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RAJOY DICE HABER "APRENDIDO" DE LA GÜRTEL AL TIEMPO QUE TIENE "LA MEJOR DE LAS OPINIONES" DE BÁRCENAS Y COSTA
El presidente del Partido Popular ha evaluado el año que concluye y lo ha hecho mostrándose satisfecho con su gestión de la GürteL, la trama de corrupción que ha sacudido a su formación. Asegura que "ha aprendido" de este asunto y se compromete personalmente a evitar "cualquier situación de corrupción". En cualquier caso, dijo tener "la mejor de las opiniones" sobre dos de los dirigentes salpicados por la trama, el tesorero -que dimitió "temporalmente" del cargo- Luis Bárcenas, y el ex secretario general del partido en Valencia, Ricardo Costa. Menos condescendiente se ha mostrado con la gestión del Gobierno, al que ha acusado de "engañar" en economía instándole a cambiar "de la A a la Z" en esta materia, advirtiendo de la posibilidad de plantear una moción de censura "en el tiempo que estimemos conveniente, que no es hoy". También olvidó la negociación del Gobierno de Aznar –del que Rajoy formaba parte- para asegurar, a la hora de abordar el secuestro de los cooperantes españoles en Mauritania, que "siempre diré que no se negocie ni con secuestradores ni con terroristas".
En su balance del año, Rajoy ha puesto como ejemplo de su compromiso contra la corrupción el nuevo Código de Buenas Prácticas aprobado por la Ejecutiva de su partido hace pocas semanas, asegurando que va más allá incluso "de lo que marcan las leyes" y que "ningún partido tiene un código ético como el que tiene el Partido Popular". El líder del PP ha asegurado que tiene "la mejor de las opiniones" tanto de Bárcenas, como de Costa y del vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo, también suspendido de militancia cautelarmente. Insistió en que las decisiones internas sobre Costa y Cobo recaen en el Comité de Derechos y Garantías del partido, evitando así profundizar en estos casos.
Además de hacer un balance muy positivo de la situación de su partido, Rajoy arremetió contra la gestión del Gobierno en este 2009, que calificó de "año perdido" en economía. Acusó a Zapatero de "engañar y edulcorar" la realidad económica e insistió en que las medidas del Gobierno "son equivocadas y hay que cambiarlas de la A a la Z". Apuntó que con el PP en el poder "no estaríamos en esta situación porque habríamos hecho otra política económica y no estaría el señor Rodríguez Zapatero diciendo cosas diferentes que no se han cumplido".
La receta del PP para atajar la crisis económica es una reforma del mercado laboral "seria" que resuelva los problemas de los jóvenes para tener un empleo estable y, sobre todo, resolver el problema del déficit y de la deuda pública porque "se está hipotecando el futuro de los españoles". Advirtió asimismo de que su partido puede presentar una moción de censura contra el Gobierno y "lo haremos si lo estimamos conveniente y en el tiempo que estimemos conveniente, que no es hoy".
En el turno de preguntas, el líder del PP volvió a lanzar reproches al Gobierno por el terrorismo. Preguntado por si mantiene respecto a los cooperantes secuestrados por Al Qaeda en Mauritania su oposición al pago de rescate como con el Alakrana, Rajoy aludió al Ejecutivo. "¿Hay algún dirigente en el mundo que sea favorable a negociar con terroristas o secuestradores? No lo hay y yo desde luego siempre diré que no se negocie ni con secuestradores ni con terroristas", respondió. Rajoy formaba parte del Gobierno de Aznar que negoció con ETA en 1998.
En cuanto a terrorismo, Rajoy también regañó al ministro de Interior por alertar de la posibilidad de que ETA atente o secuestre: "Sería bueno que los responsables de Interior hicieran una reflexión porque algunas decisiones se acaban convirtiendo en polémicas que no ayudan en nada a la lucha antiterrorista". También reclamó "prudencia" a Rubalcaba, recordando así la acusación del responsable de comunicación del PP, Esteban González Pons, al ministro de Interior, al que tachó de "imprudente". Rajoy también ha confirmado que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional la nueva legislación sobre el aborto, que acaba de ser aprobada por el Congreso y que en febrero pasará a discutirse en el Senado. Cree que este asunto, como la retirada de los crucifijos de las escuelas, responde al "empeño" del Gobierno socialista de poner sobre la mesa "asuntos que nadie demanda, que no figuraban en su programa electoral y que dividen a los españoles".
(www.elplural, 31/12/09)

