Domeño - Valencia

Vicente Sanz, el otrora todopoderoso secretario general de Radiotelevisió Valenciana y ex dirigente del PP que dijo estar en política "para forrarse", seguirá cobrando del ente público a pesar de haber sido destituido, previo expediente disciplinario, por una “falta muy grave” a raíz de la denuncia por acoso sexual interpuesta por tres periodistas del ente. Sanz se embolsará más de 3.400 euros al mes tras pedir la reincorporación al puesto de técnico del área laboral que ganó por oposición en 1989, cuando se organizó la plantilla de la televisión pública valenciana. Tras solicitar la vuelta a un puesto que apenas ha ocupado, el defenestrado se cogió una baja por depresión, informa el rotativo Levante.

Vicente Sanz apenas ha estado una semana sin puesto después de que José López Jaraba, director general de RTVV, lo cesara como número dos del ente autonómico.

Reincorporación y baja

El defenestrado ha pedido su reincorporación como técnico del área laboral. Tras obtenerla, lo segundo que ha hecho ha sido pedir la baja por depresión. Sanz se enfrenta a un proceso judicial por presunto acoso sexual a dos periodistas de la cadena. Con todo, la nómina del ex directivo cuesta al ente más de 3.400 euros al mes, 48.000 euros brutos anuales, a RTVV. El motivo de estos generosos honorarios es que Sanz pertenece a la segunda categoría profesional mejor pagada de las reguladas por el convenio, sin contar los puestos de alta dirección. Ello, sumado a los siete trienios que acumula, justifica la cuantía.
Sin indemnización por despido

Tal y como explica Levante, a Sanz no le quedaba más remedio que pedir volver a un puesto que apenas ejerció pues estuvo en servicios especiales para dedicarse a la política entre 1991 y 1995. El ex directivo ejerció como diputado durante este tiempo, aunque su carrera se vio truncada por una grabación en la que se le oía decir que estaba en política “para forrarse”. A pesar de esta declaración de intenciones, Sanz no ha podido forrarse con la indemnización por despido de la jefatura de RTVV que le hubiese correspondido -120.000 euros por 15 años de trabajo-. El defenestrado sólo cobraría en caso de ser absuelto del proceso judicial.

(www.elplural.com, 16/06/10)

ya tenia yo ganas de que se hablara del PP,parecia que estaba en el foro de inter-economía.

en Valencia os lleváis la palma,valla atajo de chorizos y encima los apoyan,"encima de jodidos agradecidos". CHIRIVITA aún llevas el llavero del partido republicano o lo as cambiado por el de FRAGA.

pilar raola los atajo de chorizos estan en tu partido son tonta q no te enteras

El Constitucional condena por tercera vez la opacidad de las Cortes
La oposición aplaude el fallo y sugiere que el PP pretende tapar el 'caso Gürtel'
SAMIRA SALEH - Valencia - 14/08/2010

Vota Resultado 61 votos La sentencia del Tribunal Constitucional que ampara a los diputados de Compromís y declara nulas las resoluciones por las que la Mesa de las Cortes rechazó 29 preguntas y una proposición no de ley de este grupo parlamentario no es la primera que condena la censura del Parlamento autonómico a las preguntas de la oposición. En abril de 2009 el alto tribunal ya falló que la Mesa de las Cortes había vulnerado en 2005 el derecho fundamental de varios parlamentarios al rechazar, sin justificación alguna, varias de sus preguntas al Consell y la comparecencia del entonces consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco. El pasado 29 de julio el Constitucional volvió a darle un tirón de orejas al órgano rector de las Cortes con una segunda sentencia en la que volvía a criticar el rechazo sistemático de las Cortes a las preguntas de los grupos parlamentarios de la oposición basándose en una interpretación extensiva e incorrecta del artículo 153 del Reglamento de la Cámara.

TC
(Tribunal Constitucional)

A FONDO
Sede: Madrid (España)Directivo:María Emilia Casas Baamonde (Presidenta) Ver cobertura completa

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Compromís tiene otros cuatro recursos pendientes de resolución
En ambos casos la Mesa alegó que las iniciativas de la oposición se referían a "personas físicas o jurídicas sin trascendencia pública en el ámbito de la Comunidad Valencianas", la misma excusa que le sirvió para rechazar el 9 de marzo de 2009 las 14 preguntas del portavoz de Compromís, Enric Morera, sobre los contratos de la Generalitat con alguna de las 23 empresas vinculadas a la trama Gürtel.

La novedad de este tercer fallo frente a los anteriores es que llega antes de que acabe la legislatura de modo que obliga a la Mesa a reparar el derecho vulnerado mediante la tramitación de las preguntas en cuanto se reanude el curso político el próximo mes de septiembre.

La portavoz adjunta de Compromís en la Cámara valenciana, Mònica Oltra, exigió ayer la dimisión de la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, del anterior vicepresidente y actual secretario del PPCV, Antonio Clemente, y de la vicepresidenta popular de la Mesa, María Fernanda Vidal. Oltra denunció que las Cortes Valencianas estén presididas por personas "que no respetan la Constitución" y lamentó que en la Comunidad Valencia la única manera de hacer cumplir los derechos fundamentales sea a través de los tribunales. Enric Morera lanzó un mensaje a los populares: "No nos van a callar", dijo, al tiempo que estimó que vulnerar los derechos de los diputados implica coartar asimismo el de los ciudadanos.

