Pruna - Sevilla

UGT resalta la «total transparencia» del proceso pese a los 31 «intrusos»

abc / sevilla

Día 23/02/2011 - 00.07h






La sección sindical de UGT en la base aérea de Morón, cuyo uso comparten las fuerzas aéreas de Estados Unidos y España, defendió ayer la «total transparencia» del expediente de regulación de empleo (ERE) firmado entre el comité de empresa y la compañía Vinnell-Brown ant Root Spain (VBR), gestora de los servicios civiles de estas instalaciones, para extinguir 119 puestos de empleo, a pesar de que un informe de la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social había detectado un «indicio racional de fraude» en el acuerdo inicial alcanzado entre las partes, lo que motivó que finalmente 31 personas fueran excluidas del procedimiento al no estar prestando sus servicios en la base en el momento de ser acordado este ERE. Los trabajadores acogidos al procedimiento recibirían la indemnización máxima legalmente fijada de 45 días por año trabajado, si bien aquellos que hubiesen cumplido los 55 años de edad serían prejubilados. La autorización de este expediente de regulación de empleo, librada el 9 de diciembre por la delegada provincial de la Consejería de Empleo, Aurora Cosano. La sección de UGT en estas instalaciones defendiço ayer en un comunicado que trabajó «con total claridad» en la negociación del procedimiento, creyendo «totalmente satisfactorios» tanto el informe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social como la resolución definitiva del ERE a manos de la Delegación provincial de la Consejería de Empleo. «En ningún caso se puede hablar de que haya existido ningún tipo de ayuda pública debido a que se trata de una empresa privada y que, por tanto, el capital invertido es totalmente privado», señala UGT, que defiende la «claridad» de las condiciones incluidas en este procedimiento.


https://ww.abcdesevilla.es/20110223/andalucia/sevi-resalta-total-transparencia-proceso-201102222304.html

Fernández figura en un ERE con antigüedad desde el día que nació

El ex consejero lo achaca a un error, dice que no cobró y que el tope son 360 días

m. b. / sevilla

Día 28/02/2011 - 22.50h

Documento del ERE donde se ve que la fecha de nacimiento de Fernández y su antigüedad coinciden https://ww.abcdesevilla.es/fotos-andalucia/20110301/documento-donde-fecha-nacimiento-1401150160981.html

El nombre del ex consejero de Empleo y actual presidente del Consejo Regulador del Marco de Jerez, figura en el ERE de una bodega jerezana en la que estuvo trabajando con antigüedad desde el día que nació. En el documento al que ha tenido acceso ABC y que se reproduce en la página, figura que Antonio Fernández, tiene antigüedad en la citada bodega desde el 15 de julio de 1956, que se corresponde con su fecha de nacimiento.
Esa anotación aparece en el escrito enviado por la empresa a la Dirección Provincial de Cádiz de la Consejería de Empleo notificándole el ERE en el que se solicitaba la extinción de 94 contratos de trabajo. Y se acompañaba el listado de trabajadores afectados por la medida que incluía la relación de DNI, categoría laboral, antigüedad, fecha de nacimiento y fecha de baja de cada uno. Pero sólo en el caso del ex consejero de Empleo coinciden las fechas: la de antigüedady la de nacimiento.
Sin embargo ayer Antonio Fernández, que ya fue interrogado por la juez Mercedes Alaya por el asunto de las comisiones pedidas a La Raza, aseguró que su antigüedad en esa empresa es de 1971 y dijo que debe tratarse de «un error administrativo».
Fernández, que anunció que hoy comprobará el documento oficial, insistió en que no ha cobrado nada y recalcó que si alguien «ha pretendido difundir la idea de que me han puesto esa fecha para cobrar más dinero, ha cometido un error porque las indemnizaciones estaban topadas y no se podía cobrar más de 360 días». En ese sentido dijo que «da lo mismo» que tenga fecha del 56 o del 71 porque él superaba el tope y le hubieran correspondido 480 días. Además insistió en que, aunque le deben pagar cerca de 30.000 euros, no ha cobrado porque el dinero está ingresado en el fondo de la empresa.

https://ww.abcdesevilla.es/20110301/andalucia/sevi-fernandez-figura-antiguedad-desde-201102282140.html

estos socialistas se van a comer hasta el palo de la bandera;
y encima tienen la cara de pedirno esfuerzos y sacrificio para
levantar el pais,cara duras.

Los protagonistas andaluces de la trama
Quién es quién en el escándalo de los EREJavier Rubio | Sevilla
Actualizado jueves 10/03/2011 21:11 horas

El escándalo de las prejubilaciones falsas o amañadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) saltó a raíz de las investigaciones decretadas por la juez (https://ww.elmundo.es/elmundo/2011/01/24/andalucia_sevilla/1295888761.html) que instruye el 'caso Mercasevilla' después de tener conocimiento de la inclusión en la póliza que da derecho a cobrar la prejubilación de algunas personas que no habían trabajado nunca en el mercado central de abastos sevillano.
La Junta de Andalucía ha reconocido hasta ahora 146 casos irregulares (https://ww.elmundo.es/elmundo/2011/03/10/andalucia/1299755444.html) en 32 de los 64 expedientes inspeccionados tras estallar el escándalo, que tiene a los siguientes personajes como protagonistas de la trama:

--Francisco Javier Guerrero
Ejerció de 1999 a 2008 como director general de Trabajo y Seguridad Social, como tal, firmaba los expedientes tramitados que pagaba el Instituto de Fomento de Andalucía (más tarde renombrado como IDEA) en virtud de un convenio al margen del procedimiento administrativo vigente suscrito en julio de 2001 por el que se han canalizado casi 700 millones de euros en subvenciones excepcionales a empresas en crisis.

Guerrero está imputado por la juez instructora y es el autor de la expresión "fondo de reptiles" -de la que más tarde se quiso desdecir con poca fortuna- en su declaración voluntaria como testigo ante la Policía Judicial.
El ex director general de Trabajo sostiene que los consejeros bajo los que ejerció su cargo estaban al tanto de sus movimientos para auxiliar a empresas a las que, sin orden de subvenciones, se les facilitaban ayudas para abonar las prejubilaciones de sus empleados al margen de la Intervención General de la Junta de Andalucía.


--José Antonio Viera
Actualmente secretario provincial socialista en Sevilla, diputado autonómico y senador. Está en el centro del huracán como exconsejero de Empleo que ideó el convenio por el que los pagos de estas subvenciones excepcionales los asumía el Instituto de Fomento de Andalucía al margen de la fiscalización de la Junta de Andalucía.

Además, un cuñado suyo apareció en un ERE aprobado y posteriormente modificado para abonar unas cantidades pendientes a los prejubilados de una empresa de cueros de la localidad sevillana de Pilas. siempre ha defendido la legalidad de todo lo que lleva su firma.
También se ha sabido de su participación directa en la concesión de una subvención de 600.000 euros a una almazara de la Sierra Norte con cuyos cooperativistas se comprometió en público. El dinero para esa promesa política salió del "fondo de reptiles" de la Consejería sin ningún control.


--Antonio Fernández:

Consejero de Empleo de 2004 a 2010, es en la actualidad presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Jerez. Él mismo está prejubilado en un ERE de las bodegas jerezanas González-Byass autorizado por un subordinado suyo en su mandato como consejero.

Si bien no ha cobrado aún la póliza a la que tiene derecho de 386.181 euros como trabajador hasta 1981 en la firma vinícola, su expediente incurre en el error de asignarle una antigüedad en la empresa desde el mismo día de su nacimiento.
Fernández era el gerente del IFA cuando se firmó el convenio que dio pie al descontrol administrativo en los ERE y su gestión fue muy contestada por la oposición. Dimitió como consejero para dedicarse al Marco del Jerez.