INDEMNIZACIÓN DE 20 MIL EUROS PARA ALFONSO BOSCH, IMPUTADO EN EL CASO GÜRTEL
El ex diputado madrileño Alfonso Bosch Tejedor, imputado en el caso Gürtel, se llevará 20.000 euros por su despido de la Empresa Municipal de la Vivienda de Boadilla del Monte, de la que fue expulsado precisamente por su vinculación con la trama de corrupción que afecta a altos cargos del PP.
El ex diputado popular denunció en los juzgados su destitución como un despido improcedente. La sentencia concluye ahora que el Ayuntamiento de Boadilla cometió un fraude de ley, porque Bosch firmó por un contrato de obra y servicio, cuando era el máximo directivo con amplios poderes y no podía tener un contrato temporal.
La sentencia ha establecido una indemnización de 20 mil euros, frente a los 43 mil que el ex diputado de la Comunidad de Madrid, acusado de cohecho y tráfico de influencias, había pedido, según la Ser.

Según uno de los autos del juez de la Audiencia Nacional BaltasarGarzón, durante su etapa como gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, desde 2003 a 2009, Bosch Tejedor se llevó al menos 250.000 euros de la red de la trama Gürtel por intermediar en la adjudicación de contratos a constructoras.
A Alfonso Bosch Tejedor le fue impuesta una fianza de 750.000 euros por sus actuaciones en el caso Gürtel. Bosch es ahora diputado no adscrito a ningún partido en la Asamblea de Madrid, aunque tanto él como los otros dos expulsados del Grupo Popular, López Viejo y Martín Vasco, acuden puntualmente a las votaciones parlamentarias para votar con el PP.
Alfonso Bosch Tejedor está acusado de haber concedido a dedo el contrato de la Oficina de atención al ciudadano de Boadilla durante 14 años a la trama corrupta. Además, presuntamente intercedió para dar a la constructora Hispánica (presente en todo el sumario) la construcción de la ciudad deportiva municipal y adjudicó unos locales a la empresa Rústicas MBS, administrada por el también imputado José Ramón Blanco Balín, vicepresidente de Repsol durante la etapa de Aznar.
(www.elpais.com, 30/12/09)

ESTOS QUE HAN SIDO EXPULSADOS DEL PARTIDO AL DISPONER DE SU ACTA DE DIPUTADO SIGUEN VOTANDO A FAVOR DEL PP. ESO DEMUESTRA QUE EL PP ESTA POR LA LABOR DE "ACOGER" LOS VOTOS DE AQUELLOS CHORIZOS QUE UN DIA EXPULSARON CARA A LA GALERIA, PERO QUE REALMENTE LES DAN SU APOYO. ME ASOMBRA MUCHO LA FRASE DE RAJOY CUANDO SE LE LLENA LA BOCA DICIENDO ..."ningún partido tiene un código ético como el que tiene el Partido Popular".

DESDE LUEGO QUE NO HAY NINGUN PARTIDO CON SEMEJANTE "CODIGO ETICO"

Una grabación anterior a que estallara el caso Gürtel recoge cómo El Bigotes alerta a Costa de que algo está ocurriendo y le pide que vaya a su despacho para hablar del problema

De que las cosas se estaban poniendo feas se percató Álvaro Pérez, el hombre de Francisco Correa en la Comunitat Valenciana, antes de que intuyera que podía tener pinchado el teléfono. De haberlo sabido quizá habría sido más prudente en una de las conversaciones que mantuvo con el secretario general del PP en la Comunitat antes de que estallara la operación Gürtel y que el secretario general del PP y portavoz popular en las Corts, Ricardo Costa, tuvo que escuchar el martes pasado durante su comparecencia ante el juez José Flors.

