Domeño - Valencia

La petición de 15 años de cárcel iguala la solicitud formulada por la fiscalía
La Abogacía del Estado ha presentado su escrito de acusación contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, al que reclama que devuelva el dinero supuestamente defraudado a Hacienda (886.000 euros), además del pago de una multa de más de 2,6 millones de euros, con lo que, en total, el dirigente del PP debería ingresar en las arcas públicas casi 3,5 millones de euros.

Exige que pague una multa que triplica el dinero defraudado

La cuantía que solicita la Abogacía del Estado es más elevada que la reclamada por la Fiscalía Anticorrupción, que en su escrito de calificación exige a Fabra el pago de 2,6 millones de euros por la supuesta comisión de los cinco delitos fiscales por los que está imputado. En ambos casos, la petición de las penas de cárcel es la misma: Un año por tráfico de influencias, cuatro por cohecho y diez por el fraude fiscal, que suman un total de 15 años. Por el delito de cohecho piden para el presidente de la Diputación, además, otra multa de 600.000 euros.

La Abogacía del Estado está personada en el llamado caso Fabra desde que la Agencia Tributaria presentó una denuncia ante la posible comisión de un fraude fiscal en la declaración de la renta del ejercicio correspondiente a 1999. Tras esta denuncia, el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules decidió que las cuentas y el patrimonio de Carlos Fabra y de su familia fueran analizados. Tras cuatro años recabando información y cruzando datos, los peritos, que son inspectores de Hacienda, presentaron un informe en el que detallaban la existencia de ingresos imputables a Carlos Fabra y realizados entre 1999 y 2004 por valor de dos millones de euros, que no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta declarados.

En el caso de su esposa, María Amparo Fernández, los ingresos no justificados ascienden a otros 1,6 millones de euros. El informe también concluía que la "ocultación de ingresos" dio lugar a un fraude a Hacienda hasta en nueve ocasiones: cinco por parte de Fabra y cuatro de las que se responsabiliza a Fernández. El único año de los analizados que no se detectó una cuantía defraudada que superara el mínimo que lo convierte en delito (120.000 euros) fue en 2004, cuando la investigación del caso Fabra ya estaba en marcha.

La diferencia de la cuantía de las multas que reclama la fiscalía y las que solicita la Abogacía del Estado estriba en que mientras que Anticorrupción solo pide que devuelva lo defraudado y pague una multa del doble de lo que dejó de ingresar a Hacienda, la defensa del Estado exige que devuelva lo que no ingresó en las arcas públicas y que pague una multa cuya cuantía asciende al triple de la cantidad defraudada.

En cualquier caso, ambas peticiones distan de la reclamada por la acusación popular. Esta, que representa a la Unión de Consumidores, ha pedido que Carlos Fabra pague, en concepto de multa, el dinero defraudado multiplicado por seis, es decir, 5,3 millones de euros. Además, pide una pena de más de 20 años de cárcel.

El escrito de calificación de la Abogacía del Estado era el único que faltaba por presentar de las tres acusaciones que están representadas en el caso Fabra.

Desde mediados de mayo, momento en el que el informe pericial llegó al Juzgado de Instrucción número 1 de Nules, su titular, Jacobo Pin, ha llamado a declarar a los dos principales implicados, Carlos Fabra y María Amparo Fernández. El primero no acudió, convaleciente de un trasplante de hígado, y la segunda se negó a responder a otras preguntas que no fueran las de su abogado, al que le contestó que las cuentas las administraba su marido. Poco después, el juez puso fecha a la vistilla que dicta la ley del jurado en la que las acusaciones concretaron las imputaciones y las defensas solicitaron el archivo.

