Los Palacios y Villafranca - Sevilla

La Intervención avisó a la Junta en 2005 de ayudas a ERE que estaban infladas

Alertó a Empleo y Hacienda de un «desfase» de 44,5 millones para prejubilaciones que no tenían «cobertura presupuestaria»

Día 28/03/2011 - 08.11h

El ex viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, que recibió el informe de Hacienda, a la salida de los juzgados de Sevilla hace un año, donde tuvo que declarar por el «caso Mercasevilla»
La Intervención avisó a la Junta en 2005 de ayudas a ERE que estaban infladas

Informe que la Intervención remitió a Empleo en 2005 donde avisó de desfases contables en las ayudas a ERE y que Carmen Martínez Aguayo conoció siendo viceconsejera de Hacienda con Griñán
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La Intervención General de la Junta de Andalucía advirtió ya en 2005 a las Consejerías de Empleo y Hacienda de que algunas ayudas para expedientes de regulación de empleo destinadas a empresas, canalizadas a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), estaban infladas. La jueza de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, investiga un fraude relacionado con la gestión de estos fondos por la Junta, que manejó más de 647 millones entre 2001 y 2010, al hallar al menos 72 «intrusos», es decir, personas que se beneficiaron de jubilaciones anticipadas en empresas donde nunca habían trabajado.

El coste real de las pólizas que destinaba el IFA para prejubilar a los trabajadores afectados no cuadraba con la subvención que luego se cargaba en los presupuestos. En algunos casos, el organismo instrumental que utilizaba la Consejería de Empleo tramitó ayudas por un importe inferior al dinero que se imputaba en las arcas. En concreto, la Intervención pone como ejemplo las ayudas sociolaborales concedidas a la firma textil Hytasal, que se fijaron en 10,5 millones de euros, cuando en realidad «el importe correspondiente a las prejubilaciones asciende a 10,28 millones», expone, sin que existan datos objetivos que sustenten ese desfase.

No se trata de un caso aislado. Tras hacer una selección y examinar 20 convenios de los 144 tramitados por la Junta entre 2001 y 2004, el órgano fiscalizador concluye que «las deficiencias detectadas pueden considerarse extensivas al resto de los convenios», por lo que «existen dudas razonables sobre la correcta tramitación de los expedientes». Enumera 18 anomalías, tales como que no se daba publicidad a las ayudas, no se exigía a las firmas una memoria justificativa de las mismas ni plazo de ejecución o carecían de «fiscalización previa».

La Consejería de Empleo, así como la de Hacienda —bajo el mando de José Antonio Griñán—, hicieron caso omiso al órgano fiscalizador, pese a que tres informes consecutivos, de 2005 a 2007, avisaron de esta y otras «deficiencias» que cuestionaban la tramitación de los fondos al margen de los controles legales. Incluso, va más allá del proceso formal y detecta descuadres contables. Un acuerdo suscrito en julio de 2001 por el entonces director general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero —quien destapó en su declaración ante la Policía Judicial que había un «fondo de reptiles»— puso en marcha este polémico sistema de gestión de las ayudas. La declaración de este ex alto cargo, imputado en el caso, obligó a la Consejería de Empleo a realizar una investigación interna, que ha revelado al menos 183 irregularidades en los ERE.

Desde el principio, la gestión contable de los fondos ha estado plagada de sombras, como deja patente la Intervención. De hecho, avisó en 2005 de que el IFA se comprometió, a través de convenios con firmas, a darles 206,38 millones en ayudas de 2001 a 2004, de las que 44,46 millones no tenían «cobertura en los presupuestos de la Junta», por lo que los acuerdos serían «nulos de pleno derecho».
Principales reparos del órgano fiscalizador
Cuentas que no cuadran en los ERE
Como paradigma del baile de cifras en las subvenciones, la Intervención señala que el coste de las prejubilaciones en Hytasal era inferior al imputado a las cuentas. Hace extensivo el desfase a otras ayudas.
Sin memoria justificativa
«No se aporta presupuesto desglosado por partidas, no se acredita la personalidad de las entidades solicitantes ni de sus representantes», son dos de los documentos que echa en falta la Intervención.
Falta la autorización del Gobierno
Tampoco «consta autorización de la concesión de las ayudas por el Consejo de Gobierno», que en entonces (2005) tenía como presidente a Manuel Chaves. Y faltan otros informes de la Consejería de Presidencia.
500.000 euros para un «broker»
El informe advierte de ya la existencia de intermediarios en la tramitación de ERE. En el caso de la firma textil Hytasal, el IFA desvió 500.000 euros a la «Asociación 14 de noviembre» para «gastos de gestión».
Las subvenciones no se hacían públicas
La Intervención apunta directamente a la opacidad del sistema de tramitación de los fondos. Asegura que «no consta que se haya dado publicidad a la concesión de las ayudas», como marca la ley.

https://ww.abcdesevilla.es/20110328/andalucia/sevi-intervencion-aviso-junta-2005-201103272237.html