En la grabación se oye cómo Álvaro Pérez, El Bigotes, le pide a la mano derecha del jefe del Consell que vaya a su despacho para hablar porque, dibuja gráficamente, "tenemos un marrón". Frente al nerviosismo del responsable de Orange Market, Costa parece asumir la cuestión con calma e incluso le dice a su ahora compañero de proceso que no sabe a qué viene tanta preocupación.

Ésta es sólo una de las pruebas que forman parte de la investigación por cohecho que está llevando el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en la que están imputados el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, su mano derecha Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, además de El Bigotes.

8,2 millones en cinco años

Todos ellos han prestado declaración esta semana y han escuchado grabaciones dentro de una instrucción que pretende esclarecer si existe relación entre los trajes que presuntamente pagaron firmas del entramado empresarial de Francisco Correa -para regalárselos a los imputados- y las adjudicaciones a las empresas de la trama corrupta por parte de la Generalitat. Entre los contratos públicos y los firmados con el PP suman 8,2 millones sólo en los últimos cinco años.

Los testimonios que el magistrado ha escuchado esta semana son sólo una parte de la instrucción que ha de completarse con el análisis de numerosa documentación. Para ello, la Fiscalía Anticorrupción está valorando recurrir a la Agencia Tributaria o a censores de cuentas. Entre las grabaciones se encuentra la del ex director de ventas de las tiendas donde se adquirieron los trajes, José Tomás, quien ha ratificado en el TSJ que Camps nunca pagó y que lo hacían empresas de Correa.

A los papeles que ya obran en poder del juez Flors se sumarán también otros documentos que en la actualidad se encuentran bajo secreto de sumario en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dentro de la pieza principal de esta causa, que serán remitidos a Valencia para su análisis en cuanto se levante la medida.

A estas pruebas se unirá ahora la práctica de diligencias que plantee la nueva parte, en caso de que el magistrado acepte la personación en el proceso que el PSPV hará efectiva en los próximos días. Esto, sin duda, prolongará una investigación que, fuentes cercanas al caso, aventuraban rápida hace menos de quince días.

Tanto es así que incluso estaban convencidas de que las declaraciones de esta semana prácticamente iban a ser una antesala al fin del caso en lo que al jefe del Consell respecta, para quien se vaticinaba el archivo de unas actuaciones que habrían seguido abiertas para el resto de los imputados y de las que Costa sería el que peor parado saliera.

No obstante, la causa sigue viva a la espera de que Flors concluya sus indagaciones y opte por abrir juicio oral para uno, varios o todos los imputados o la archive.

www.levante-emv.com 24.05.09

Borrado por Foro-ciudad.com

El Gobierno de Camps reconoce que pretende usar Sitel para invalidar Gürtel

El Consell valenciano ha asegurado que pedirá la nulidad del proceso que investiga el caso Gürtel si se comprueba que en las grabaciones telefónicas al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se utilizó el sistema Sitel. Así lo ha hecho la portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, que alegó que el uso de ese sistema “vulneraría los derechos fundamentales". Hasta ahora, desde el PP insistían en la ilegalidad de SITEL pero cuidándose de relacionarlo con el proceso judicial de la Gürtel, incluso ayer el responsable de comunicación del partido, Esteban González Pons, insistía en que no quería que se anulara “porque eso dejaría una nube de sospecha injusta e innecesaria”.

Sánchez de León abordó en rueda de prensa la postura de la Generalitat valenciana ante una posible ilegalidad en el uso de SITEL, el sistema por el cual la policía puede intervenir teléfonos con autorización judicial. “Si fuera motivo para suspender, por supuesto que pediríamos la suspensión, la nulidad de actuaciones", explicó, añadiendo que en cualquier caso "no es una cuestión sobre la que en este momento pueda pronunciarme todavía".