Los socialistas valencianos también aplaudieron el fallo del Constitucional. La portavoz adjunta del PSPV en la Cámara autonómica, Carmen Ninet, celebró que la sentencia reconozca el derecho de la oposición a saber "qué hace el Consell con el dinero de todos los valencianos" y explicó que el ocultismo de los miembros del PP en las Cortes tiene un único objetivo: "Tapar el caso Gürtel".

Sobre la vinculación de Milagrosa Martínez con la trama corrupta, la secretaria de Organización del partido socialista en la Comunidad, Elena Martín, recordó que en la documentación de la firma Orange Market intervenida por la Brigada de Blanqueo de Capitales, la presidenta de las Cortes y ex consejera de Turismo figura como receptora de un reloj valorado en 2.400 euros que presuntamente le habría regalado Álvaro Pérez, El Bigotes, imputado por los supuestos delitos de asociación ilícita, cohecho, blanqueo y tráfico de capitales y fraude fiscal.

La sentencia del alto tribunal es la tercera pero todo indica que no será la última ya que tanto Compromís como el PSPV tienen recursos pendientes de resolución en el Constitucional. Mònica Oltra recordó que su grupo parlamentario tiene pendientes otros cuatro recursos de amparo, mientras que los socialistas valencianos tienen planteadas 350 preguntas ante este tribunal

La verdad es que en el PP las biografias de muchos de sus dirigentes son como esta,


son como los judios conversos de la actualidad, pero cambiando la religión por la política.


Aquellos seguían sus prácticas en privado mientras que en público simulaban ser cristianos,


los del PP simulan ser demócratas de cara a la galeria y no son más que una pandilla de franquistas que seguro que tienen en sus casas retratos y fotos del caudillo o de alguno de sus secuaces

tu padre si tiene calabas matraquera.

20MINUTOS.ES. 18.06.2008 - 05.55h
Varias dimisiones e imputados marcan el mapa de la corrupción urbanística del PSOE.

El vicepresidente de la diputación de Granada dimitió tras una investigación de su patrimonio, mientras que en Ciempozuelos (Madrid) el alcalde, Pedro Torrejón, abandonó su cargo tras descubrirse que ingresó 800.000 euros en Andorra.

Consulta los casos del IU, PP ey otros partidos. La lista negra del PSOE, a continuación:


EN A CORUÑA:

Porto do Son: La fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia investiga la presunta compra de fincas por parte del edil socialista Manuel Vázquez que después eran recalificadas.

El fiscal sostiene que el concejal compró al menos cuatro fincas entre 2000 y 2006, declaradas no urbanizables, con la pretensión de recalificarlas para incrementar su valor. La investigación sigue abierta.

EN ALBACETE:

Hellín: Ecologistas en Acción denunció ante la Fiscalía Anticorrupción, a la Junta de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de Hellín por autorizar, según ellos ilegalmente, el proyecto urbanístico de Las Higuericas, en un caso que se viene arrastrando desde 2003. El lugar elegido para construir una urbanización ha sido un lugar propuesto por la Junta como Lugar de Interés Comunitario (LIC). El PP lo calificó de "pelotazo urbanístico". Ahora también hay acusaciones de queel lugar se encuentra en una Zona Especial de Protección de las Aves (ZEPA). La organización ecologista dice que al empresa Cleyton Ges compró el apoyo municipal con 150.000 euros, y denunció el proyecto ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y ante el Defensor del Pueblo.
EN ALICANTE:


Albatera: El juez está investigando a la constructora San José, Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S.A, a la que acusa de un presunto delito contra la ordenación del territorio. Un informe elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil considera que el alcalde, que es a su vez el responsable comarcal del PSOE en la Vega Baja, pudo obrar en connivencia con el promotor, Francisco García Gelardo.

EN ALMERÍA

Garrucha: El alcalde socialista, Andrés Segura, firmó un convenio con la empresa Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz Fernández mediante el cual ésta se compromete a pagar al Consistorio 2,6 millones de euros para legalizar 28 viviendas construidas ilegalmente en el municipio. El PP denuncia, además, que los 2,6 millones pactado no es la totalidad de los beneficios percibidos.

Níjar: El alcalde socialista, Joaquín García Fernández, firmó un convenio urbanístico con uno de sus ex concejales, José Cayuela Carrique, que le permitió casi cuadruplicar la edificabilidad de una urbanización en la zona de Agua Amarga, a cambio de la cesión de un terreno para zona verde, según una querella interpuesta por Ecologistas en Acción. Además, aunque el máximo de viviendas autorizadas era de 56, llegó a 90. El proyecto Marina de Agua Amarga, que ocupa 48 hectáreas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en zonas con especial protección comunitaria, también está siendo investigado por la UE.

