desorden impresionante y un notable perjuicio para los ciudadanos de este municipio. Un desorden urbanístico; decía que había 500 hectáreas disponibles para urbanizaciones. Como bien ha dicho el presidente del Tribunal, no hay plan general de ordenación urbana y se rige por las normas subsidiarias de 1986.

En cuestión urbanística, pues, permisividad municipal unida a la falta de vigilancia urbanística y a la voluntad de restaurar las infracciones cometidas con la exigencia de obligación de ejecutar las obras de urbanización, con una carencia absoluta de información en seis urbanizaciones con más de 200 edificios construidos, que en la gran mayoría son viviendas habituales.

En este municipio se producía una absoluta carencia generalizada de control y disciplina a la hora de controlar las obras y las edificaciones. No hay, ni se producían, otorgamientos de licencia de primera ocupación. No se ha incoado ningún expediente que se conozca, habiendo, como decía el presidente del Tribunal, seis planes parciales, sólo uno con proyecto pero no completo, que además se desarrolla no de acuerdo al proyecto sino como quieren o les apetece a los responsables, dueños o promotores de este conjunto de viviendas, y que ha significado un notable perjuicio económico para el ayuntamiento, con una clara minoración de ingresos inherentes a la gestión urbanística: el IBI, el valor añadido de los terrenos de naturaleza urbana, las tasas, las contribuciones especiales, las licencias de obra. Sin embargo, no ha sido óbice para que a esta única urbanización, que tenía un proyecto limitado y no cumplido de acuerdo al proyecto, se le hayan permitido las licencias de obra y las altas de servicios como el agua o la electricidad. En todo este aparente maremágnum, desorden impresionante, no se ha producido ni una sola cesión de terrenos que, de acuerdo al desarrollo urbanístico, corresponde al municipio. Sin embargo, antes he dicho que es una permisividad, una complicidad entre los responsables de la corporación y algunas personas, que vamos a relatar de forma sucinta para que veamos el nivel de presunta corrupción, por no hablar de delincuencia.

El secretario del ayuntamiento era al mismo tiempo el asesor jurídico de una de las urbanizaciones -la que he dicho que tenía un proyecto incompleto-, era el asesor jurídico de la asociación de propietarios de la finca Terol, una de las urbanizaciones de cerca de 200 hectáreas. No es extraño, si él era el asesor de esta urbanización, que no incoase ningún expediente de infracción. Además, el ayuntamiento contrata unos servicios jurídicos externos y lo hace con el servicio jurídico de este secretario del ayuntamiento, lo que le cuesta al ayuntamiento unos once y pico millones, a un ayuntamiento pequeñito, de 1.700 habitantes, con escasos recursos

porque, por un lado, gastaba dinero en los recursos y, por otro, permitía que el secretario tuviese compatibilidad para ayudar al desorden urbanístico o a la delincuencia urbanística de la zona. Es más, el ayuntamiento contrata a un ingeniero a tiempo parcial durante uno, dos o tres años, que no figura en plantilla, le dan compatibilidad y este ingeniero es el que hace el plan de la finca Terol incompleto; el ayuntamiento lo aprueba -lógicamente, no hay ningún seguimiento por parte de los responsables de lo que no consideran oportuno en función de sus intereses urbanísticos- y le pagan 37 millones. Pero lo más chusco del caso es que el ayuntamiento pide un crédito de 37 millones, sin autorización, y el Ministerio de Economía se lo deniega, para pagar esos 37 millones, que era la deuda que tenían los urbanizadores con este señor por hacerles el proyecto.

Es decir, el alcalde del pueblo, el secretario y el equipo municipal, están en un tinglado urbanístico y, al final, los únicos que salen perjudicados son los ciudadanos y la política. ¿Cómo se puede valorar este comportamiento político? Explicamos por qué no hay infracciones en este pueblo, por qué no hay recaudación de impuestos y por qué hay tal desmadre desde el punto de vista urbanístico, consentido, amparado, protegido desde el municipio.

Es verdad que este alcalde en 1995 es cesado por los ciudadanos, votan a otro, pero hasta 1996 no se cesa al secretario, que era el arte y la parte en el perjuicio notable para los intereses del ayuntamiento, un año después de salir elegida la nueva corporación. No conocemos ni consta que la nueva corporación haya levantado ni un expediente de sanción contra los que han infringido la norma. Son muchas viviendas, el tribunal ha elegido ocho o diez expedientes, y el propio informe lo dice, son expedientes que no tienen prácticamente ningún control. Repito, el ayuntamiento se endeuda porque no tiene ingresos, porque hay una serie de pillos que se lo llevan por otro lado o que dejan que se lo lleven otros; se endeuda sin permiso, quebrantando la legalidad del 25 por ciento, sin contabilizar los intereses que generan estos créditos que pide el ayuntamiento para ayudar a particulares. Incluso el actual alcalde reconoce que era para que los encausados o sus familiares compraran terrenos. Es un auténtico despropósito.

Para culminar el proceso, el alcalde actual está incurso en otro proceso judicial como consecuencia de unas diligencias abiertas por el fiscal por una serie de procedimientos en este ayuntamiento que el fiscal consideraba irregulares o ilegales. Y están encausados tanto el alcalde como cuatro concejales más del mismo partido, del Partido Popular. Amén de eso, hay otro pronunciamiento por prevaricación contra toda la corporación a instancias de una asociación de propietarios de la llamada finca Terol, a quienes perjudica lo que en este momento quiere hacer el alcalde de repartir entre todos lo que hay que repartir, los costos, y por tráfico de influencias contra la promotora.

Este es el ejemplo más desagradable, más triste, de mal funcionamiento de una corporación pública que debe estar al servicio fundamentalmente de los ciudadanos. Por consiguiente, manifestamos nuestro profundo pesar por este tipo de comportamientos. Exigimos que se tomen las medidas que competen a los responsables políticos, bajo cuya égida están estos señores, y nosotros plantearemos las correspondientes propuestas el día que nos toque en la propia Comisión.

Esto merece la pena leerlo.

saludos

Los del PARTIDO POPULAR tienen muy poca memoria.

Esta claro que nos encontramos en esta situaciÓn, como consecuencia de la gestiÓn corrupta del partido popular durante los aÑos que se indican en el anterior mensaje. por favor¡¡¡¡¡ no vayamos a caer en el mismo error¡¡¡¡.

Como dice la canción, actualmente... " ...no cambia la historia, solo cambia el autor...."

" De la independencia de los individuos, depende la grandeza de los pueblos."

- José Martí -