“No hay suficiente regulación”

La portavoz del Consell entiende que "no hay una suficiente regulación" en torno a Sitel ni "están suficientemente garantizados los derechos fundamentales” no respecto al sistema en sí sino “con la forma en que se está aplicando". También en relación a la Gürtel, confirmó que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha solicitado a documentos a la Generalitat sobre algunos de sus organismos, como la fundación V Encuentro, que se encargó de organizar la visita del Papa a Valencia en 2006.

El PP negaba relación

Las declaraciones de Sánchez de León contrastan con la postura oficial mantenida por el PP hasta ahora, y que pasaba por reclamar una ley órganica para regular lo que consideran un sistema ilegal pero también por presentar sus ataques a Sitel como independientes de sus problemas con la Gürtel. El propio vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, declaró ayer que “no queremos que se anule el juicio del caso Gürtel por culpa de SITEL, porque eso dejaría una nube de sospecha injusta e innecesaria”.

www.elplural.com 20.11.09

Borrado por su Autor.

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La información publicada en la portada del lunes por el diario El País "no es nueva" y ya "ha sido perfectamente explicada" por el PP. Así lo ha asegurado la portavoz popular en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría. "No es en absoluto una novedad aunque aparezca recurrentemente y se han dado las explicaciones oportunas", ha señalado Sáenz de Santamaría sobre la información referente a viajes privados de cargos del PP. La portavoz popular ha afirmado que su partido ha explicado "clarísimamente algunas cosas que se han apuntado y que no son", y ha criticado las "elucubraciones". También ha calificado de "mera elucubración" una posible financiación ilegal del PP a propósito de la trama de Correa.

La información publicada por El País indica que el juez principal del caso Gürtel, Antonio Pedreira, investiga documentación sobre viajes privados de diversos dirigentes del PP a través de la agencia de Francisco Correa. "Me suena a otras informaciones idénticas que han salido antes", ha contestado la portavoz popular. Según ha dicho, "aquí estamos adelantándonos muchísimo en hipótesis que no tienen ninguna base. De aquí a que una agencia organice viajes, de una noticia que ha sido desmentida, y hacer ese salto...", ha señalado en declaraciones a Telecinco.

Santamaría ha rechazado hablar de hipótesis que "en absoluto" están demostradas y no pasan de ser "una mera elucubración", en referencia a una posible financiación ilegal del PP a propósito de la trama de Correa. La portavoz popular ha recordado la postura del presidente de su partido, Mariano Rajoy, quien el domingo negó su intención de dimitir en caso de que se descubriera que el PP se ha financiado irregularmente. Santamaría ha defendido que "cada uno tiene que ser responsable de sus actos y de los que ha podido conocer o compartir temporalmente" y ha recordado que el líder popular ya ha dicho que ni le afecta ni lo hubiera tolerado de haber conocido este extremo.

'Penas de telediario'

"Una imputación no es una acusación formal", ha afirmado al ser preguntada sobre la imputación del tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas. Por otra parte, ha hecho hincapié en que la inmensa mayoría de los políticos son gente "íntegra" y ha denunciado las "penas de telediario" a las que en ocasiones se somete a algunos dirigentes. La portavoz popular ha pedido "prudencia" a la hora de juzgar a la clase política, y ha precisado que hay que ser "durísimo" para quien " haya metido mano en la caja".

"Los partidos exigimos que sean íntegros porque a nadie nos gusta que puedan aparecer cosas así de compañeros, perjudican a todos y a la confianza de los ciudadanos en el sistema de la democracia", ha explicado, además de recordar el Código de Buenas Prácticas que aprobó su partido. Sáenz de Santamaría ha reclamado dignificar la actividad política, a la que muchos se dedican con "vocación", y ha lamentado el "descrédito generalizado" que lleva a "mucha gente" a no dedicarse a ella. "La mejor manera de evitarlo es que la entrada y la salida en la política fuera más fácil, especialmente la entrada porque no es bueno que desde el minuto cero estés sometido a sospechas de corrupción", ha explicado.