EN ÁVILA:

La Cañada: La Asociación de Vecinos de la Cañada han presentado una demanda contra la construcción de 59 chalés en un monte de utilidad pública por el que discurren las canalizaciones de aguas fecales. La urbanización no cuenta con servicios municipales. La asociación responsabiliza al ex alcalde, Andrés Sáez, del PSOE.

EN GRANADA:

Armilla: El vicepresidente de la Diputación de Granada y concejal de Urbanismo de Armilla, Gabriel Cañavate (PSOE), dimitió tras una polémica sobre su patrimonio y la investigación de la Fiscalía por presuntas ilegalidades en un centro comercial de la localidad.

EN HUELVA:

El Granado: Este pueblo de 600 habitantes planeaba construir unos 2.674 chalés en 454 hectáreas de terreno protegido, según denunciaban los ecologistas. El alcalde Juan Manuel Burga (PSOE), afirmaba que el proyecto es bueno para el pueblo. Incluía un hotel de 1.800 plazas y y un campo de golf. Pero la Junta Andaluza vetará el proyecto.

Matalascañas: Vecinos y propietarios del municipio denuncian que el PGOU perjudica gravemente el Parque de Doñana. El alcalde, Francisco Bella (PSOE), invitó a los vecinos a coelaborar el Plan de Ordenación, pero después fue incluyendo modificaciones con las que los vecinos no estaban de acuerdo. Los terrenos que amplía el PGOU, que se pensaban destinar a usos hoteleros o industriales, tienen graves deficiencias en cuanto a la infraestructura hídrica.


EN MADRID:

Ciempozuelos: El alcalde socialista, Pedro Torrejón, fue obligado a dimitir al saberse que ingresó 800.000 euros en Andorra y que planeó una gran recalificación de terrenos. Un juzgado de Valdemoro abrió diligencias contra él y contra el ex edil, Joaquín Tejeiro (PSOE), y ha ordenado prisión para ambos, eludible bajo fianza.

EN MÁLAGA:

Estepona: El alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), ha tenido que dar marcha atrás a un convenio urbanístico para aumentar la edificabilidad del campo Atalaya Golf para construir 135 viviendas, en una operación vinculada a Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en la Operación Malaya. Barrientos ya ha tenido que rectificar en numerosas ocasiones por operaciones sospechosas.

EN MURCIA:

Los Alcázares: El ex alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero (PSOE) está en libertad bajo fianza al igual que el ex secretario municipal Diego Sánchez Gómez y el arquitecto municipal Mariano Ayuso por su implicación en un delito urbanístico.


En Albatera, un informe del Seprona considera que el alcalde pudo obrar en connivencia con un promotor
EN SEVILLA:

Burguillos: El PP denunció al Ayuntamiento de la localidad (gobernado por el PSOE, el alcalde es José Juan López) de aprobar una serie de recalificaciones que pudieron beneficiar a ediles y cargos del PSOE. Un juez archivó el día 2 de noviembre el caso por considerar que no había indicios que lo probaran.

Guillena: Justo Padilla está imputado en un presunto delito contra la ordenación del territorio por permitir construir una serie de naves industriales en un suelo reservado para zona verde y suelo no urbano, junto al polígono industrial El Cerro.

EN TOLEDO

Seseña: Investigan la recalificación de los terrenos sobre los que que contruye Francisco Hernando (Paco 'el Pocero'). El alcalde del municipio toledano, de IU, denunció presiones del PP y el PSOE para aprobar el proyecto. Tras iniciar diligencias informativas contra las más de 13.000 viviendas de Hernando, el alcalde, Manuel Fuentes, fue denunciado y llamado a declarar por calumnias por 'el Pocero'. El promotor tenía empleados a varios concejales del PSOE, que dieron el visto bueno, cuando formaban parte de la anterior corporación, a las obras de 'el Pocero'. El Ayuntamiento paralizó este proyecto de 1,6 millones de metros, pese a la recusación del alcalde queintentó 'el Pocero'. En este pleno, los concejales del PP se abstuvieron y los del PSOE votaron a favor. Y también un segundo megaproyecto de 'Paco el Pocero': un polígono industrial de 1,2 millones de metros.

EN VALENCIA:

Sueca: El alcalde del municipio, Salvador Gil, del PSOE, está imputado por tres presuntos delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y contra la ordenación territorial. También están imputados el arquitecto municipal y otro arquitecdto, socio del despacho particular del alcalde. El PP denunció a Gil por autorizar la construcción de 25 viviendas en terrenos pertenecientes al Parque Natural de la Albuefera. El permiso fue concedido a un promotor que había contratado, con ese fin, los servicios del despacho particular del alcalde.

EN VALLADOLID:

Villalba de los Alcores: Es un pequeño pueblo de no más de 500 habitantes, a 30 km. de Valladolid. En un referéndum popular, los ciudadanos mostraron su rechazo a los planes de la empresa Desarrollos Naturales Siglo XXI de construir un hotel de cinco estrellas, campo de golf y equitación y coto de caza mayor en sus terrenos. El proyecto tenía el visto bueno de la corporación municipal (PSOE), aunque la presión popular obligó al alcalde, Emiliano Rico, a someterlo a consulta para que no se asociara con los actuales casos de corrupción.

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