La Algaba - Sevilla

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que se considere al sindicato Comisiones Obreras (CCOO) como responsable civil subsidiario por el fraude de los ERE, con lo que debería responder por las fianzas de los imputados que actuaron en su nombre. Así lo solicitaron los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra en un escrito que fue remitido a la juez Mercedes Alaya el pasado 2 de marzo, y que ayer se notificó a las partes.

Esta petición de la Fiscalía se realiza por la imputación de dos dirigentes sindicales de CCOO, Manuel Enrique Jiménez y Juan Antonio Caravaca, que habrían actuado en la negociación de expedientes de regulación de empleo «en nombre y cuenta» de este sindicato.

En su escrito, los fiscales advierten que, sobre los imputados en la causa, «se han pedido o pedirán medidas cautelares reales», es decir, el depósito de fianzas para hacer frente a aquellas cantidades supuestamente defraudadas.

Como consecuencia, piden aplicar a Comisiones Obreras el artículo 120 del Código Penal, que en su apartado 4 contempla la responsabilidad civil de aquellas «personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos o faltas que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios».

De este modo, si se obligara a los dos imputados de Comisiones Obreras a depositar la fianza y se declararan insolventes, o si sus bienes no alcanzaran a cubrir las cantidades reclamadas, el sindicato estaría en la obligación de responder por ellos.

Además de este sindicato, los fiscales también han pedido que se declare como responsables civiles subsidiarios a las empresas Acyco, Surcolor y Surcolor Óptica, Aglomerados Morell, Garrigues, Estudios Jurídicos Villasís, Cenforpre, Uniter y Vitalia Vida, así como a la Asociación 3 de julio, formada por ex trabajadores de Acyco.

En otro escrito, que fue presentado ante el Juzgado el pasado 23 de marzo, los fiscales solicitaban que se requiriera a la entidad financiera Cajasol -hoy integrada en Banca Cívica- que informe de todas las tarjetas de crédito que se hubieran expedido a favor del llamado «chófer de la coca» y de sus empresas. También se le exigía que aportara todos los extractos de los gastos desde el año 2003.