--Manuel Recio:
Sustituyó a Antonio Fernández en marzo de 2010 al frente de la Consejería de Empleo en el relevo decidido por José Antonio Griñán al año de suceder a Manuel Chaves como presidente de la Junta de Andalucía.

Recio se ha empeñado desde que el auto de la juez de instrucción dio el primer aviso de irregularidades en Mercasevilla en esclarecer todos los casos de expedientes dudosos, si bien trata de minimizar el número de casos poniéndolos en relación con el total de trabajadores acogidos a prejubilación en Andalucía en los últimos años.
Ha repetido en varias ocasiones que su intención es recuperar todo el dinero mal empleado o indebidamente cobrado por quienes no tenían derecho a ello.


--Antonio Rivas:

Hasta su dimisión de todos los cargos, era secretario local del PSOE en Camas y miembro de la ejecutiva provincial de Sevilla. Fue delegado provincial de la Consejería de Empleo bajo la protección de José Antonio Viera y, más tarde, con Antonio Fernández de titulares del departamento, quienes lo mantuvieron en el cargo nueve meses desde que la juez lo imputó.

Rivas está imputado por cohecho en el 'caso Mercasevilla' que dio origen al escándalo de los ERE y la Fiscalía pide para él 900.000 euros de multa por la exigencia de comisiones ilegales a dos empresarios que aspiraban a instalar una escuela de hostelería en terrenos del mercado central de abastos.
Se vio obligado a renunciar a la militancia cuando se supo que varias personas de su entorno -militantes socialistas de Camas y familiares- se habían prejubilado sin haber trabajado en diferentes empresas.


--Juan Lanzas:

Actuaba como un conseguidor, poniendo en contacto a empresas con la Junta de Andalucía para que la Administración autonómica accediera a subvencionar sus expedientes de regulación de empleo.

Él mismo está prejubilado sin haber trabajado en Hitemasa, la textil malagueña heredera de Intelhorce cuya venta a mediados de los 80 dio origen a una investigación judicial que concluyó con cuatro condenas firmes, entre ellas para el empresario italiano Giovanni Orefici que se había hecho con los activos y otros intermediarios.
Ex sindicalista de UGT, su participación en la crisis de la empresa jiennense Cárnicas Molina le permitió vislumbrar el negocio en torno a las reestructuraciones de empresas en crisis. De hecho, una empresa de un cuñado suyo fue la que medió en el ERE de Mercasevilla de 2003 que dio origen al caso.

https://ww.elmundo.es/elmundo/andalucia.html

El exconsejero Fernández, imputado por la jueza que investiga los ERE fraudulentos

La jueza que investiga el caso le ha remitido una comunicación en la que le informa de su próxima citación

14.03.11 - 12:56 - MARÍA DOLORES TORTOSA | Sevilla



Mercedes Ayala, la jueza que investiga el fraude en los ERE pagados por la Junta, ha cursado una citación para declarar al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, en calidad de imputado por presuntos delitos de malversación, prevaricación de caudales públicos y tráfico de influencias. La jueza ha remitido al exconsejero por burofax la citación en la que le comunica que debe personarse en las dependencias judiciales con procurador y abogado porque de la investigación se infiere que puede tener responsabilidades penales. La jueza investiga el fraude en los expedientes de regulación de empleo de empresas aprobados por la Junta de Andalucía en la última década y en los que, según una indagación propia de la Consejería de Empleo, se han detectado 146 irregularidades, 59 de ellas de intrusos o personas que disfrutan de una prejubilación sin haber trabajado en las empresas. Las ayudas a las empresas y las prejubilaciones fueron autorizadas por el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, imputado por la policía judicial y quien en su declaración ante esta dijo que sus decisiones eran consultadas a sus ex consejeros. Estos son, además de Fernández, el actual secretario general del PSOE en Sevilla, José Antonio Viera, sobre quien ahora se centra el foco de atención por si la jueza Ayala le cita lo mismo que a Fernández. Viera es diputado y senador, por lo que sólo puede ser imputado por el Tribunal Supremo al estar aforado.
En declaraciones a Efe, Antonio Fernández ha manifestado estar "absolutamente tranquilo" porque su gestión al frente de la Consejería de Empleo entre los años 2004 y 2010 fue "transparente". "No estoy citado a declarar en ninguna fecha, sólo se me conmina a nombrar procurador y abogado para que siga la causa y saber de qué y quién me acusa", ha recalcado Fernández. El exconsejero ha insistido en que está "tranquilo" porque "ni conocí, ni autoricé, ni aprobé ninguna de las cuestiones que están saliendo", en referencia a la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas.
Fernández, que fue concejal en Jerez y ha ocupado diversos cargos en la administración de la Junta, era director general del IFA en 2001 cuando este ente público firmó un convenio con la Consejería de Empleo mediante el cual se puso en marcha el método para pagar las prejubilaciones que luego ha cuestionado la Intervención General de Hacienda de la Junta. Fernández dejó su escaño de diputado en el Parlamento el pasado otoño para ser presidente del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez.
Esta imputación da un giro al caso de los ERE. La reacciones no se han hecho esperar. El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, interpreta que esta imputación demuestra que Griñán "está cada día más cercado" y su situación es "insostenible", reiterando la responsabilidad del presidente de la Junta. La secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, entiende que la citación es una "garantía procesal" para que Fernández pueda defenderse. Díaz ha descartado abrir expediente de expulsión a Fernández porque aún no ha sido imputado. Considera que su caso es distinto al de Gerrero, que sí fue expulsado del PSOE incluso antes de ser imputado porque el mismo confesó su responsabilidad en las irregularidades.

https://ww.diariosur.es/20110314/local/andalucia/exconsejero-fernandez-imputado-fraude-201103141256.html

La aseguradora de los ERE culpa de su cierre al impago de la Junta

Deja a unos 1.500 prejubilados andaluces sin cobrar porque la Junta le debe 32 millones