P. R. F. Mariano Rajoy trató ayer de desmarcarse del caso Gürtel y dejó claro que no será él, en ningún caso, el que acabe asumiendo responsabilidades si se detectan irregularidades en la financiación del PP. Todo lo contrario. El líder popular, con el nuevo año, trató de pasar página sobre la trama después de la decisión de Anticorrupción de reactivar la investigación sobre la supuesta financiación ilegal del partido en la Comunidad. En una entrevista en la cadena Ser, se desvinculó por completo de la trama que dirigía Francisco Correa con El Bigotes como delegado en Valencia y luego ni siquiera citó el asunto ante la junta directiva del PP, de la que Francisco Camps, una vez más, se volvió a ausentar.
El líder popular aseguró que, hasta donde a día de hoy conoce, el caso Gürtel no implicó financiación irregular del PP. Afirmación que, sin embargo, no avalan ni los informes policiales ni la intención de la Fiscalía de intentar hurgar en las cuentas de los populares valencianos. Rajoy, que reconoció las dificultades por las que ha atravesado en 2009, subrayó que, si se demuestran irregularidades, en todo caso, no afectarían a su gestión. "En ese asunto estoy muy tranquilo. No dimitiría. Si se demuestra que hubo financiación, yo no tendría nada que ver", aseveró Rajoy para trasladar la responsabilidad a otros dirigentes populares y antes de recalcar, durante su intervención radiofónica, que ninguno de los imputados "dio ni un sólo euro" al partido. Para los socialistas, en opinión de Leire Pajín, Rajoy demuestra que "no quiere llegar hasta el final en este asunto".
Posteriormente, ante los miembros de la junta directiva nacional del PP, Mariano Rajoy eludió casi por completo el tema, explicaron fuentes populares. No tocó ninguno de los temas espinosos de la agenda política que afectan a la Comunidad. Aunque, eso sí, de forma enigmática, se limitó a vaticinar "dificultades" para los próximos meses. A la convocatoria, por cuarta vez en los últimos meses, no acudió Camps. La representación del PP de la Comunidad estuvo encabezada por Rafael Blasco y Antonio Clemente, al margen de Esteban González Pons. Rajoy dedicó al término del encuentro veinte minutos a la delegación valenciana, a los que, explicaron fuentes del PP, pidió unidad y evitar los conflictos internos, en referencia a Alicante, durante 2010. Joaquín Ripoll, que habló con Antonio Clemente por teléfono, no pudo acudir a la reunión tras la cancelación de su vuelo.

Ofensiva en las Cortes contra la corrupción
Compromís -el grupo que comparten en las Cortes los diputados del Bloc e Iniciativa- presentó ayer un plan de choque contra la corrupción, que incluye varias proposiciones de ley encaminadas a controlar los regalos recibidos y otorgados por los empleados públicos, así como las contrataciones realizadas por la Generalitat. Así lo dieron a conocer ayer las diputadas Mònica Oltra y Mireia Mollà, quienes han afirmado que el objetivo de este plan, denominado es que haya "normas que eviten esas conductas de gente que se deja corromper". Concretamente, Compromís propone la elaboración de dos leyes que regulen tanto los obsequios que reciben los funcionarios, autoridades o empleados públicos, así como las atenciones protocolarias y gastos de representación que realice la administración autonómica. La formación también reclama que los grupos parlamentarios tengan representación en las empresas y las fundaciones públicas.

caso Gürtel El juez del caso Gürtel trabaja a contrarreloj para levantar el secreto de otro tercio del sumario

Pedreira tiene intención de dar a conocer buena parte de la 'trama madrileña' pero mantendrá oculta las comisiones rogatorias para recuperar 40 millones de euros.

Autor:
Melchor Sáiz-Pardo | Colpisa
Fecha de publicación:
10/1/2010
Hora:
Actualizada a las 20:20 h

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Los funcionarios de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) trabajan a destajo para poder cumplir la promesa del juez Antonio Pedreira de levantar el secreto del sumario de otro buen pedazo del 'caso Gürtel' antes de que termine enero. La intención del instructor, tras prorrogar varios meses la opacidad de las actuaciones para no perjudicar las investigaciones en marcha, es dar a conocer buena parte del nudo gordiano de la trama: los chanchullos del líder de la red corrupta, Francisco Correa, en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y con ex diputados de Esperanza Aguirre.

