La Algaba - Sevilla

PREJUBILACIONES FRAUDULENTASPiden las transferencias que Griñán aprobó como consejero Concede a la Junta diez días para que informe sobre los expedientes tramitados desde 2005 por la consejería - 22:00 - EFE | SEVILLA
La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos ha pedido a la Junta que informe sobre las transferencias del llamado "fondo de reptiles" a partir de 2005, cuando el presidente andaluz, José Antonio Griñán, era consejero de Economía, tal como había pedido la acusación particular del PP.En un auto, la juez de instrucción 6 de Sevilla concede a la Junta diez días para que informe sobre tramitados desde 2005 por la consejería de Economía "relativos a modificaciones presupuestarias para su aprobación por el Consejo de Gobierno a fin de dotar de tesorería necesaria a la agencia IDEA para llevar a cabo las transferencias de financiación", especialmente para el programa 31L.El PP había pedido que se requiriesen esos datos del periodo 2001-2010 y su secretario general andaluz, Antonio Sanz, había considerado que tales documentos demostrarían "la implicación de Griñán en este caso" porque cuando autorizó esas modificaciones presupuestarias, en 2008, ya existía un informe de la Intervención General de la Junta de 2005 que advertía a la Consejería de Empleo de que el procedimiento administrativo utilizado no era adecuado.Ahora, la juez Mercedes Alaya dice que pese al informe de la Intervención General de 25 de julio 2005, "se siguió utilizando por la Consejería de Empleo para la materialización de sus ayudas a terceros la figura de la transferencia de financiación", que "específicamente estaba destinada a financiar gastos corrientes de las empresas públicas" pero se convirtió en "verdaderas subvenciones excepcionales sin la intensidad de control previo al gasto y pago propio de la subvención", todo ello "prescindiendo de forma absoluta del procedimiento establecido", según los informes de la Intervención General.FianzasEn otro auto notificado hoy, la juez acuerda abrir expediente sancionador a José María Calero, abogado del futbolista 'Pizo' Gómez, que declaró como imputado la semana pasada, por el incidente que protagonizó con la magistrada al hacer gestos a su cliente para que guardase silencio ante una pregunta. Dado que el futbolista se acogió a su derecho a no declarar, la juez acuerda pedir una serie de datos sobre la empresa para la que trabajaba, los cursos de formación que generaron la deuda de la Junta con ella y otros datos como el estado de las diligencias abiertas contra el deportista por un delito contra la Hacienda Pública.Además, en otro auto de hoy, la juez ha impuesto fianzas  que totalizan 4.715.655 euros a los primeros 16 imputados, con el fin de que devuelvan las "ingentes cantidades de dinero público" obtenido de manera ilícita. En ese auto la juez de instrucción 6 afirma que la percepción de esas ayudas ilícitas se hizo "con autorización y conocimiento de altos cargos de la Junta de Andalucía" y para "favorecer a amigos, familiares y en definitiva a círculos próximos al PSOE".