La Fiscalía Anticorrupción sorprendió reduciendo el caso a cuatro imputados y, el 30 de junio, el juez dictó un auto en el que ante "los indicios racionales de criminalidad" pedía a las acusaciones los escritos en los que han reflejado las peticiones de cárcel y de multa. Ahora serán las defensas las que respondan a estos por lo que, previsiblemente, la posible apertura del juicio no se dicte hasta septiembre

Este candidato POPULAR,podían habérnoslo ahorrado menudo sinvergüenza y corrupto.

os habeis dado cuenta de las de bocas q acabais de tapar mira como no entran ahora cobardes

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción le encontró al popular Carlos Fabra no una, ni dos, sino 94 cuentas corrientes con 3,7 millones de euros no declarados y que no se sabe de donde salieron pero si que llegaban al banco en fajos de billetes y en cheques al portador. Además de lo ya típico en el ruedo ibérico, intercambio de favores, cohecho, tráfico de influencias a cambio de comisiones, etc.
Por eso se pide para Carlos Fabra 15 años de cárcel ese “ciudadano ejemplar” según Rajoy, aunque el PP como con Camps confía en su honestidad y dice que la Fiscalía Anticorrupción no es objetiva, a pesar de que la dirige un fiscal jefe que nombró José María Aznar, que ya dirigió una acusación contra el PSOE en el caso Filesa.

La imputación de Fabra se suma a la reapertura del caso de los trajes de Camps y a la reciente detención del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, convirtiendo a la Comunidad Valenciana en la cueva de Alí Babá sólo que aún no llegan a cuarenta, los ladrones. O si… acá tirando del hilo cada vez se descubren con las “manos en la pasta y no en la masa”, más.


El abogado de Fabra, un genio, dice que como los de Franco estos delitos están prescritos, como que me “quiten lo bailao” o a “lo hecho pecho” lo que deja una triste lección de responsabilidad política y especialmente de ese “código ético” que en el Partido Popular parece más bien estético, puesto que básicamente no consiste en nada más que callar.

quien no entra, su tontinn

Enero de 2010. Un chófer de Carlos Fabra admite ante el juez que transportó sobres con dinero para ingresarlo en el banco 'bastantes veces', según trascendió de su declaración como testigo.

Febrero de 2010. La Audiencia Provincial de Castellón acuerda el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra Fabra y su ex mujer por el tema de la falsificación de cuños para fitosanitarios. La causa continúa contra la ex mujer de Vicente Vilar, Montserrat Vives.

Marzo de 2010. Carlos Fabra Carreras abandona temporalmente sus obligaciones políticas para someterse a una intervención médica por un grave problema hepático. Lo que no han logrado ni sus adversarios políticos durante 15 años ni las urnas ni las causas judiciales del último lustro, lo consigue una enfermedad a la que ya ha ganado el primer asalto, tras el transplante de hígado que le han practicado en Madrid.

15 de mayo de 2010. Los peritos judiciales del Banco de España detectan 3,7 millones de euros sin justificar ni por el presidente provincial del PP ni por sus familiares, lo que supondría un fraude fiscal de hasta un millón de euros correspondiente a cinco presuntos delitos fiscales mientras que a la ex esposa de Carlos Fabra se le atribuyen otros cuatro supuestos delitos con Hacienda.

21 de mayo de 2010. Declara como imputada la mujer de Fabra, María Amparo Fernández, ante el Juzgado de Instrucción 1 de Nules. La comparecencia se aplaza, por temas de salud, para Carlos Fabra, aunque el fiscal anticorrupción Luis Pastor deja entrever que la presencia del líder del PP no va a ser necesaria. Pastor avanza entonces que la instrucción de la causa contra Fabra por delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal, podría concluir "antes de verano", tras lo cual, la apertura del juicio oral se produciría "lo antes posible". En este procedimiento se investigan los ingresos y las cuentas bancarias del presidente castellonense desde 1999 a 2004.

1 de junio de 2010. El juez dede Instrucción 1 de Nules decide transformar en procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado las diligencias previas abiertas contra los 13 imputados del denominado caso Fabra, que afecta al presidente de la Diputación y del PP castellonense, Carlos Fabra, y a su ex mujer, María Amparo Fernández. El instructor entiende que, "en principio" y a la espera de su calificación final, los hechos presuntamente cometidos por los imputados serían constitutivos de los "delitos de cohecho y tráfico de influencias". A estos delitos se deben sumar los relativos a la Hacienda Pública. Así, el próximo 25 de junio se decidirá en este juzgado 1 de Nules la apertura de juicio oral, el sobreseimiento o abrir nuevas diligencias de investigación.