Según han desvelado esta semana fuentes del caso, el levantamiento del secreto (siempre que se solventen los habituales problemas técnicos y de falta de medios del TSJM) podría afectar a un tercio de los más de 60.000 folios de los que ya consta la causa 'Diligencias Previas 1/09'. Sería, según las estimaciones del TSJM, un volumen similar al destapado el pasado octubre cuando salieron a la luz cerca de 17.000 páginas de documentos.

Aquellos papeles conocidos hace tres meses eran exclusivamente parte de la investigación preliminar que instruyó el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, hasta que tuvo que inhibirse el 6 de marzo del año pasado al aparecer como implicados aforados autonómicos y nacionales, tales como el presidente valenciano, Francisco Camps, o el ex tesorero Luis Bárcenas. Ahora, Pedreira sacará a la luz «buena parte» de la investigación que él mismo ha dirigido desde que se hiciera cargo del tronco central de la causa y que se ha centrado en la Comunidad de Madrid.

Entre los documentos que dejarán de ser secretos estarán, según responsables del caso, numerosos contratos «millonarios» (a veces amañados, otros a dedo) firmados por los ayuntamientos madrileños que Correa atrapó en su redes de corruptelas y favores, tales como los consistorios de Boadilla del Monte, Pozuelo, Majadahonda y Arganda del Rey. En esos papeles, sostienen los investigadores, hay menciones a concursos que el entramado FCS (Francisco Correa Sánchez) ganó esos y otros municipios, también de fuera de la Comunidad de Madrid, y con todo tipo de administraciones de todo el país.

Otro de los grandes ejes de la investigación y que ya está «maduro» para ver la luz sin interferir en las pesquisas de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) es el de los favores que miembros -ya dimitidos- del Ejecutivo regional madrileño hicieron a Correa a cambio de dádivas. En el centro de esa red desde el principio aparecieron los nombres de los ya ex diputados autonómicos Alberto López Viejo, Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco.

En esa parte del sumario figuran igualmente copias de movimientos bancarios y transferencias, descubiertas por la Hacienda Pública, que probarían, no sólo el pago de coimas a representantes públicos, sino fraudes millonarios al erario por parte de varios de los 70 imputados que hay en la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En tinieblas

Pedreira y los especialistas de la UDEF estudiarán esta semana hasta dónde llegar con el levantamiento del secreto sobre las corruptelas nacionales de Correa y los ex dirigentes del PP imputados. Lo que sí tienen claro tanto el instructor y como los funcionarios de Policía Judicial es que no verá la luz ni un solo papel de la vasta investigación internacional para tratar de recuperar parte de los entre 40 y 50 millones de euros que el empresario y alguno de los imputados sacaron al extranjero.

El juez ha cursado en los últimos meses no menos de 24 comisiones rogatorias a, al menos, 15 países diferentes, entre ellos, Suiza, Mónaco, Reino Unido, Estados Unidos, Colombia, Panamá, Portugal y a los paraísos fiscales de las Islas Caimán y Antillas Holandesas. La mayoría de estas peticiones de colaboración aún no han sido respondidas o han sido resueltas sólo en parte, por lo que desvelar esas gestiones, entiende el juez, sería contraproducente para la investigación. De hecho, la justicia madrileña cree que algunas de las comisiones tardarán años en ser completadas y que algunas, sobre todo las dirigidas a los off shore, nunca serán respondidas. Por ahora, la callada ha sido la respuesta de algunos de los denominados territorios no cooperantes requeridos por el magistrado.

Desde un principio, Antonio Pedreira -que investiga el cohecho, falsedad y tráfico de influencias en la trama- ha considerado primordial aclarar también la evasión de capitales. En los últimos meses ha contado con la colaboración de dos figuras supuestamente claves en la construcción de esa red empresarial internacional: el gestor Arturo Gianfranco Fasana y el abogado Luis de Miguel Pérez.