janot guil / barcelona

Día 15/03/2011 - 07.08h


El «EREgate» está cobrándose ya víctimas colaterales e inocentes. Los administradores independientes de la aseguradora belga Apra Leven culparon ayer a la Junta de Andalucía del proceso de disolución instado por las autoridades de su país y que le ha llevado a no abonar desde principios de este año las pensiones de prejubilación de más de 2.000 ciudadanos belgas y 3.000 españoles. Entre éstos, centenares de andaluces —se estima unos 1.500, aunque Apra no precisó— afectados por ERE acordados por el Gobierno andaluz.
Según explicó ayer en Barcelona uno de los administradores provisionales de la firma belga, Claude Deseille, la Junta les adeuda, desde septiembre de 2009, un total de 32 millones de euros por primas no pagadas para prejubilaciones; una circunstancia que, unida a otros problemas derivados de presuntas irregularidades cometidas por antiguos gestores de Apra, que investiga la Fiscalía belga, les ha llevado a un proceso de liquidación. «Pactamos un plan de pagos con la Junta, pero lo han incumplido sistemáticamente», dijo Desseille, quien señaló que en un principio el gobierno andaluz llegó a deberles hasta 40 millones de euros. ¿Por qué no paga la Junta? «Se supone que por problemas administrativos, aunque deben preguntárselo a los responsables de la Junta», señaló Desseille a los periodistas, aunque huelga decir que en el trasfondo del asunto se cree ver la sombra alargada del escándalo de los ERE fraudulentos y ahora investigados, que tiene patas arriba a la administración autonómica.
Liquidación de la empresa
Después de someter a vigilancia la aseguradora desde 2009 por sus problemas económicos, en junio de 2010 la Comisión Bancaria y Financiera Belga (CBFA) decidió el pasado 4 de marzo revocar a Apra Leven la autorización para operar como aseguradora, lo que implica su liquidación. Pese a la suspensión, la CBFA autorizó a los liquidadores provisionales de la firma pagar adelantos a cuenta sobre los pagos de rentas de pensiones contratados, pero siempre que estos contratos estén al corriente de pago de las primas, lo que no ocurre, según Apra, en el caso de los derivados de ERE acordados por la Junta.
En un principio, destacan sus administradores independientes, Apra siguió abonando las pensiones pese a no cobrar de la Junta, pero llegó un momento en el que no pudieron hacer frente a estos pagos a cuenta.
«Ha habido otras irregularidades económicas , pero la deuda de la Junta, que supone el 30% del balance de Apra, es el factor principal que ha propiciado su liquidación», afirmó Deseille, quien avanzó que la aseguradora no descarta iniciar acciones legales contra la Junta de Andalucía para reclamar el pago de la deuda. La decisión la tomarán los liquidadores de la firma que serán nombrados en la junta general de accionistas de la aseguradora, que se celebrará mañana en Bélgica.
Tal y como señalan los administradores independientes y prvisionales de de Apra, además de las primas no cobradas, la aseguradora se enfrenta a otro problema derivado de la actuación de sus gestores anteriores que, a raíz de la incorporación a Apra Leven de las operaciones procedentes de la cartera de Fortia Vida, aceptaron y suscribieron préstamos hipotecarios a favor de sociedades inmobiliarias españolas, que invirtieron a su vez en Tenerife, Barcelona y Rumanía.
Un informe elaborado por la consultora Jones Lang Lassale reveló «un clara insuficiencia del valor» de los inmuebles de Tenerife y Rumanía en relación a los valores asignados en el balance de Apra. Estos descubrimientos han llevado a la CBFA a abrir un procedimiento penal en Bélgica para investigar más a fondo estos préstamos hipotecarios ante la existencia de indicios de delito.


https://ww.abcdesevilla.es/20110315/andalucia/sevi-aseguradora-culpa-cierre-impago-201103150008.html

Solución provisional para los prejubilados de Hitemasa

Los trabajadores se sienten «estafados» pese a que la Junta se ha comprometido a darles un anticipo


e. codina / málaga

Día 25/03/2011 - 23.41h

La Junta sólo ha ofrecido una solución provisional a los prejubilados de la textil malagueña Hitemasa, que llevan tres meses sin cobrar. Según informó ayer CC.OO., el Gobierno andaluz se ha comprometido a darles un anticipo a cuenta de un crédito especial con el fin de abonar parte de la cuantía de las pólizas, aunque el arreglo de las mismas «tardará un tiempo». Esta propuesta no ha gustado a los trabajadores de la antigua fábrica, que en una asamblea celebrada ayer se consideraron «estafados» por la Junta porque «no se garantiza el cobro total» de los salarios.
La reunión de ayer con los ex empleados se planificó para informarles de las conclusiones del encuentro mantenido con el director de Empleo y Seguridad Social de la Junta a raíz del impago de sus prejubilaciones desde el diciembre. Sin embargo, la solución aportada no gustó a los trabajadores y CC.OO. consideró que así no se arregla la situación, ya que esos créditos especiales, «con suerte», podrían durar hasta junio, es decir, a partir de ese momento podrían volver a aflorar problemas de pago. El sindicato fue más allá y se preguntó si «es casualidad que los créditos coincidan con el periodo electoral».
Alrededor de 400 trabajadores de Hitemasa que se prejubilaron con los ERE de 2001 y 2004, año en que la fábrica extinguió definitivamente su actividad, llevan tres meses sin cobrar. La aseguradora encargada de abonar sus pólizas, la belga Apra Leven, está en proceso de disolución y con problemas judiciales en su país, y hace unos días denunció públicamente que la Junta le debía 32 millones de euros para el pago de prejubilaciones. Entre ellas se encontrarían las de la antigua textil malagueña y las de aproximadamente otros mil trabajadores acogidos a expedientes de regulación de empleo del Gobierno andaluz.
Documentación
Los trabajadores afiliados a CC.OO. de Hitemasa ya celebraron la semana pasada una asamblea para analizar la situación y organizarse a la espera de una respuesta de la Junta. Tras la reunión con el director de Empleo no han quedado nada satisfechos. Surgen, además, nuevas piedras en el camino. CC.OO. también criticó que la Junta, para abonar esos créditos, tendría que pedir una documentación a los trabajadores que «es difícil» de obtener y que muchos de ellos no tienen «porque la empresa se la denegó en su día».
Tanto el sindicato como los prejubilados de la antigua textil, que está salpicada por la investigación de los ERE con cinco personas que presuntamente se habrían acogido a los expedientes sin haber trabajado nunca en la empresa, alertaron al Ejecutivo de que no se quedarán quietos «ante esta injusticia». Hace unos días ya hablaron de establecer un calendario de movilizaciones y ayer insistieron en la misma idea porque «estamos hablando de nuestro dinero y nos sentimos estafados».


https://ww.abcdesevilla.es/20110326/andalucia/sevi-solucion-provisional-para-prejubilados-201103252241.html

Empleo descarta reabrir ERE ya pagados en busca de fraudes

Recio asegura que actuarán solo si hay indicios de irregularidad.La consejería ve inviable investigar de oficio expedientes ´muertos´.

27/03/2011 REDACCION

"Desde un punto de vista administrativo, no sería adecuado revisar todas las actuaciones que se han llevado a cabo en la consejería durante no sé cuánto tiempo ni años". El consejero de Empleo, Manuel Recio, zanjó ayer la cuestión de si su departamento se está planteando reabrir e investigar los expedientes de regulación de empleo antiguos, los ya pagados, como parece estar haciendo la jueza que instruye el caso de los falsos ERE, Mercedes Alaya.
La Junta acaba de concluir su investigación sobre el fraude en las ayudas directas a empresas en crisis con fondos públicos, ha destapado 183 irregularidades, incluidos 72 intrusos o falsos prejubilados que recibían dinero de empresas donde nunca habían trabajado.
La consejería ha remitido a los juzgados toda la documentación que la jueza ha pedido, pero no tiene intención de reabrir de oficio una nueva investigación sobre los llamados ERE muertos , expedientes de regulación de empleo que ya se terminaron de pagar. No obstante, Recio añadió ayer en Almería que la Junta intervendrá "ante cualquier indicio de irregularidad en ERE muertos o sobre cualquier otra actuación de la consejería".
Los indicios de fraude en las prejubilaciones surgieron a raíz de la denuncia de unos empresarios sevillanos por un supuesto soborno de los directivos de la empresa Mercasevilla, en cuyo ERE la jueza encontró a los primeros falsos prejubilados de la trama. Recio, cuando habla de indicios que le lleven a investigar los expedientes ya pagados, se refiere a denuncias más o menos sólidas que aparezcan publicadas en la prensa, o que la propia jueza Alaya descubra.
Pese a todo, fuentes de Empleo aseguran que "a la consejería le resulta imposible, administrativamente, investigar ERE de oficio que ya han expirado, y menos recuperar el dinero. Eso solo se puede hacer ya por vía judicial". Preguntada al respecto, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, recordó que el objetivo de la investigación que emprendió la Junta era "cortar el pago que se estaba produciendo y si una prestación está mal cobrada no seguir pagando".

