Mairena del Aljarafe - Sevilla

La Justicia anula el proceso por sus irregularidades

El SAS amañó un concurso para adjudicar a dos clínicas abortistas ayudas millonarias

Chema Rodríguez | Sevilla
Actualizado lunes 10/08/2009 10:26 horas

Dos de las más importantes clínicas abortistas de Andalucía con sedes en Sevilla y Málaga, Clínica Triana SL y Atocha Ginecológica SL, recibieron ayudas millonarias de la Junta de Andalucía en virtud de un concurso público plagado de irregularidades.

Un juzgado, el de lo Contencioso Administrativo 10 de Sevilla, acaba de anular el procedimiento administrativo por el que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) adjudicó a estas clínicas la gestión del «Servicio de interrupción voluntaria del embarazo» en situación de riesgo o de más de doce semanas o, lo que es lo mismo, el concierto para llevar a cabo abortos subvencionados por la Administración autonómica.

Ambas empresas 'ganaron' el concurso público convocado en agosto de 2007 y los casi cinco millones de euros que llevaba aparejado a modo de 'premio'. Pero el proceso no fue limpio y, según ha dictaminado ahora la Justicia, fue diseñado ad hoc para las dos clínicas, que ya venían prestando este servicio a la sanidad pública andaluza desde años atrás.

El SAS estableció como requisito para poder optar a la adjudicación del servicio un criterio –acreditar la realización de al menos 500 abortos en el año anterior– que, de acuerdo con la resolución del juez a la que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, tenía como único objetivo beneficiar los «intereses particulares» de los propietarios de las dos clínicas, que en la práctica monopolizan el 'negocio' del aborto en Andalucía con la aquiescencia de la Junta de Andalucía.

< De hecho, señala el magistrado que firma la sentencia, sólo estas dos clínicas, que tenían en exclusiva el servicio público de abortos, podían cumplir esta exigencia que, añade, no está contemplada en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RDLeg. 2/2000), que establece hasta siete medios para valorar la solvencia técnica o profesional de los empresarios a la hora de contratar con la Administración. Ninguno de ellos encaja con la exigencia del mínimo de intervenciones que requería el SAS en el concurso ahora anulado.

Esta exigencia «encubría» en realidad, según palabras del magistrado, el interés de la Administración andaluza por adjudicar los casi cinco millones del concurso a las dos empresas que ya venían prestando este servicio, Atocha Ginecológica SL y Clínica Triana SL.

Pero el juez va más allá y acusa a los responsables del Servicio Andaluz de Salud de utilizar «de forma torcida» su poder para beneficiar «concretos intereses particulares». Se basa el magistrado para hacer estas afirmaciones en «elementos indiciarios» que le llevan al convencimiento de que «la Administración ha actuado ilegalmente» al adjudicar un concierto millonario a dos clínicas elegidas arbitrariamente en función de criterios que han resultado ser irregulares.

En concreto, la exigencia de haber practicado en el año anterior al concurso más de 500 abortos de embarazos de más de doce semanas o que impliquen alto riesgo es «arbitraria e irrazonable», ya que, dice la resolución del Juzgado de lo Contencioso 10 de Sevilla, «ni siquiera se atiende a la calidad de tales intervenciones primando exclusivamente la cantidad». Un criterio, que vuelve a repetir el juez, sólo podían cumplir «precisamente» las dos empresas privadas a las que el SAS derivaba la práctica de tales abortos, «vedando así toda oportunidad de concurrir a los demás aspirantes y asegurando que el concurso se adjudicase a esas concretas empresas».

A este concurso, de hecho, optó una tercera empresa, Poliplanning SL, con clínicas en Huelva y Cádiz, que quedó fuera y que fue la que interpuso la demanda que ha derivado en la anulación del procedimiento por parte del juez.

https://ww.elmundo.es/elmundo/2009/08/09/andalucia/1249835389.html