Los Palacios y Villafranca - Sevilla

El presidente y tres dirigentes de la CEA fueron socios de Qualytel Teleservices, SA, empresa implicada en un fraude masivo e investigada por la Fiscalía

Actualidad General

Domingo, 06 de Marzo de 2011 16:43

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En el fraude masivo de alrededor de 1.600 empresas que presuntamnte se han beneficiado de los fondos europeos intermediados por la Junta de Andalucía para contratar a trabajadores que eran despedidos nada más cobrada la ayuda, se encuentra una empresa peculiar, Qualytel TeleServices, SA, señalada por la información publicada en ABC, administradora única de Qualytel Andalucía, SA, de cuyo consejo de administración han formado parte el presidente, Santiago Herrero León y altos cargos de la CEA hasta diciembre de 2007, cosa que no ha salido a la luz. Igualmente ha sido administrador de esta empresas Antonio Falcón Romero, socialista y ex alto cargo de la Junta de Andalucía, concretamente x director general de Política Interior del Gobierno andaluz y ex comisionado para la Droga.

Cobra gran relevancia la noticia por cuanto Qualytel Teleservices es la empresa encargada por parte de la Agencia Tributaria para asesorar por teléfono a los contribuyentes con sus declaraciones de la Renta. Que está siendo investigada por defraudar 318.000 euros de ayudas de la Unión Europea al empleo que gestionó la Junta de Andalucía ya es notable. Que sean personas de la cúpula de la CEA los que han sido sus socios en Andalucía desde marzo de 2004 a diciembre de 2007, es relevante.

Según dice el propio diario de Vocento, "el escándalo cobra en el caso de Qualytel perfiles inquietantes, puesto que, entre la amplísima cartera de clientes con que cuenta esta compañía especializada en la gestión telemática, está la propia Agencia Tributaria, que le ha encargado el servicio telefónico de la próxima campaña de la Renta, que arrancará en mayo. Este servicio está confirmado en ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla. Entre sus asiduos clientes se encuentran también bancos y teléfonos como el 112 de emergencia o servicios básicos como Salud Responde contratados por la Junta de Andalucía, bajo cuya gestión se cometieron las irregularidades."

De ser esto cierto, está claro que las personas de la cúpula implicada de la CEA tiene responsabilidades por cuanto que ya en 2006, el digital Por Andalucía Libre", publicó que "hay destacados empresarios de la cúpula dirigente de la CEA (Confederación Andaluza de Empresarios) que son administradores y/o accionistas de una de las empresas ligadas a Qualytel SA, en concreto, a Qualytel Andalucía SA, cuyo administrador único es Qualytel Teleservices,SA. La empresa se llama COMUNICACION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS EN ANDALUCIA SA y en ella participan Santiago Herrero, José Luis Haurie, Antonio Carrillo Alcalá y Miguel Santaella Rodríguez (que sepamos no lo hacen en nombre de la CEA sino a título personal).

Hasta ahora, sólo habíamos descubierto en Qualytel Interservices, SA, empresa dedicada al telemárketing y adjudicataria del servicio Salud Responde de la Consejería de Salud, la presencia de Antonio Falcón Romero, ex comisionado de la Droga y militante del PSOE, socio a su vez de Pablo Recio y Luis Cordero, ambos vinculados al PSOE. Pues la cosa es más compleja y demuestra que la tela de araña afecta a muchos y de muy variada manera así cómo los intereses comunes que ligan a dirigentes empresariales con la Junta de Andalucía y el Partido Socialista."

Entre los accionistas de Qualytel Andalucía SA se encontraban a finales de 2006 y estuvieron hasta finales de 2007:

a)Tomás Muriana Gajete, Consejero Delegado y Fundador de QUALYTEL TELESERVICES, S.A.

b)Vicente Olivenza Castellano, Representante de AEMT(Asoiación Española de Márketing Telefónico) y administrador de QUALYTEL TELESERVICES, S.A.

c)María José Romero Ganuza

d)COMUNICACION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS EN ANDALUCIA SA(que es donde participan los gerifaltes de la CEA)

e)Antonio Falcón Romero, ex alto cargo de la Junta de Andalucía y del Partido Socialista, administrador de Qualytel Teleservices, SA, adjudicataria del servicio Salud Responde.