AYUDAS CONGELADAS La investigación interna de la consejería se limitó a rastrear las 68 empresas que todavía están recibiendo ayudas (los ERE vivos), donde trabajan 5.982 empleados. Empleo ha congelado las ayudas a los 72 intrusos y ahora les dará audiencia para que se expliquen y se les reclamará el dinero defraudado. La jueza Alaya, en cambio, sí ha extendido su investigación a los expedientes cerrados -unos 176 en total, según adelantó ayer El País -.

El coordinador regional de IU, Diego Valderas, recordó a Recio su "obligación" de investigar todos los ERE de los últimos diez años. "La sombra de la duda es amplia y es necesario buscar a cualquier corrupto que se haya aprovechado del dinero público", dijo. La portavoz del PP-A, Rosario Soto, puso en duda la documentación enviada a los juzgados a petición de la jueza (65.000 folios en formato digital) y aseguró que era "sesgada, parcial e incompleta". Ambas formaciones han reclamado a la Junta y al PSOE-A, con mayoría parlamentaria, que autorice una comisión de investigación para que la supuesta trama de los ERE fraudulentos se aborde en la Cámara. Recio insistió en la labor de "transparencia" de la Junta con la oposición, a quien se le ha ofrecido la posibilidad de visitar la consejería y consultar la información de los ERE.

https://ww.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=626872

La Intervención avisó a la Junta en 2005 de ayudas a ERE que estaban infladas

Alertó a Empleo y Hacienda de un «desfase» de 44,5 millones para prejubilaciones que no tenían «cobertura presupuestaria»

antonio r. vega / sevilla

Día 28/03/2011 - 14.45h

La Intervención General de la Junta de Andalucía advirtió ya en 2005 a las Consejerías de Empleo y Hacienda de que algunas ayudas para expedientes de regulación de empleo destinadas a empresas, canalizadas a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), estaban infladas. La jueza de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, investiga un fraude relacionado con la gestión de estos fondos por la Junta, que manejó más de 647 millones entre 2001 y 2010, al hallar al menos 72 «intrusos», es decir, personas que se beneficiaron de jubilaciones anticipadas en empresas donde nunca habían trabajado.
El coste real de las pólizas que destinaba el IFA para prejubilar a los trabajadores afectados no cuadraba con la subvención que luego se cargaba en los presupuestos. En algunos casos, el organismo instrumental que utilizaba la Consejería de Empleo tramitó ayudas por un importe inferior al dinero que se imputaba en las arcas. En concreto, la Intervención pone como ejemplo las ayudas sociolaborales concedidas a la firma textil Hytasal, que se fijaron en 10,5 millones de euros, cuando en realidad «el importe correspondiente a las prejubilaciones asciende a 10,28 millones», expone, sin que existan datos objetivos que sustenten ese desfase.
No se trata de un caso aislado. Tras hacer una selección y examinar 20 convenios de los 144 tramitados por la Junta entre 2001 y 2004, el órgano fiscalizador concluye que «las deficiencias detectadas pueden considerarse extensivas al resto de los convenios», por lo que «existen dudas razonables sobre la correcta tramitación de los expedientes». Enumera 18 anomalías, tales como que no se daba publicidad a las ayudas, no se exigía a las firmas una memoria justificativa de las mismas ni plazo de ejecución o carecían de «fiscalización previa».
La Consejería de Empleo, así como la de Hacienda —bajo el mando de José Antonio Griñán—, hicieron caso omiso al órgano fiscalizador, pese a que tres informes consecutivos, de 2005 a 2007, avisaron de esta y otras «deficiencias» que cuestionaban la tramitación de los fondos al margen de los controles legales. Incluso, va más allá del proceso formal y detecta descuadres contables. Un acuerdo suscrito en julio de 2001 por el entonces director general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero —quien destapó en su declaración ante la Policía Judicial que había un «fondo de reptiles»— puso en marcha este polémico sistema de gestión de las ayudas. La declaración de este ex alto cargo, imputado en el caso, obligó a la Consejería de Empleo a realizar una investigación interna, que ha revelado al menos 183 irregularidades en los ERE.
Desde el principio, la gestión contable de los fondos ha estado plagada de sombras, como deja patente la Intervención. De hecho, avisó en 2005 de que el IFA se comprometió, a través de convenios con firmas, a darles 206,38 millones en ayudas de 2001 a 2004, de las que 44,46 millones no tenían «cobertura en los presupuestos de la Junta», por lo que los acuerdos serían «nulos de pleno derecho».

Principales reparos del órgano fiscalizador

Cuentas que no cuadran en los EREComo paradigma del baile de cifras en las subvenciones, la Intervención señala que el coste de las prejubilaciones en Hytasal era inferior al imputado a las cuentas. Hace extensivo el desfase a otras ayudas.
Sin memoria justificativa«No se aporta presupuesto desglosado por partidas, no se acredita la personalidad de las entidades solicitantes ni de sus representantes», son dos de los documentos que echa en falta la Intervención.
Falta la autorización del GobiernoTampoco «consta autorización de la concesión de las ayudas por el Consejo de Gobierno», que en entonces (2005) tenía como presidente a Manuel Chaves. Y faltan otros informes de la Consejería de Presidencia.
500.000 euros para un «broker»El informe advierte de ya la existencia de intermediarios en la tramitación de ERE. En el caso de la firma textil Hytasal, el IFA desvió 500.000 euros a la «Asociación 14 de noviembre» para «gastos de gestión».
Las subvenciones no se hacían públicasLa Intervención apunta directamente a la opacidad del sistema de tramitación de los fondos. Asegura que «no consta que se haya dado publicidad a la concesión de las ayudas», como marca la ley.

https://bcdesevilla.es/20110328/andalucia/sevi-intervencion-aviso-junta-2005-201103272237.html

Empleo admite que desvió fondos a fines distintos a los pactados con empresas

La Consejería justificó ante la Intervención la forma de tramitar las ayudas por su agilidad

a.r.v. / sevilla

Día 28/03/2011 - 06.39h


La Consejería de Empleo de la Junta no sólo conocía desde 2005 que el trámite para dar estas subvenciones a los ERE prescindía del procedimiento legal, como le indicó la Intervención, sino que se armó de argumentos —recurriendo a juristas— para defender su cuestionado sistema de concesión de las ayudas ante el citado órgano fiscalizador. En concreto, el entonces viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá (2004 y 2010) expuso una batería de alegaciones contra su informe para mantener, en contra del criterio de la Intervención, su «modus operandi».
El viceconsejero, en un informe al que ha tenido acceso ABC, llega a justificar el desvío de fondos a fines distintos a los fijados en los convenios con empresas que regulaban las ayudas a los expedientes de regulación de empleo. Así, defendió con pasmosa naturalidad en su escrito, con fecha del 11 de abril de 2005, que «el Instituto de Fomento de Andalucía, como hizo en determinadas ocasiones, aplicó estos recursos a otras finalidades que las contenían en los propios convenios». Es más, el viceconsejero daba una relativa validez a los acuerdos, advirtiendo que «el grado de vinculación de estos convenios respecto a la entidad no deja de ser meramente indicativo».
Asimismo, quitó hierro al hecho de que las subvenciones comprometidas a las empresas en crisis superaran en muchos casos el crédito disponible y las transferencias que la Consejería hacía, puesto que «en manera alguna el Instituto de Fomento de Andalucía se encontraba constreñido al tener que llevar a cabo actuaciones más allá de la cobertura presupuestaria incluida en esas transferencias». Es más, Barberá esgrimió ante el interventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez, que el IFA (la actual IDEA) puede responder de sus compromisos aplicando «los fondos propios de las rentas de su patrimonio» sin que por ello esté en riesgo su estabilidad financiera.
Prisas por dar las ayudas
En aquel momento estaba al frente de la Consejería Antonio Fernández (2004/2010), imputado en el proceso judicial por los falsos ERE al resultar también beneficiario de una prejubilación incentivada por la Junta en una bodega jerezana. Su caso raya lo surrealista, pues Fernández se acogió a un plan de ajuste laboral que hacía coincidir su antigüedad en la empresa con su fecha de nacimiento.
Uno de los aspectos más llamativos del informe con el que Empleo rebate a la Intervención es su justificación para proseguir tramitando las ayudas como transferencias a la financiación de explotación en lugar de hacerlo como subvenciones excepcionales. El viceconsejero alega que este último sistema dilataría el procedimiento administrativo y iba contra el sentido de las ayudas, que era rescatar a empresas en quiebra.
Barberá declaró como testigo ante la juez en relación al supuesto cobro de comisiones ilegales por parte de la cúpula de la empresa municipal a dos empresarios hosteleros en «el caso Mercasevilla», que fue el germen del escándalo de los ERE.