Los datos aportados por ambos, cuya ayuda ha sido reconocida por el TSJM, serán parte de las informaciones que seguirán bajo un tupido velo judicial.

NOTICIA DE HOY DIA 13 DE ENERO DE 2010
El juez que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, decidió ayer mantener la imputación a la concejal de Presidencia y Mujer del Ayuntamiento de Pozuelo, Yolanda Estrada, a la que achaca los delitos de tráfico de influencias y cohecho por su supuesta participación en la trama. Tras prestar declaración ante el juez, la edil presentó la dimisión en el Consistorio madrileño. Estrada dejará de ejercer todos los cargos que desempeñaba, entre ellos la Secretaría de la Junta de Gobierno y las concejalías de Presidencia, Mujer, Cultura, Relaciones Institucionales y Protocolo, aunque seguirá siendo miembro del grupo popular en el Ayuntamiento de Pozuelo.
La edil acudió ayer a declarar para defender su inocencia y aclarar algunos de los asuntos que se le imputan. Un auto del magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, sostiene que ella era el enlace entre el Ayuntamiento de Pozuelo y la trama liderada por Francisco Correa. Estrada es una de las personas de confianza del actual alcalde, Gonzalo Aguado, quien tomó el poder tras la renuncia del anterior regidor, Jesús Sepúlveda, también imputado en el caso Gürtel.
Fuentes del PP en la sede de Génova aseguran que "se seguirá el mismo criterio que con todos los imputados". Las mismas fuentes aseguran que se baraja la suspensión temporal de militancia de Estrada, al igual que ha ocurrido con los otros implicados en el caso Gürtel.
Hoy se celebra una reunión de la dirección del PP madrileño, presidido por Esperanza Aguirre, donde se decidirá qué medidas se le impondrán.El juez instructor del caso Gürtel en Madrid interrogó durante unos 90 minutos a la ex edil del área de la Mujer y Presidencia del Ayuntamiento de Pozuelo. El Tribunal Superior de Madrid (TSJM) decidió no imponer ninguna fianza ni medida cautelar a Estrada, que ocupaba la Concejalía de Obras Públicas cuando ocurrieron los hechos que se investigan en relación con la trama corrupta dirigida por Francisco Correa. Tras prestar declaración, Estrada señaló que era "completamente inocente" y negó su "participación" en la trama corrupta.
En el auto de Garzón se indica: "Una vez que Jesús Sepúlve-da ganó las elecciones en Pozuelo, el grupo empresarial investigado [el de Correa] empezó a hacer eventos para este municipio y les compró el proyecto de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC)". Al ex alcalde de este municipio, Jesús Sepúlveda, Garzón le atribuye el cobró dinero de la contabilidad B de Correa por importe de 422.000 euros. Según la investigación, además Correa habría regalado supuestamente un Jaguar a Sepúlveda cuando éste era senador del PP.
La ex edil indicó ayer que sus abogados van a presentar un escrito ante el juez Pedreira solicitando que archive las actuaciones. Añadió que se había limitado a hacer su trabajo y pidió la presunción de inocencia para ella. "Los políticos tienen la desgracia de vivir las imputaciones como condenas, y sobre todo como condenas mediáticas", dijo. Y añadió: "Para mí esto puede suponer la suspensión de mi sueldo, de vivir de mi sueldo. Tengo la conciencia muy tranquila, soy inocente, no he hecho absolutamente nada más que mi trabajo".
La ex concejal imputada entró en el Consistorio de Pozuelo de la mano de Sepúlveda en 2003, quien la puso al frente de la Concejalía de Obras hasta el verano de 2008, cuando pasó a ocuparse de la Secretaría de la Junta de Gobierno municipal. Tras conocerse la destitución de Sepúlveda como alcalde, pasó a ocupar la Concejalía de Presidencia.
Además de Estrada, el juez Pedreira interrogó ayer como testigos a Rafael de Valle Iturriaga, Miguel Ángel Vara, Raúl Heras y al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard Remón. Todos ellos, según informó ayer el Tribunal Superior, "han aportado datos probatorios que servirán para la averiguación de la verdad del procedimiento".

