Los Palacios y Villafranca - Sevilla

«La Junta ha estafado a los más débiles de nuestra comunidad»

El PP se hace eco de la investigación judicial que hay abierta para aclarar el fraude en ayudas para incentivar la contratación de discapacitados canalizadas a través de la Consejería de Empleo

cristina malagón / sevilla

Día 30/08/2011 - 08.52h

ABC

El PP de Andalucía, a través de su portavoz, Rosario Soto, ha vuelto a pedir «la comparecencia urgente» en el Parlamento del consejero de Empleo, Manuel Recio, «por el fraude con los fondos de la Junta de Andalucía para la integración de los discapacitados». «Es lo más sangrante y la gota que colma el vaso en los escándalos de esta consejería», apuntó Soto.

Su partido vuelve a pedir la comparecencia de Manuel Recio para que ofrezca explicaciones sobre este asunto porque, como ya publicó este periódico el pasado 29 de julio, ya lo hizo por primera vez el responsable de Empleo del grupo parlamentario popular, Jorge Ramos, al conocerse el fraude.

En la información de ABC se anunciaba que el juzgado de instrucción número tres de Sevilla investiga a varios altos cargos de la Consejería de Empleo por supuesta estafa, prevaricación y apropiación indebida de ayudas procedentes de la Unión Europea que recibe y canaliza la consejería para incentivar la contratación de discapacitados por empresas privadas.

Ayer, Rosario Soto dijo que «se «sabe que hay una desviación de fondos, que se está investigando el caso por la justicia y nosotros nos hacemos eco de esta investigación judicial» y que, como les gustaría «tener todos los datos», además de la comparecencia del consejero de Empleo, han pedido que se abra una comisión de investigación en el Parlamento. Otra iniciativa que ya adelantó el pasado día 18 de agosto el vicesecretario general de los populares andaluces, Ricardo Tarno. Soto se mostró convencida de que «Manuel Recio tiene muchas explicaciones que dar porque con los fondos con los que se tenía que estar creando empleo se ha estafado a las personas más débiles de nuestra comunidad, que son las que necesitan más ayudas de la Administración pública». «No solamente hay un fraude en los fondos públicos sino que este fraude va en detrimento de los más débiles».

Además de «jugar con el dinero de los parados», los populares andaluces denuncian que la Junta «está jugando también con el dinero de los discapacitados».

Como ejemplo, otra referencia a lo publicado por ABC el 29 de julio. Según pudo saber entonces este periódico, la magistrada Patricia Fernández Franco ha abierto diligencias atendiendo a una querella criminal presentada por una empresa afectada por impagos de la Administración autonómica y a la que estaban estudiando adherirse medio centenar de firmas más que tampoco habían cobrado las subvenciones.

La estimación de la Asociación de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Andaluza (Aceca) es que hay cerca de 400 empresas afectadas a las que se les adeuda más de 100 millones de euros correspondientes a los ejercicios de 2009, 2010 y 2011. Empleo cifra en 15 millones el dinero pendiente de abonar. Y el auto de la magistrada Fernández Franco, con fecha de 22 de junio y al que tuvo acceso ABC, argumenta que «las ayudas de la UE recibidas por la Junta en las distintas Delegaciones de Empleo, vinculadas a la contratación de personas con discapacidad, habrían sido recibidas por la Administración y no entregadas sin causa justificada a la empresa destinataria, comprometiendo de esta forma su viabilidad».

La querella se ha interpuesto contra quien en ese momento era director general de Formación en Empleo, Andrés Sánchez —que dimitió poco después de las elecciones municipales—; la exdirectora general de Fomento e Igualdad en el Empleo, María Dolores Luna; los directores de los Servicios Generales de Empleo actuales y, en algunos casos anteriores, de las delegaciones de Jaén, Granada y Málaga; el actual jefe de servicio de contratación del SAE, así como otros funcionarios de libre designación.

«Ni un euro claro»

La portavoz del PP andaluz señaló que a este fraude en la Consejería de Empleo se suman otros más como el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), «del que todos conocemos qué ha ocurrido con los casi 700 millones de euros de dinero público con los que se tendría que estar creando empleo en esta comunidad que es récord en paro»; las «irregularidades y los enchufismos en las contrataciones de personal» en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe); «el fraude en la mitad de los incentivos para la contratación y la negligencia de la Consejería en el control y vigilancia de los Fondos Europeos»; «el trato de favor que han recibido cargos socialistas y sus familiares para cursos de formación en empleo, empezando o acabando por la mujer del vicesecretario general del PSOE, Rafael Velasco» o «el oscurantismo y el enchufismo en los procesos de selección de distintos programas de empleo».

Y es que, según Rosario Soto, en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía «no hay ni un euro claro» y «los escándalos se multiplican, son insostenibles y los andaluces no se merecen este trato del Gobierno».

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán aseguró ayer que si el Gobierno andaluz tiene conocimiento de alguna irregularidad en las ayudas al empleo destinadas por parte de la Administración andaluza a personas con discapacidad así lo denunciará.

Griñán explicaba así por qué su Gobierno no ha denunciado este caso como sí hizo con las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo, según informa Europa Press.

https://ww.abcdesevilla.es/20110830/andalucia/sevi-junta-estafado-debiles-nuestra-201108300000.html