https://bcdesevilla.es/20110328/andalucia/sevi-empleo-admite-desvio-fondos-201103272243.html

La Junta se niega a entregar documentación de los EREs falsos a la jueza

@Agustín Rivera (Málaga).- 30/03/2011 (08:49h)
Le ha declarado la guerra. Harta de las exigencias de la juez Mercedes Alaya, la Junta de Andalucía se niega a entregar más documentación para investigar los EREs falsos. El Ejecutivo andaluz rechaza ofrecer a la magistrada las 480 actas de los Consejos de Gobierno andaluz desde 2001.
La Junta no descarta recurrir al Tribunal de Conflictos de Jurisdicciones, dependiente del Tribunal Supremo. Y lo hace atacando directamente a la juez: “La petición [de Alaya] va más allá de lo razonable y atenta contra las competencias del Gobierno andaluz”, subraya Mar Moreno, portavoz de la Junta y consejera de Presidencia.


Griñán y su equipo se remite a los servicios jurídicos de la Junta para justificar una decisión que provocará consecuencias de la juez, quien la semana pasada dictó un auto en el que exigía más papeles al Gobierno andaluz, como ya publicó El Confidencial, y dudaba de su capacidad para saber toda la verdad en el escándalo de las prejubilaciones falsas.


El Ejecutivo socialista propondrá al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla otras alternativas a la entrega de las actas de los Gobiernos Chaves y Griñán. “En el caso improbable de que la juez no lo acepte, la Junta entenderá que se entra en un conflicto de competencias”, sostiene la Junta.
Y mientras la juez y el Gobierno andaluz se enfrentan, la Fiscalía Anticorrupción por fin se decide a actuar en este caso. El fiscal jefe ha asignado al delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla, Juan Enrique Egocheaga, dado que las normas internas prevén dicha responsabilidad para casos de corrupción de elevada cuantía, como aparentemente ocurre con los ERE.


Egocheaga investigaba hasta el momento las irregularidades detectadas en los ERE de 2003 y 2007 de Mercasevilla y examinará a partir de ahora las 182 prejubilaciones que se han detectado. El PP ya ha denunciado la existencia de una segunda trama, que incluiría ramificaciones en todas las provincias andaluzas.



https://ww.elconfidencial.com/en-exclusiva/2011/junta-niega-entregar-documentacion-falsos-jueza-20110330-76827.html

El PSOE carga contra la juez y la vincula con filtraciones de datos

Jiménez: «Al día siguiente de remitirle la documentación, está en los medios». La ley no fija como secretas las actas del Consejo de Gobierno, le rebate el PP


a. r. v. | j. m. / sevilla

Día 31/03/2011 - 08.06h

El portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, insinuó ayer que desde el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, cuya titular es Mercedes Alaya, se están filtrando a los medios de comunicación informes sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que le ha enviado la Junta de Andalucía. Tras matizar que su partido «no hace juicios de valor sobre los órganos jurisdiccionales ni vamos a someter a escarnio público a ningún juez ni a las fuerzas de seguridad», Jiménez lamentó que «es un hecho objetivo que cuando la Junta remite al Juzgado la documentación, al día siguiente está en los medios de comunicación».
La «fuga» se produce —puntualizó— «antes incluso de que la documentación se comunique a las partes». La de ayer es la primera crítica velada del grupo socialista a la magistrada, que custodia los informes —que suman más de 150.000 folios— que le ha enviado el Gobierno andaluz desde que arrancó la instrucción, donde la Administración andaluza también está personada.
Hasta ahora desde el PSOE y el Ejecutivo los reproches a la actuación judicial habían quedado de puertas adentro. El propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, había dado instrucciones precisas de no entrar en confrontaciones con la magistrada. Pero la decisión de ésta de solicitar las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001 hasta la actualidad, alrededor de 480 reuniones, se ha llevado también por delante las clásicas normas de cortesía.
En una rueda de prensa previa a la junta de portavoces celebrada ayer, Jiménez defendió la negativa del Consejo de Gobierno a entregar las actas argumentando que sus deliberaciones tienen carácter reservado y la citada información «no es relevante para la causa que se está instruyendo».
El parlamentario socialista elevó la negativa del Ejecutivo a la categoría de «conflicto de competencias», puesto que «la juez tiene todo el derecho de conocer la información y la Junta de Andalucía tiene la obligación de trasladar toda la documentación a la Administración de Justicia». Sin embargo, insistió en poner coto a la información que se remite dada la confidencialidad de algunas deliberaciones del Ejecutivo, tal y como planteó ayer la consejera de Presidencia, Mar Moreno. «Creemos que la documentación tiene que pedirse de manera detallada para no violar la ley que establece la reserva», aseguró.
Jiménez manifestó su «estupor» a que el caso derive en un intrigante «Wikileaks» del Ejecutivo: «Que nos terminemos encontrando en los medios toda las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001... Yo creo que la Junta hace bien en esgrimir la ley».
Por su parte, el PP rebatió ayer la argumentación dada por la Junta para no entregar a la juez Mercedes Alaya, que investiga la trama de ERE fraudulentos, las actas de todos los Consejos de Gobierno de los últimos diez años, al asegurar este partido que, según marca la Ley, esos documentos no son secretos.
El carácter reservado de esos documentos fue lo que esgrimió la consejera de Presidencia, Mar Moreno, para negarse a facilitar a la juez esas actas de los Consejos de Gobierno, que esta le había requerido a la Junta para su investigación.
El PP-A, sin embargo, afirma que, según marca el artículo 30.3 de la Ley de gobierno, esas actas «no son reservadas», por cuanto no incluyen ni las deliberaciones realizadas en esos consejos ni los votos individuales expresados por sus integrantes, tal como señaló ayer la portavoz de esta formación, Rosario Soto.
Argumentos legales
Según aclaró Soto, esas actas incluyen el lugar de la celebración del Consejo de Gobierno, la relación de asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados. «En ningún lugar aparecen ni las deliberaciones ni los votos individuales ni los debates», añadió, por lo que, según la propia Ley, «no hay motivo alguno para que la Junta diga que esas actas son reservadas», en referencia a lo dicho por la consejera de Presidencia. Por ello, Soto instó a la Junta a colaborar con la Justicia y entregar toda la documentación requerida a la juez, sin que tenga que verse «obligada a darle un ultimátum de 48 horas, como ya ha sucedido».
Por otra parte, la portavoz del PP se refirió al hecho de que la Fiscalía Anticorrupción haya asumido la investigación de los ERE, sobre lo que espera que suponga un «salto cualitativo» en las pesquisas y no se produzca una «vuelta atrás», en referencia a los intentos de recusación de la juez que se produjeron durante la tramitación del caso Mercasevilla. Soto entiende, además, que la Fiscalía debería haber actuado «desde el minuto uno por la trascendencia y el volumen de lo defraudado».
Por último, el sindicato Manos Limpias, personado como acción popular en la causa por los Expedientes de Regulación de Empleo presuntamente fraudulentos, solicitó ayer a Alaya que vuelva a requerir a la Junta las actas del Consejo de Gobierno. En caso de negarse, estima que debe advertirle de que incurriría en un delito. En su escrito, esta organización dice que la negativa de la Junta de aportar las actas del Consejo de Gobierno desde 2001 no está amparada por la Ley 6/06 del Gobierno de la Comunidad Autónoma, ya que «las deliberaciones son secretas, no así las actas, que deben reflejar la transparencia». La juez ha pedido las actas con las resoluciones del Consejo, que se incluyen entre los documentos que las administraciones públicas están obligadas a facilitar al Poder Judicial según el artículo 332 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, explica Manos Limpias.

