Burguillos - Sevilla

“Mejor gobierno significa menos gobierno”. Con esta frase definía perfectamente la candidata del Partido Popular a la presidencia de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, la estrategia económica e ideológica de su partido político. Y es que se quiere cargar la culpa de la crisis actual a cualquier injerencia externa en el funcionamiento de los mercados, cuando ha sido totalmente lo contrario: el libre mercado falló, se generaron dos burbujas económicas interrelacionadas, una financiera y otra inmobiliaria. Las burbujas estallaron. Las consecuencias todos las conocemos.

La política económica del Partido Popular gira en torno a tres propuestas anunciadas por Rudi la semana pasada, a saber: Deducciones por seguros privados de salud, reducción del impuesto de sucesiones y donaciones y supresión de las tasas medioambientales. En definitiva, menos estado y más mercado.

La defensa de un sistema público y universal de sanidad, de educación, de prestaciones sociales (pensiones y demás ayudas) es la defensa de la igualdad, es la defensa de unos servicios mínimos a los que todo ser humano debería tener acceso por el mero hecho de su existencia. Y estos servicios mínimos deben de ser garantizados por el Estado, ya que nunca podrán ser provistos, con estas condiciones de igualdad y universalidad, por el mercado privado. De ahí la necesidad de bienes públicos.

Pero es que además, estos servicios públicos y universales deben ser financiados de una manera justa, de forma que el esfuerzo económico que se realice mediante el pago de impuestos sea lo más progresivo posible. Es decir, necesitamos la existencia de unos impuestos que financien estos servicios públicos de la forma más justa posible, haciendo que pague más el que más tiene. De ahí la necesidad de los impuestos progresivos.

Y para rematar, las tasas medioambientales. Estas existen por el hecho de que no hay un mercado que fije un precio cuantificable económicamente para la contaminación, es decir, el propio mercado no genera un gasto económico para la empresa que contamina. Por lo tanto, el Estado, en su afán por proteger el medioambiente, debe regular e imputar un coste a la contaminación por parte de las empresas y particulares, a la vez que se fomentan usos más racionales, eficientes y respetuosos con el medioambiente. Eliminar las tasas medioambientales es dar libertad y dejar impune el maltrato medioambiental. De ahí la necesidad de las tasas medioambientales.

El libre mercado necesita ser regulado y vigilado, a la vez que el Estado debe dotar a la sociedad de unos servicios básicos y de acceso universal que el mercado no puede proveer. Estos bienes y servicios públicos deben ser financiados por la vía de unos impuestos lo más progresivos posibles. De lo contrario, estaremos generando una sociedad injusta, plagada de desigualdades y privilegios, una sociedad sin libertades para la clase desfavorecida. Por lo tanto, señora Rudi, mejor gobierno significa menos mercado.


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