Es en la empresa COMUNICACION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS EN ANDALUCIA SA donde aparecen como administradores algunos de los más importantes dirigentes de la CEA. Dedicada a servicios y/o asesoramiento de comunicación, imagen, difusión, etc. de empresas en cuanto a comunicación integral y otras; encuentros, reuniones, asableas, etc.; y servicio jurídico, contable, fiscal, laboral a empresas, sus administradores son:

Nombre: SANTAELLA RODRÍGUEZ, MIGUEL, Vicepresidente de la CEA en 2006 y presidente de la Asempal, Asociación Empresarial de la Provincia de Almería (ASEMPAL), entre otras cosas.

Cargo: Consejero
Fecha de nombramiento: 30/04/1998
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 05/06/1998
Fecha de la escritura: 30/04/1998
Notario/Certificante: ANTONIO OJEDA ESCOBAR
Residencia: SEVILLA - SEVILLA
Número de protocolo: 2086/98

Nombre: HAURIE VIGNE, JOSE LUIS, CEA y miembro del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales por la CEA en 2006. Y es vocal de la Comisión de control de Caja Córdoba

Cargo: Consejero
Fecha de nombramiento: 30/04/1998
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 05/06/1998
Fecha de la escritura: 30/04/1998
Notario/Certificante: ANTONIO OJEDA ESCOBAR
Residencia: SEVILLA - SEVILLA
Número de protocolo: 2086/98

Nombre: HERRERO LEON SANTIAGO, Presidente de la CEA
Cargo: Consejero
Fecha de nombramiento: 30/04/1998
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 05/06/1998
Fecha de la escritura: 30/04/1998
Notario/Certificante: ANTONIO OJEDA ESCOBAR
Residencia: SEVILLA - SEVILLA
Número de protocolo: 2086/98


Nombre: CARRILLO ALCALA ANTONIO, secretario general de la CEA
Cargo: Consejero
Fecha de nombramiento: 16/02/2002
Duración: 16/02/2007
Inscripción: 2
Fecha inscripción: 20/06/2002
Fecha de la escritura: 07/06/2002
Notario/Certificante: ANTONIO OJEDA ESCOBAR
Residencia: SEVILLA - SEVILLA
Número de protocolo: 2002/2643

Cuenta ABC que la envergadura económica podría superar el escándalo financiero de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que tuvo su origen en el caso de las supuestas comisiones ilegales de Mercasevilla. Sólo desde el año 2009 el importe total de las ayudas concedidas por la Junta que están bajo sospecha se eleva a 25 millones de euros.

Qualytel cuenta con una plantilla de 6.500 trabajadores y factura al año 1,16 millones de euros ya ha trabajado en anteriores campañas de la Renta con la Agencia Tributaria. Gracias a contratos como éste, en 2006, con presencia de la cúpula de la CEA, escaló al cuarto puesto del sector de gestión telemática a nivel nacional, con un ritmo de crecimiento del 30 por ciento anual. Sus servicios para administraciones abarcan el teléfono de 24 horas o el de emergencias de Andalucía y Cataluña.

Entre sus clientes preferentes se encuentra, de hecho, la Junta de Andalucía, que encargó a este «call center» la gestión de servicio telefónico de Salud Responde, así como la línea que asesora a las mujeres en casos de malos tratos (teléfono 016). De hecho, según corroboran desde el sindicato Comisiones Obreras, la filial regional de Qualytel, Qualytel Andalucía, SA, gestiona los mencionados servicios, así como el Teléfono del Menor y parte de las líneas del 061 y el 112 en las provincias de Almería, Jaén, Málaga y Granada.