https://ww.abcdesevilla.es/20110331/andalucia/sevi-psoe-carga-contra-juez-201103302250.html

La Policía investiga el papel de CC. OO. en el pago de los ERE

La juez indaga por qué el sindicato fue tomador de una póliza de tres millones para once trabajadores


m. benítez / sevilla

Día 31/03/2011 - 00.02h


Una póliza de tres millones de euros tomada por la Federación de Industria de Comisiones Obreras de Andalucía y que se destinó a once trabajadores se incluye entre las pesquisas que la juez de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, ha encargado a la Policía, según un auto al que ha tenido acceso ABC.

En dicho auto, firmado hace un mes, se solicitaba que se investigasen «todas las circunstancias relativas a que el tomador de la póliza sea CC.OO de Andalucía y como llega a asumir tales funciones». Además la juez ordena que se investigue por qué para esta empresa y sólo para once prejubilados se destinan casi once millones mientras que para otras en las que el número de prejubilados es muy superior (por ejemplo Surcolor con 26) la cantidad de la prima es inferior.

La magistrada insiste en que «se practiquen todas las gestiones encaminadas a explicar por qué el tomador es CC.OO. y cómo llega a asumir tales funciones y quién abona las primas». Y le reclama los certificados individuales de adhesión de todos los prejubilados así como que se aporten las vidas laborales de los trabajadores acogidos al ERE y de los intrusos señalados por la Junta Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández Garzón. Ese auto, en el que la juez advirtió al ex consejero Antonio Fernández y al ex director General de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, de que serán imputados de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, también imputa a otros presuntos intrusos. Se trata de Patrocinio Sierra (esposa de Juan Lanzas), María Nieves Ruiz, María José Martínez y Angeles Sierra. Además de pedir el organigrama de los directores generales de Trabajo y directores del IFA también pide a la Agencia Tributaria que investigue las repercusiones fiscales de las rentas percibidas por intrusos.

Pero también reclama gran cantidad de documentación como la vida laboral de doce falsos trabajadores de Bonpunt y dos de Cydeplast además de otros 48. La investigación también requiere datos sobre Germans, de la que solicita los requisitos para la prejubilación así como el dato dado por la Junta de que Luis Vera y Ana Bohorquez , incluidos como falsos trabajadores en Bonpunt, también pudieran estar incluidos en las prejubilaciones de Germans. De Sos Cuétara, pide la vida laboral de 34 trabajadores y los datos de Victorina Madrid (suegra de Guerrero incluida en el ERE). En cuanto a Saldauto, pidió la vida laboral de varios asegurados de la póliza de Apra leven: Francisco Delgado, Antonio González, Francisco de Paula Hernández, José Herrero, Guillermo Jiménez, Guillermo López, Rafael Rodríguez y Antonio Toro. De esta empresa también pide que se investigue por qué recibió la póliza antes del ERE.

La investigación abarca la póliza financiada por la Junta de Andalucía con una prima de 812.989 euros para Antonio García, Alejandro Millán y Rafael Ruiz. O el por qué, después de transferir un millón a Hitemasa, a Dirección General de Trabajo distribuyó partes de esa cantidad: 400.000 euros a Graficrommo, 155.808 al Grupo Cortefiel y 300.000 euros a Antonio García, Alejandro Millán y Rafael Ruiz. La juez ha pedido igualmente las vidas laborales de otros dos intrusos señalados por la Junta, en el ERE de Calderinox Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández, quién es Estrella Blanco y la inclusión de José Antonio Márquez y Manuel López en el ERE de Surcolor. También la vida laboral de doce trabajadores incluidos en el ERE de Springer Arteferro.

La Junta de Jueces de Instrucción en su reunión de hoy debatirá una petición de Mercedes Alaya para que la eximan del reparto del juzgado durante tres meses dado el ingente volumen de trabajo que tiene (además de los ERE, Mercasevilla y el Betis). Y también para que le pongan un juez de apoyo para celebrar los juicios que tiene todas las semanas. Es la segunda vez que la magistrada hace una solicitud de este tipo. Por otra parte el despacho que se ha habilitado para la funcionaria encargada del caso no cuenta con los medios adecuados. Ni tiene teléfono ni internet. Y está en el


https://ww.abcdesevilla.es/20110331/andalucia/sevi-policia-investiga-papel-pago-201103302302.html

La Junta no tiene "reparo inicial" a entregar las actas del Consejo a la juez del caso ERE en un sobre lacrado

Moreno critica el "tratamiento" de la juez Alaya a la Junta, que es "parte acusadora y colabora al máximo", pero no quiere polemizar


05.04.11 - 14:47 - EUROPA PRESS | SEVILLA



La consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, ha asegurado que la Junta "no tiene ningún tipo de reparo inicial" a atender la medida cautelar planteada por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas en expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la administración autonómica, para que le entregue "para su custodia" un sobre debidamente precintado que contenga las reclamadas actas de los consejos de Gobierno celebrados desde 2001 hasta el momento.

En rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Moreno ha asegurado que esta nueva fórmula que plantea la magistrada de entregar las actas de los Consejos de Gobierno en un sobre precintado no plantea "ningún tipo de reparo inicial" a la Junta porque "salvaguarda la confidencialidad" de estos documentos hasta que se pronuncie el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales, dependiente del Tribunal Supremo, en relación con la competencia de la juez "para levantar el carácter reservado de parte del contenido de las actas", ya que el Ejecutivo andaluz "carece de jurisdicción" para ello.

Aunque ha negado en todo momento tener "ánimo de polemizar" con la juez Mercedes Alaya, la titular de la Presidencia sí ha expresado por primera vez un "juicio crítico" con el "tratamiento" que recibe la Junta en los autos de la magistrada a pesar de que es "parte acusadora" y "colabora al máximo" en la investigación.



https://ww.diariosur.es/20110405/local/andalucia/junta-tiene-reparo-inicial-201104051447.html

La Junta cede y enviará hoy a la juez las actas de los consejos de Gobierno

El presidente andaluz dejó claro que remitiría la documentación relativa a los ERE al juzgado «cuando toque»


j.m. / sevilla

Día 07/04/2011 - 07.21h

El Ejecutivo andaluz enviará hoy las actas de los consejos de Gobierno de los diez últimos años a la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, quien, en la investigación de la trama de ERE fraudulentos gestionados por la Junta, le había dado un ultimátum para que hiciera entrega de esa documentación, al advertirle que, en caso contrario, incurriría en un delito de quebrantamiento de medida cautelar.