25 de junio de 2010. El juez reúne y escucha a todas las partes implicadas para decidir si sobresee la causa, abre juicio popular o solicita que se practiquen nuevas diligencias. El fiscal mantiene la petición de imputación a Carlos Fabra por delitos contra la Hacienda, cohecho propio y prevaricación. De los 13 presuntos implicados, el fiscal sólo mantiene la petición de imputación para cuatro: el empresario Vicente Vilar y su ex mujer, Montserrat Vives, y el matrimonio formado por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y María Amparo Fernández. Se produce el primer comunicado oficial de Fabra sobre el caso.

1 de julio de 2010. El juez desestima los cuatro recursos presentados tras la decisión de transformar la causa en juicio con jurado. A Fabra le desestima tanto seguir practicando diligencias como el archivo del fraude fiscal y a la acusación popular le desestima la petición de imputación a más personas. El titular decide continuar con el procedimiento contra Fabra, su esposa, Vicente Vilar y la ex esposa de éste

semana el curso político sin saber cómo acabará el caso Gürtel y con el morbo de las ausencias y presencias en la cena del próximo viernes.
Este viernes se celebrará el primer pleno del Gobierno valenciano que, simbólicamente, marca el inicio de curso político. Pero la semana acabará con una de las grandes citas. La cena que el PP valenciano celebra en Teulada será el punto de partida de unos meses que se esperan movidos por las elecciones autonómicas que se vislumbran en el horizonte y por, cómo no, causas judiciales como el caso Gürtel.

Lo cierto es que si en el PSPV es de esperar un posible pacto entre Jorge Alarte y Ximo Puig que aborte un proceso de primarias, en el PPCV se ha puesto la maquinaria en marcha sin esperar a que en Génova se dé la designación oficial de Francisco Camps como candidato a la Generalitat. Ya en público, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que el barón valenciano optará a la reelección y, por tanto, en la formación se quiere dar el pistoletazo de salida a la estrategia electoral para coger con el pie cambiado a los socialistas valencianos que todavía tienen que decidir -de manera oficial y oficiosa- sus candidatos, por ejemplo, en las capitales de provincia.

Este lunes, la directora de campaña del PP valenciano, Paula Sánchez de León, y el secretario general, Antonio Clemente, presidieron el comité de campaña. La formación se ha puesto como objetivos electorales ´recuperar´ algunas de las grandes ciudades como Elche, Gandia o Benidorm, entre otras.

Sin embargo, en Alicante siguen existiendo cuestiones espinosas que la dirección provincial, controlada por José Joaquín Ripoll, y la dirección regional tienen que consensuar. Cabe recordar que siguen pendientes de celebración asambleas clave desde hace más de un año.

Con este panorama, y con la debilidad que ha provocado el caso Brugal en el discurso que mantenía Ripoll sobre las consecuencias del caso Gürtel y la actitud de Camps, el PP de Alicante ha optado por destensar la cuerda. El propio presidente de la Diputación de Alicante se autopostuló el pasado viernes para repetir en la corporación provincial mientras defendía la candidatura “natural” de Camps para seguir en el sillón principal del Palau de la Generalitat.

Otra de las salsas que adobará la cena de Teulada son las presencias y las ausencias. Ripoll, en otro ´gesto pacífico´, ha asegurado su presencia. Se sabía que de la dirección nacional sólo iba a asistir el dirigente valenciano Esteban González Pons. Un plante de Ripoll hubiera transmitido un mensaje de enfrentamiento y batalla interna que mermaría el discurso de unidad que pretende dar Camps.

Dentro del menú para el acto de inicio de curso político también hay una ración de morbo. ¿Estará Ricardo Costa en la cena? El exsecretario general del PPCV, en la comida del Grupo Parlamentario celebrada antes de verano, tuvo un protagonismo inesperado al llevarse el reconocimiento de sus compañeros en la parte de los discursos. No obstante, Costa sigue sin carné del partido y Génova no parece estar por la labor de darle el indulto hasta que se aclaren las causas judiciales.

Por otra parte, y en lo que afecta a Castellón, la principal novedad podría ser la reaparición en un acto público del presidente de la Diputación, Carlos Fabra. El barón castellonense estaría en su primer acto público tras estar ingresado por una enfermedad y después de que la Fiscalía haya solicitado 15 años de cárcel por la causa judicial que lleva el juzgado de Nules

Copia bien que te dejas la mitad.Pero puedes ponerlo que quieres al final de la corrida al saco.