Los Palacios y Villafranca - Sevilla

Informes oficiales de los ERE apuntan a que Griñán conoció las irregularidades en 2005
Calos Pizá / José María Camacho | 14/03/2011 - 7:43
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El escándalo del fraude en los ERE de Andalucía está derivando con fuerza, una vez conocidas provisionalmente las primcipales cifras del mismo (147 intrusos en 32 expedientes que incluyen a 5.563 trabajadores), hacia el esclarecimiento de los responsables políticos clave.

En paralelo a la investigación judicial, la pregunta que esta última semana sobrevuela la clase política andaluza es: ¿Quién, y a qué nivel, estaba al corriente de las irregularidades en la tramitación de los expedientes de regulación de empleo?

El PP andaluz, que está personado como acusación en el caso del ERE de Mercasevilla que ha destapado el escándalo, anunció ayer que va a presentar esta semana una querella por malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, uso de información privilegiada y fraude en subvenciones contra dos ex directores generales de Empleo (Javier Guerrero y Juan Márquez, que ocuparon ese cargo desde 2001 hasta 2008, y de 2008 a 2009, respectivamente); el ex delegado provincial de Empleo de Sevilla entre 2000 y 2010, Antonio Rivas; contra el intermediario y ex miembro de UGT, Juan Lanzas; y contra empresas intermediarias en los expedientes.
Inmolación política

Los populares apuntan, por ahora, a que la línea de responsabilidad penal alcanzaría con lo que se conoce hoy a la dirección general de empleo. Pero, políticamente, van mucho más arriba: hasta la actual, y pasada, presidencia de la Junta. Es decir, contra José Antonio Griñán, actual presidente andaluz, y su predecesor y actual vicepresidente tercero del Gobierno de España, Manuel Chaves.

Los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía de 2005, 2006 y 2007, remitidos a la Consejería de Economía controlada en esos años por Griñán, le han puesto en el ojo del huracán. Él no ha dicho claramente que no los conociera, sino que la Intervención no dio el paso de identificar irregularidades al solicitar cambios en el procedimiento de gestión de las ayudas para los ERE.

Esos informes dejan claro que el modo de actuación seguido desde 2001 hasta hoy incumple totalmente los procedimientos establecidos. Ese agujero procedimental es el que se aprovechó para incluir a los intrusos -miembros y ex miembros y altos cargos socialistas en ayuntamientos y la propia Junta, sindicalistas de UGT y CCOO, así como familiares de muchos de ellos-.

La actual consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, aseguró el viernes que Griñán no conoció los informes. Ella, que era su viceconsejera, ha asumido toda la responsabilidad por no haber puesto en conocimiento de su entonces jefe las reiteradas advertencias de la Intervención. Una autoinmolación política, que trata de servir de rompeolas de un tsunami que podría arrasar al presidente andaluz.
Responsable político

Ni IU ni, mucho menos el PP, dan credibilidad a esta versión y señalan directamente a Griñán como el principal responsable político que supo, tapó y permitió que siguiera utilizándose un procedimiento cuestionado para administrar 647 millones de euros entre 2001 y 2008. Ambas formaciones han pedido además la dimisión de Martínez Aguayo.

La delicada situación política de esta última y del actual consejero de Empleo, Manuel Recio, a quien el PP ha pedido también que dimita, podría desembocar así esta semana en una crisis de Gobierno; o incluso en un adelanto electoral, como dirigentes del PSOE de la provincia de Sevilla vienen reclamando desde hace semanas ante la oposición de sus compañeros de la poderosa provincia de Jaén.

Y es que no sólo está sobre la mesa el escándalo de los intrusos en los ERE , sino otros dos fraudes relacionados con la gestión de las políticas de Empleo. El primero de ellos es primo hermano de los ERE , ya que se trate de ayudas a empresas en crisis por valor de 87 millones, recibidas por 130 firmas, cuya elección y tramitación estuvieron al total arbitrio del ex director general de Empleo, Javier Guerrero. Éste, imputado en el caso Mercasevilla, ya declaró el pasado viernes a la Policía que informaba de estas ayudas, y de los ERE , a sus superiores, los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera (quien le nombró) y Antonio Fernández (que le mantuvo hasta su cese en 200.

El segundo es el fraude masivo descubierto por la fiscalía y la Guardia Civil en las ayudas de la UE al empleo estable: 5.870 empresas habrían estafado 23 millones, lo que deja en evidencia la falta de control fiable de estas ayudas por parte de la Junta, según ha criticado el PP.

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