En Qualytel, como fue denunciado por "Por Andalucía Libre" en dos informes, la precariedad en el empleo era la norma, ya que la mayoría de sus trabajadores eran despedidos a los pocos meses de ser contratados. De hecho, la firma despidió en 2009 a más de 200 trabajadores amparándose en la rescisión de contratos de empresas con esta teleoperadora. El asunto concluyó con una sentencia del TSJA que confirmó otra de un juzgado jerezano que declaró improcedentes los ceses.

El PP ya denunció a la firma en 2006 por chanchullos

La denuncia del PP, contada por l ya mencionado medio digital, fue esta:

"El presidente local del PP, Bernardo Villar, hizo público ayer un documento, que según dijo había llegado al PP de forma anónima, en el que se recoge un convenio de colaboración firmado el pasado 21 de febrero por la alcaldesa Pilar Sánchez y el presidente de Caja San Fernando, Luis Pascual Navarrete, en relación con la cesión parcial y temporal, mediante precio, al Ayuntamiento del inmueble que ocupaba la Facultad de Derecho para la instalación de la empresa de telecomunicaciones Qualytel.

Lo que llama la atención en dicho convenio es que en una de las cláusulas del mismo se hace referencia a un acuerdo plenario del 18 de febrero por el que se complementaba "el actual uso del inmueble descrito", que era docente e investigador, "a otros usos compatibles con las actividades propias del sector de las telecomunicaciones". El PP ha podido comprobar y de hecho se ha admitido por parte del gobierno municipal, que ese pleno nunca existió, lo que en opinión de Villar, "supondría la mentira más grave de Pilar Sánchez, porque no sólo afecta a ella sino a toda la Corporación municipal y a Caja San Fernando". El responsable del PP abundó en la gravedad del asunto, aclarando en todo momento que su denuncia no va dirigida contra la empresa Qualytel. "Nos preocupa que el presidente de la Caja no conociera que ese pleno no se había celebrado, porque eso tendría consecuencias muy graves". Se preguntó además por qué el cambio de uso de la parte de las instalaciones que iba a ocupar Qualytel no se llevó a pleno, lo que calificó como "una falta de transparencia" por parte de la alcaldesa. En su opinión, la irregularidad que se observa en el documento responde "a una más de las carreras y empujones entre Pacheco y la alcaldesa por ver quién intenta traer más inversiones a la ciudad", aludiendo a que en aquellas fechas mientras la alcaldesa anunciaba la llegada de Qualytel, Pacheco hacía lo mismo con otra empresa de similar actividad.

Villar manifestó que los representantes del PP en la Caja han pedido explicaciones en la comisión de control de la entidad, sin haberlas recibido hasta el momento. No obstante, el delegado de Promoción de la Ciudad, Francisco Lebrero, salió al paso de esta denuncia y aseguró que el documento difundido por el PP está actualmente sin vigencia y que dos días después, el 23 de febrero,se firmó otro que rige en la actualidad. Según el delegado, la firma de un segundo convenio se produce cuando se detecta el error de hacer referencia a un pleno que no se celebró y también porque otra de las cláusulas del primer convenio podía inducir a malinterpretaciones.

Precisamente a esta cláusula hizo referencia también Villar ya que en la misma, el Ayuntamiento se comprometía frente a Caja San Fernando "a poner en marcha en relación con la totalidad del inmueble, las actuaciones urbanísticas necesarias para que los actuales usos del mismo puedan ampliarse a otros usos propios de la actividad que la entidad propietaria del inmueble o las empresas participadas que con ella forman Grupo, tienen entre sus fines propios e institucionales". Ante este párrafo, Villar puso sobre la mesa una serie de interrogantes y se preguntó si se está hablando de una recalificación total del inmueble, a qué otros usos podría dedicarse la antigua Facultad de Derecho e incluso si este aspecto era conocido por el delegado de Política Territorial, Pedro Pacheco, ya que en el avance del PGMO se sigue contemplando este edificio como equipamiento docente.

En el segundo convenio, al que tuvo acceso este medio, esta cláusula desaparece al igual que cualquier referencia a la celebración de un pleno y se añade otra cláusula diciendo que el convenio firmado el día 21 queda anulado. "