NOTICIA DEL 14 DE ENERO DE 2010
Dos constructoras que supuestamente financiaron al PP recibieron plusvalías de más del 10% al abandonar el proyecto
La trama Gürtel se benefició también del polémico proyecto de El Cabanyal
Dos de las constructoras vinculadas a Francisco Correa que, según el informe de la Brigada contra el Blanqueo, pudieron financiar de manera irregular al PP de Valencia, se vieron beneficiadas por cuantiosas plusvalías del erario público a través de la controvertida operación urbanística del barrio valenciano de El Cabanyal. Sedesa y Lubasa entraron a formar parte de la sociedad mixta participada por la Generalitat y por el Ayuntamiento de Rita Barberá para construir nuevas viviendas en el barrio pero, tres años después, abandonaron el proyecto recibiendo plusvalías del 10 por ciento de su inversión inicial.
El enfrentamiento entre el Ministerio de Cultura y Rita Barberá es actual, pero en 2005 el proyecto estaba en pleno auge y la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia crearon la sociedad Cabanyal 2010 SA, participada por ambas instituciones en un 55 por ciento. Al proyecto se incorporaron también 11 constructoras que pretendía desarrollar más de 1.500 nuevas viviendas en el barrio.

Plusvalías por encima del 10%
Entre estas constructoras, a las que se adjudicó el proyecto a dedo, se encontraban dos de las sociedades de Francisco Correa que supuestamente financiaron de manera irregular el PP de Camp: Sedesa y Lubasa. La sociedad se disolvió tres años después, en 2008, y aunque ya presentaba pérdidas en esa época, las constructoras salieron muy beneficiadas del cierre. Según informa el diario Público, el último informe de la Sindicatura de Comptes (el equivalente al Tribunal de Cuentas en la Comunidad Valenciana) demuestra que las empresas que conformaron la sociedad obtuvieron plusvalías por encima del 10 por ciento de sus inversiones.

Compensación a pesar de las pérdidas
Esto significa que, pese al fracaso del proyecto, las constructoras de Correa no sólo recuperaron su inversión inicial en la sociedad mixta (un total de 7,8 millones de euros), sino que además recibieron una cuantiosa “compensación" cifrada en 870.000 euros. Según el informe de la Sindicatura, se tomó como referencia para fijar esta indemnización el IPC “más un punto”. Pero alerta también de que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barberá inclumplieron los estatutos de Cabanyal 2010 SA. En ellos se fijaba que se podrían recomprar las acciones de las constructoras con el erario público, pero una vez transcurridos diez años desde la creación de la sociedad.

Por encima del valor del mercado
En resumen, Lubasa entró en la sociedad mixta haciendo una inversión de 928.000 euros a cambio de 1.856 acciones, y se marchó recibiendo por su venta 1.030.520 euros. Por su parte, Sedesa se hizo en 2005 con 500 acciones por valor de 250.000 euros, y las revendió tres años después por 277.619 euros. La Sindicatura de Comptes recuerda que Cabanyal 2010 SA ya estaba sufriendo pérdidas, por lo que las acciones no debieron venderse por su valor nominal, sino por su valor real de mercado, que era inferior al del momento de la compra. Sin embargo, la Generalitat y el Ayuntamiento pagaron de las arcas públicas el mencionado beneficio.

Demanda de la UE
Además, en octubre de 2009 la Comisión Europea anunció que tiene previsto demandar a España (las comunidades no tienen autonomía jurídica de cara a las instituciones de la UE) por el sistema de contratación que empleó el Instituto Valenciano de Vivienda, a través del cual estaba representada la Generalitat en Cabanyal 2010 SA. La Comisión considera que hubo una vulneración en el principio de igualdad de trato a la hora de elegir a los socios de la empresa. No obstante, desde el consistorio de Barberá aseguran que toda la operación se hizo “de acuerdo a la ley” y que esta demanda europea “quedó en nada”.


ESTOS PASAN DE TO, HASTA DE EUROPA ¡¡MENUDOS EUROPEOS!!