La Algaba - Sevilla

Se le imputan hasta 6 delitos, entre ellos de malversación de caudales y cohecho
El Ministerio Público también le reclama una fianza de 933 millones de euros

La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos decretó ayer prisión sin fianza para Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, el primero del medio centenar de imputados que ingresa en la cárcel.

La decisión de la juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, se produjo después de la petición del fiscal, quien alegó que la pena que podría corresponder al imputado sería superior a los 18 años de cárcel.

Después de tres días de interrogatorio, el fiscal pidió además 933 millones de euros de fianza en concepto de responsabilidad civil, cálculo realizado por el dinero público presuntamente malversado mediante los ERE y otras ayudas de la Junta fraudulentas, informa Efe.

El letrado de la Junta y la acusación particular que ejercen el PP, el sindicato Manos Limpias y UGT, se adhirieron a la petición del fiscal, y la defensa de Guerrero pidió a la juez que aparte a la Junta como acusación particular, dado que debe ser designada responsable civil subsidiaria del pago de las indemnizaciones.

Durante el interrogatorio de tres días, la juez Alaya le planteó un total de 144 preguntas. En su declaración de ayer, Guerrero negó que sea alcohólico o cocainómano. "Sólo consumo Marlboro, un gin-tonic al día de Beefeater, de postre, y alguna que otra copa alguna tarde".

De este modo, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta negó que consumiera cocaína y, mucho menos, que parte del dinero del fondo de reptiles se destinara a comprar droga, como declaró ante la Policía Juan Francisco Trujillo, su conductor desde finales de 2002 hasta el cese de Guerrero en abril de 2008.

El ex alto cargo de la Consejería de Empleo atribuyó las acusaciones de su chófer a una "vendetta o revancha personal", ya que asegura que fue él quien puso en conocimiento del consejero que el chófer incumplía las normas básicas "de higiene, indumentaria y cumplimiento de horarios". Nueve meses después de destituir a Guerrero, la Junta despidió al conductor por una baja laboral ficticia.

Así, intentando debilitar la credibilidad de su chófer, Guerrero intentó defender su versión de que no consumía cocaína y, por lo tanto, difícilmente pudo haber destinado dinero público a comprarla o a "ir de fiestas y copas", como declaró Trujillo ante la Policía. Dijo de él que se dedicaba a hacer proyectos para empresas que recibían subvenciones y puso como ejemplo la empresa Dhul, de Nueva Rumasa, a la que facturó la empresa Lógica Estratégica Empresarial, propiedad del chófer, por gestionar ayudas de la Junta.

Ésta y otras empresas del conductor recibieron 1,2 millones de euros, a los que había que sumar una póliza de rentas abierta a nombre de la madre del chófer como falsa prejubilada en un ERE. Guerrero aseguró que desconocía que esas empresas fueran de su conductor, del que dijo que era "igual de hábil para no hablar como para engañar".

Así, aseguró que, si llega a saber que las empresas eran del chófer, lo habría puesto en conocimiento del viceconsejero de Empleo, ya que no le habría parecido ético conceder ayudas a alguien vinculado a él, aunque fuera laboralmente. La juez le preguntó a continuación por qué le pagó entonces una póliza de rentas a su suegra, a lo que respondió que "ahí no había ilegalidad". Guerrero sólo encuentra dos razones a la declaración sobre la cocaína: o bien una vendetta o bien presiones de terceros para desacreditarlo aún más.

En la sesión del jueves, Guerrero aseguró que la Junta y su Gobierno están actuando contra él por ser "un blanco fácil" y no pertenecer "al aparato del PSOE". El ex director de Trabajo terminó acusando al ex presidente Manuel Chaves, al ex consejero de Empleo José Antonio Viera y a la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno de Griñán, Mar Moreno, de querer "salvar su honorabilida" a costa de desprestigiarle.


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