La Algaba - Sevilla

La Audiencia avala que los documentos de la Junta de Andalucía no son secretos
MERCEDES BENÍTEZ / SEVILLA
Día 23/06/2011

La juez Mercedes Alaya es competente para consultar las actas de los Consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía, tal y como había requerido hace ya tres meses en el seno de la investigación sobre la trama de ERE fraudulentos en la Administración autonómica, en una petición que provocó un agrio enfrentamiento con el Ejecutivo andaluz. De momento Alaya gana la primera batalla después de que así lo haya ordenado la Audiencia de Sevilla en dos autos que inclinan la balanza de su lado y niegan la razón al Ejecutivo autonómico. En una decisión contra la que no cabe recurso, los jueces estiman que la instructora del sumario de los ERE está en su derecho a consultar las citadas actas.

La postura de la Sección VII de la Audiencia de Sevilla supone el primer paso para que la juez pueda consultar las citadas actas, referentes a diez años de consejos de gobierno. El Ejecutivo se había opuesto a que eso se produjera alegando el carácter secreto de las deliberaciones del Ejecutivo andaluz. El primero de los autos resuelve un recurso de la Junta de Andalucía contra un auto de la juez Alaya del 21 de marzo en el que requería a la Policía que recabase las actas del Consejo de Gobierno desde 2001 hasta la actualidad. El Ejecutivo pidió que «se dejase sin efecto» esa petición, a lo que se opusieron el PP y el sindicato Manos Limpias.

Sin embargo, los jueces de la Audiencia no sólo desestiman la petición del Gobierno de José Antonio Griñán, sino que consideran que la solicitud de la instructora estaba «justificada». «No fue arbitraria ni caprichosa», dice el auto, que recuerda también que la juez Alaya hizo estas peticiones tras un oficio de la propia Policía Judicial. Los magistrados precisan además que entienden los motivos de esa solicitud.

En este sentido, el escrito explica que lo que la juez pretendía con esa petición era «comprobar si las distintas consejerías y el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía tenían o no conocimiento de posible incumplimiento por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía de las distintas obligaciones derivadas del procedimiento establecido por el decreto 9/1999 de 19 de enero de régimen presupuestario, financiero de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía».

También que esa diligencia tenía por finalidad comprobar si los mismos, «al conocer las transferencias efectuadas a través de las instituciones públicas IFA o IDEA por la Consejería de Empleo, bajo la fórmula de transferencia de financiación, en vez de la figura de subvención excepcional prescindiendo de forma absoluta del procedimiento previsto en la Ley General de Hacienda Pública, adoptaron algún tipo de medida o acuerdo dirigidos a corregirlos». Y también para, en su caso, «depurar presuntas responsabilidades penales de quienes por acción u omisión autorizaron o permitieron tal fórmula de financiación».