La juez, en un auto, había dado tres días al Gobierno andaluz para que le presentara esas actas, ante la posibilidad de que pudieran alterarse, una vez le comunicara el letrado de la Junta su negativa a entregarlas y vista la intención de administración andaluza de presentar un conflicto ante el Tribunal Supremo.

Esa documentación, según requirió Alaya, debe presentarla el Gobierno andaluz en sobres lacrados en el mencionado plazo de tres días y permanecerán cerrados hasta que el Supremo se pronuncie sobre el carácter reservado o no de algunos de los documentos. Fuentes del Ejecutivo señalaron que hoy remitirán las actas a la juez.

De esta forma, la Junta de Andalucía cumple con la predisposición inicial a enviar la documentación manifestada por la consejera de Presidencia, Mar Moreno, el pasado martes tras la reunión del Consejo de Gobierno. Así, el Ejecutivo entregará en plazo las actas de los consejos, pese a que el presidente andaluz, José Antonio Griñán no diera muchas pistas durante la inauguración de Expo-Agro en Almería.

Allí, el presidente de la Junta mostró su intención de trasladar a la juez las actas, aunque sin precisar mucho más. «Cuando toque se las daremos», aseguró, para manifestar a continuación que no se iba a pronunciar sobre el contenido del auto de la juez, ya que «lo que está en los juzgados tiene trámites judiciales y no políticos», y destacó que no corresponde realizar ninguna «consideración política» acerca de lo dicho por la magistrada.

Griñán, sin embargo, se refirió a la justificación que ofreció Alaya para dictar esta medida cautelar, esto es, que pudieran alterarse hasta que se pronuncie el Supremo.

En ese sentido, dijo que se fía «plenamente de que nadie en el juzgado va a abrir las actas naturalmente. Yo sí tengo esa confianza en la justicia y sé que nadie va a abrir las actas».

Mientras ayer la juez Alaya estaba de guardia, el Sindicato Manos Limpia s, personado como acusación particular, presentaba dos escritos en el juzgado.

Uno en el que se opone a la solicitud de inhibición por conflicto de jurisdicción planteada por la Junta de Andalucía pero en el que además se pide que, en el caso de que la Junta inste el conflicto negativo de jurisdicción, por parte del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, «se imponga de conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica 2/1987 la multa que corresponda a la Junta por su manifiesta temeridad y mala fe, obstaculizando el normal funcionamiento de la Justicia», todo ello, además, «con expresa condena en costas». En el otro escrito, el sindicato pide también que la Junta sea «expulsada del procedimiento» como parte perjudicada y se convierta en «responsable civil subsidiaria» de los delitos que hayan podido cometer los imputados.

Ahora el juzgado está pendiente de que el fiscal y el resto de las partes personadas en el procedimiento se pronuncien sobre el conflicto de competencias. Un tema que seguro fue abordado en la reunión que mantuvo el pasado martes la fiscal jefe de Sevilla con el fiscal anticorrupcion, Antonio Salinas.


En vigor la nueva orden de los ERE:
La Consejería de Empleo publicó ayer en el BOJA una orden en la que se refuerzan las medidas de control de las ayudas destinadas por la Junta a los trabajadores afectados por expedientes de expedientes de regulación de empleo (ERE). La publicación de este Orden, fechada el 1 de abril y cuyo contenido adelantó ABC, coincide con la investigación judicial abierta sobre los ERE fraudulentos. Esta orden contempla, en el caso de prejubilaciones, la obligación de superar una fase preliminar para estudiar la viabilidad de tales ayudas, así como la necesidad de varios estudios de impacto sociolaboral, entre otros requisitos.

https://ww.abcdesevilla.es/20110407/andalucia/sevi-junta-cede-enviara-juez-201104062137.html

Torrijos, imputado por el caso Mercasevilla

El primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, ha sido imputado por la juez Alaya por el caso de la venta de suelos en el Merca sevillano


ABC / sevilla

Día 07/04/2011 - 19.57h

El dirigente de IU y primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, ha sido imputado en el caso de la venta de los suelos de Mercasevilla.

La juez instructora del caso Mercasevilla, Mercedes Alaya, ya había confirmado que estaba investigando a Torrijos, que había sido vicepresidente del Consejo de Administración de Mercasevilla. El caso Mercasevilla tiene por objeto la investigación de las presuntas irregularidades en la venta de terrenos de la entidad de gestión pública.

El auto de la juez Mercedes Alaya hace referencia a la denuncia presentada en su día por la Asociación de Mayoristas de Frutas, Verduras y Hortalizas de Sevilla, en la que solicitaba la imputación del teniente de alcalde, portavoz municipal de IU y vicepresidente de Mercasevilla durante el proceso de adjudicación de los terrenos de la referida empresa pública a la constructora Sanma, venta que la juez considera irregular. Según expone el auto, “del resultado de las pruebas practicadas hasta la fecha, se deduce la responsabilidad y activa participación de Don Antonio Rodrigo Torrijos, vicepresidente y miembro de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla, en los asuntos de la referida Unidad Alimentaria y de modo especial en el proceso de adjudicación de la totalidad de los terrenos de la misma”
Con esta medida, y en virtud del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se señala a Torrijos como imputado por los hechos, pudiendo por tanto personarse en la causa con abogado y procurador.

En el mismo auto, la juez solicita de la Gerencia Municipal de Urbanismo más documentación, concretamente la copia de los expedientes de urbanización de la parcela en cuestión y de la licencia de primera ocupación. Asimismo libra oficio a la Policía Judicial para que investigue qué departamento o servicio de la gerencia de Urbanismo se encarga de revisar la finalización de las obras de urbanización con carácter previo al otorgamiento de la licencia de primera ocupación.

Torrijos, el «impulsor» del caso
Hace unos meses, la jueza desestimó un recurso del también imputado por el caso Fernando Mellet, en el que éste aseguraba que no tenía responsabilidad sobre el caso, puesto que cumplía órdenes de Torrijos. En el recurso, el ex director del Merca lklegó a decir que el primer teniente de alcalde era el "patrocinador" e "impulsor" de la fórmula de concurso público frente a la subasta -fórmula que permitiría después la supuesta venta irregular de suelos-. Otro de los impuados por el caso, Daniel Ponce, llegó a pedir directamente a la jueza que imputara a Torrijos en el caso.

Los imputados
Cabe recordar que, dentro de este caso están imputados, además de Antonio Rodrigo Torrijos, otras 15 personas, entre ellas al ex gerente de Urbanismo, Manuel Marchena; el ex edil y ex presidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo; los ex directivos del merca Fernando Mellet y Daniel Ponce; el ex responsable del Area de Vía Pública del Ayuntamiento sevillano y ex asesor del Grupo Municipal Socialista Domingo Enrique Castaño; el presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez, o el economista José Antonio Ripollés.

