Dos Hermanas - Sevilla

Empresas de ingeniería que trabajan para la Junta denuncian el desplome de inversiones

El sector encargado de los estudios de infraestructura ocupa a 4.000 personas y la mitad puede ir al paro

JOSÉ CEJUDO / SEVILLA

Día 15/07/2010 - 07.09h

ROCÍO RUZ

Las empresas de ingeniería dedicadas en Andalucía a elaborar estudios de consultoría para la Junta, el primer paso que se da antes de licitar los proyectos de infraestructura, denunciaron ayer el desplome de las inversiones que ha sufrido este capítulo en las consejerías de Obras Públicas y de Medio Ambiente. El sector da trabajo a unos 4.000 profesionales de alta cualificación y si la Administración no les adjudica contratos por importe de 60 millones anuales hasta 2013, para obras que se desarrollarían superada la crisis, la mitad puede terminar en el paro. En los últimos años, las plantillas ya se han reducido entre un 10 y un 15 por ciento. Un desayuno de trabajo en el Club Antares fue el escenario elegido por la Asociación de Ingenieros Consultores de Andalucía (ASICA), presidida por Miguel Vidal, para dar a conocer el grave problema que afecta a este colectivo como consecuencia de la crisis económica. Un colectivo que trabaja con todas las administraciones y en el ámbito privado, pero que ha centrado sus críticas en la labor de la Junta.
Desastrosa gestión
ASICA criticó la «desastrosa gestión económica que está llevando a cabo la Junta», especialmente las consejerías más inversoras, las de Obras Públicas y de Medio Ambiente, al haber reducido las partidas a servicios de ingeniería un cincuenta por ciento en 2009 en relación a ejercicios anteriores. En el presente 2010, la situación no ha mejorado en función de los datos de los seis primeros meses.
La Asociación de Ingenieros Consultores de Andalucía propuso un «gran pacto» entre los partidos políticos por el desarrollo sostenible de las infraestructuras que permita «no sólo optimizar lo ya construido garantizando su adecuada conservación, sino planificar, programar y priorizar las actuaciones aún pendientes de ejecutar para su desarrollo en el nuevo escenario», una vez superada la crisis económica, a partir de 2013, de forma que toda la maquinaria administrativa esté preparada para licitar las obras y ejecutarlas.
En este sentido, Miguel Vidal señaló que la redacción de estudios y proyectos, responsabilidad de las empresas de ingenieros consultores, sólo suponen el 5 por ciento del presupuesto de una infraestructura. La inversión mínima anual para este tipo de actuaciones sería de 60 millones, una cantidad «insignificante», resaltó, dentro de los presupuestos de las dos mencionadas consejerías hasta 2013. Si no se acometen tales actuaciones, las licitaciones de las obras sufrirán una considerable demora, al tiempo que el sector padecerá consecuencias irreparables.
Vidal, que lamentó la negativa del presidente de la Junta y de los titulares de las consejerías de Obras Públicas y de Medio Ambiente desde hace seis meses a recibir a los responsables de ASICA, pidió al Gobierno andaluz que sea prudente en la puesta en práctica de la fórmula de colaboración público-privada para desarrollar las infraestructuras, que en cualquier caso calificó de adecuada.
Así, señaló que con este sistema los proyectos duplicarán los presupuestos a consecuencia de los intereses de los préstamos, ya que obligatoriamente se tiene que recurrir a los créditos del sector bancario.
Según Vidal, las condiciones que las entidades financieras imponen a las empresas constructoras en cuanto a solvencia técnica y económica son tan importantes, que muchas de las compañías andaluzas «no van a poder ni licitar estas obras y se tendrán que asociar con otras de rango nacional. Y no todas van a poder trabajar», apostilló.
Cataluña
El presidente de ASICA manifestó por otra parte que si bien el descenso en la ejecución de infraestructuras afecta a todas las comunidades, en el caso de Cataluña se ha sabido diferenciar el corto del largo plazo, y aunque no dedican importantes cantidades a este capítulo, sí existe sin embargo una previsión de redactar proyectos de obras —la reivindicación de los ingenieros andaluces— para cuando pase la crisis.
Pero al margen de esta problemática, hay otras cuestiones que preocupan al sector. Una de ellas es los retrasos en los pagos. La Administración central abona las certificaciones mensuales en 30 días, mientras que la Junta lo hace entre 90 y 120. En cuanto a los ayuntamientos puede llegar a los dos años, de forma que «cuando pagan ya no es necesario porque la empresa ha cerrado».
Igualmente se criticó que no se tengan criterios uniformes ni homogéneos a nivel de las consejerías en su conjunto en relación al contenido de los pliegos de licitación y de la valoración económica de los trabajos a desarrollar. En relación con los pliegos, ASICA reclama desde siempre un solo pliego administrativo para todas las consejerías.
Crisis en Espacios Tecnológicos
La Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA) prevé despedir «a la mayor parte» de sus 120 trabajadores ante «la imposibilidad de renovar la financiación de los programas llevados a cabo por RETA para la Consejería de Economía e Innovación», según explicaron a Ep fuentes del comité de empresa. La Red se creó en abril de 2005 como asociación sin ánimo de lucro, impulsada por Economía para fomentar la innovación y mejorar la competitividad del tejido empresarial andaluz. Los despidos, según las mismas fuentes, contradicen la versión de la Junta de que la reestructuración del sector público no provocará despidos.

https://ww.abcdesevilla.es/20100715/andalucia/empresas-ingenieria-trabajan-para-201007150006.html