También están imputados la directora del Area Económico-Financiera de Mercasevilla, Pilar Giraldo; el vicepresidente y consejero delegado corporativo de Sando, Luis Sánchez Manzano; el vicepresidente ejecutivo del área inmobiliaria, José Luis Miró Morales; el vicesecretario del consejo de administración y de la comisión ejecutiva, Jorge Piñero;la técnico de Urbanismo María Victoria Bustamante, y la subjefa del Servicio de Licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Emilia Barrial Chamizo.
¿Debe dimitir Torrijos tras ser imputado por el caso Mercasevilla?


https://ww.abcdesevilla.es/20110407/sevilla/sevi-torrijos-imputado-caso-mercasevilla-201104071204.html

La juez anuncia a Torrijos y Vázquez su imputación

La magistrada del número 13 instruirá la denuncia de la Fiscalía del TSJA por presunta coacción a trabajadores en Sevilla Global


m. benítez/ a.g. reyes / sevilla

Día 12/04/2011 - 00.34h

El primer teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, imputado la semana pasada en el caso Mercasevilla por la presunta venta ilegal de los suelos de la lonja, y el delegado de Economía y Empleo del Ayuntamiento, Carlos Vázquez, acudieron ayer al juzgado número 13 para que la titular del mismo les comunicara su imputación por presuntas coacciones a los trabajadores de Sevilla Global, un hecho que adelantó este periódico el pasado viernes. La denuncia ha sido interpuesta por la fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Ana Hermoso, quien decidió tomar esta medida tras tener acceso a la grabación desvelada por ABC en la que los dos imputados anunciaron al gerente de la empresa municipal en septiembre de 2009 que iba a ser cesado en el siguiente consejo de administración y que hasta que eso se produjerá tendrían que «advertir entonces al personal de esta empresa que o consulta con nosotros o como tomen decisiones o ejecuten decisiones aunque las des tú sin consultar con nosotros, en el momento en que se produzca eso se van a encontrar con un problema». Carlos Vázquez añadió que «tendremos que ir hablando con los distintos responsables de departamento para explicarles cuál es la situación y que entiendan que a partir de ahora, efectivamente, políticamente, no tienes competencias. Estatutarias sí, pero políticas no. Entonces, como aquí todo el mundo es mayorcito, sabrán a lo que se tienen que atener». «Tendrán que optar», añadió Torrijos. Y Carlos Vázquez lo recalcó: «Tendrán que optar, efectivamente, a que de aquí a que se tome la decisión el que decida aceptar la situación se tomará nota y el que no decida aceptar la situación, pues también se tomará nota». «Pero, vamos, eso es la vida misma, ¿eh, Pepe?», concluyó el primer teniente de alcalde.

Unos días después comenzaron a ser despedidos paulatinamente once trabajadores de la empresa municipal. Todos esos despidos han sido declarados nulos o improcedentes en diferentes salas de lo Social de Sevilla, y en todas las sentencias se indica que las expulsiones se produjeron «por motivación ideológica». Uno de los casos, el del director de Recursos Humanos, fue recurrido por IU municipal ante el TSJA, pero el alto tribunal andaluz ratificó la sentencia. Y, además, una de las fiscales decidió tomar medidas contra los dos cargos políticos al entender que de la grabación aportada como prueba en la causa, realizada con el visto bueno de todos los participantes, se podría inferir la supuesta comisión de un delito contra la integridad moral de los trabajadores.

La denuncia recayó en el juzgado de instrucción número 13, cuya magistrada, María José Bernal, solicitó el expediente de las actuaciones a la sala de lo Social correspondiente y, tras analizarla, decidió ayer leer sus derechos a los dos responsables de IU y solicitarles que se busquen abogado y procurador .

Este periódico también ha desvelado la existencia de un informe realizado por una militante de IU que trabajaba en Sevilla Global unas semanas antes de los despidos, dirigido a Vázquez, en el que se acusa a algunos de los que después fueron despedidos de ser «simpatizantes del PSOE» o de «mofarse» de la ideología comunista.



IU tampoco conoce esta denuncia
El grupo de concejales de IU en el Ayuntamiento de Sevilla negó ayer que a Torrijos y Vázquez les haya comunicado el Juzgado de Instrucción número 13 imputación alguna. Según indicó en un comunicado, «habían sido citados a raíz de una denuncia interpuesta contra ellos y de cuyo contenido no se les ha informado», siendo «instruidos» ambos «en sus derechos» pero no «se les ha comunicado la imputación de ningún hecho o delito». «Ni tan siquiera se les ha tomado declaración», continúa el comunicado, que, como con el auto de Mercasevilla, recalca que Torrijos y Vázquez no tienen conocimiento del contenido de la denuncia contra ellos

https://ww.abcdesevilla.es/20110412/sevilla/sevi-juez-anuncia-torrijos-vazquez-201104112331.html

La Junta de Andalucía abonó casi 120.000 euros al bufete Olivencia Ballester, propiedad de Manuel Olivencia, suegro del líder del PP andaluz, Javier Arenas, procedente del fondo para empresas en crisis dotado con 647 millones. El bufete asesoró en 2001 a la empresa pública Santana Motor, participada al cien por cien por la Junta, para externalizar algunos componentes de los coches que fabricaba, y por ello facturó 119.828 euros. Pero la Consejería de Empleo pagó la minuta a través del mismo fondo con el que subvencionó los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que un juzgado investiga ahora, según reflejan las diligencias abiertas.


Este copia y pega se te paso por alto.

Gracias por la informacion pero podrias haberla puesto completa y su procedencia para entender un poco más.

Valientes malhechores estos de la Junta

IU compara la doble imputación a Torrijos con los procesos de la dictadura franquista

El coordinador general de IU, Cayo Lara, dice que «cree y creerá» en la inocencia del candidato a la Alcaldía y resalta que a su formación nadie le va a dar lecciones de honestidad


M.D. ALVARADO / SEVILLA

Día 15/04/2011 - 07.24h


IU celebró ayer el 80 aniversario de la proclamación de la II República con un homenaje a los fusilados por la mañana en el cementerio y por la tarde con un mitin en Fibes para la presentación de su candidatura a las elecciones municipales. Ambos actos le siervieron a la formación comunista para arropar a su candidato a la Alcaldía de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, imputado doblemente, por el caso de la venta de suelo de Mercasevilla y por amenazas a los trabajadores de Sevilla Global. Por la mañana, el coordinador general de IU, Cayo Lara, consideró «inaudito» que «una persona esté condenada socialmente a través de los medios de comunicación y todavía nadie sabe qué delito se le imputa» aludiendo a que eso pasaba en la dictadura franquista cuando «se llamaba a la sala a los imputados por levantamiento contra el régimen se decía: que pase el condenado». Por la tarde, repitió esos argumentos, para señalar que cree y creerá «en la completa inocencia de Torrijos» y señalar que a IU «nadie le va a dar lecciones de honestidad». Esa afirmación siguió a la que minutos antes había hecho el coordinador de IU-CA, Diego Valderas, quien llegó a señalar que «nadie, ni los partidos ni los poderes fácticos ni judiciales, va a marcar la agenda a esta fuerza política».

Torrijos por su parte, tras oir los apoyos y elogios de quienes subieron al atril, primero agradeció a los presentes que «con la que está cayendo» hubieran acudido, y llenado, el auditorio de Fibes. Luego recordó la presión sufrida señalando que tiene el «récord Guinness de portadas de ABC en dos años».Comparó esos hechos con otros presuntos «ataques» a IU en las municipales de 2003 y 2007 —en la primera porque en sus listas iba abogado de proetarras y en la segunda le inhabilitaron a uno de sus integrantes, que repite este año, por un conflicto sindical—, para señalar luego que todo obedece a que sus actuaciones en el Gobierno municipal han hecho que haya a quien «le estamos arruinando el negocio». «Nos sobran motivos para soñar con que IU puede llegar a la Alcaldía», dijo.

El PA pide «listas limpias»
La candidata a la Alcaldía de Sevilla, Pilar González, denunció ayer que IU «está deslegitimando a la Justicia y tirando por tierra su propio código ético» al permitir que Antonio Rodrigo Torrijos, conserve su cargo y encabece la lista a las elecciones municipales pese a haber sido imputado. González exigió «listas limpias» de imputados y consideró «una estrategia antidemocrática intentar defender la imputación de Torrijos deslegitimando a la Justicia. Es lamentable y un auténtico dislate».


https://bcdesevilla.es/20110415/sevilla/sevi-compara-doble-imputacion-torrijos-201104142338.html