Moraleja de Enmedio - Madrid

250 familias del Cáceres Golf podrían quedarse sin agua


Grave se podría definir la situación que las familias residentes en el Cáceres Golf podrían tener que vivir durante las próximas semanas, y es que el próximo Viernes podrían cortarles el agua ya que, días atrás, recibían un escrito de Canal Isabel II en el que se afirmaba que “el próximo viernes, 16 de abril de 2010, se procederá al corte del suministro de agua a la Urbanización“.


Los inquilinos no se han quedado con los brazos cruzados y han convocado una reunión urgente para el próximo Jueves en el Hotel Cáceres Golf para debatir la situación actual.

Canal Isabel II ha afirmado al respecto que la comunidad debe los recibos correspondientes a los últimos seis meses de 2009 y los dos primeros de 2010, a lo que exigen el pago de 120000 Euros.
La comunidad ya ha comunicado que no pueden hacer frente a este pago, argumentando, además, que este importe no se corresponde con la realidad.

Por otra parte, el apoyo del ayuntamiento a la comunidad está siendo bastante notable. Hace unas horas se ponían en contacto con Canal de Isabel II para intentar mediar en el asunto: “hemos hablado con Canal de Isabel II para que intente llegar a un acuerdo con la comunidad de propietarios de Ceres Golf. El Ayuntamiento está mediando para que el viernes no se llegue a cortar el agua a las 250 familias que viven en esta urbanización“, afirma Miguel López, concejal de infraestructuras.

Se espera que Canal de Isabel II no corte el suministro de aguas si la comunidad de vecino paga una de las bimensualidades pendientes, es decir, 32000 Euros, aunque estos mantienen en pie la reunión para mañana en la que se decidirá qué hacen

CORRUPCIÓN | JESÚS MERINO, UNO DE LOS IMPLICADOS
Segovia 21: la huella castellana de la GürtelSegovia 21 ha sido una empresa con una actuación irregular que Ecologistas en Acción de Segovia viene denunciando desde hace tres años.
Jesús Merino, nacido en Hontalbilla, Segovia, es en la actualidad Diputado por Segovia del PP. Durante años ha sido vicepresidente y consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León y, por ello, una de las personas más influyentes en la provincia y en la Comunidad. Ahora aparece relacionado con la empresa Segovia 21 en el caso Gürtel.

Segovia 21 S.A. se constituyó en 2002 entre la Diputación Provincial de Segovia (87%) y la Cámara de Comercio (13%) como sociedad anónima de capital público, pero días después la Cámara vendió parte de sus acciones a Caja Segovia, lo que permitió en 2005 el acceso como accionista de Segobrida del Eresma, S.A. (integrada por Caja Segovia, Caja Círculo de Burgos, grupo Arranz Acinas y grupo Antolín), que posee ahora el 42 % de la edificabilidad y el 16 % de las acciones de Segovia 21.

El propósito de la empresa fue crear una urbanización de lujo con el atractivo del campo de golf, Faisanera Golf, además de un parque empresarial. Esta urbanización viene siendo denunciada por Ecologistas en Acción como un gran pelotazo urbanístico fraguado desde la órbita del poder del PP con el beneplácito del PSOE y la colaboración del alcalde de IU de Palazuelos de Eresma (Segovia), donde se ubican los terrenos de Segovia 21. La operación fue diseñada con la colaboración de la Cámara de Comercio desde la Presidencia de Caja Segovia y de la Diputación Provincial, siendo titular de ambas Atilano Soto Rábanos, del PP, que fue nombrado, además, presidente de Segovia 21. Los terrenos eran Monte de Utilidad Pública cuando Soto empezó a dibujar la operación urbanística en 1999. La finca contaba con 116 hectáreas junto a la carretera de Segovia a La Granja, a los pies de la Sierra de Guadarrama. Tenía una valiosa vegetación y la única población de olmo blanco (ulmus laevis) de la vertiente Norte de esta sierra, recién descubierta por un estudio científico auspiciado por el Ministerio de Medio Ambiente. Este hábitat, donde anidaban rapaces protegidas, como el milano negro, daba cobijo a una variada fauna, como corzos, jabalíes, pequeños mamíferos y anfibios. Además, este Monte tenía historia. Era conocido como la finca de Quitapesares, pues perteneció a la reina María Cristina, mujer de Fernando VII, y se cuenta en documentos de la época que el nombre se debe a que la reina tenía allí sus encuentros amorosos con el Guardia de Corps con el que después se casó.

Anatomía de un pelotazo
El primer paso consistió en descatalogar el monte, aunque acababa de ser reforestado con 11.000 robles, fresnos y encinas con fondos europeos. Sin embargo, la descatalogación fue rechazada por la Junta en 2001. A partir de 2002 se solicitaron descatalogaciones parciales, que fueron aprobadas y concluyeron con la exclusión total del monte en 2004. Todo esto a pesar de los informes desfavorables de los ingenieros de Segovia, que no se tuvieron en cuenta, porque el Jefe de Servicio de Valladolid vino a la finca para emitir un informe ad hoc.

El siguiente paso fue adquirir la finca. La Diputación puso los terrenos y Caja Segovia y la Cámara de Comercio pusieron el dinero como socios del proyecto. 104 hectáreas de la finca de Quitapesares fueron entregadas a Segovia 21 al precio de 16.845.700 euros, es decir, 16,22euros/ m2 de promedio, en tres operaciones sucesivas, conforme a las tasaciones realizadas por Valtecnic, S.A. y por Tasaciones Inmobiliarias, S.A. (TINSA), con unas valoraciones muy bajas.

Fue preciso modificar el plan urbanístico de la finca de Quitapesares para poder encajar los 238.000 m2 construibles y el campo de golf. Aquí entró Fomento Territorial, S.L, contratada en 2002 por Segovia 21 para la gestión integral del parque residencial, empresarial, de ocio y campo de golf, del mismo nombre. Fomento Territorial pagó 1.200.000 euros a las empresas Everland, S.L. y Serrano Global 50 Consulting, propiedad de Jesús Merino, según han recogido los medios de comunicación del sumario Gürtel, donde se dice que Fomento Territorial coordinó “un importante proyecto de construcción de un parque empresarial en Palazuelos del Eresma (Segovia)”, en referencia a Segovia 21.

La operación urbanística contó con la connivencia de Domingo Asenjo, actual alcalde de IU en Palazuelos de Eresma, que aprobó el Plan urbanístico de Segovia 21 y admitió que no hubiera ninguna Vivienda de Protección Oficial.

Las obras de urbanización fueron adjudicadas en concurso público por Segovia 21 en 14.092.900,16 euros a Begar Construcciones y Contratas, S.A., de José Luis Ulibarri (también imputado en el caso Gürtel), no por su precio, superior en dos millones a la mejor oferta de las 23 presentadas, sino por sus condiciones técnicas.

Toda esta operación urbanística fue denunciada por un particular en 2007 y tras la imputación de Atilano Soto por el Juzgado, la Audiencia Provincial de Segovia archivó las diligencias penales por considerar que no existía delito alguno. Diversas organizaciones han denunciando estos hechos desde hace tres años con manifestaciones de protesta en Segovia. En 2007 la Real Academia de la Historia apoyó las denuncias en un documento en el que destacaba el valor cultural de la finca, calificando las actuaciones como “artimañas territoriales”.

Ecologistas en Acción ha presentado tres recursos contenciosoadministrativos contra los acuerdos de descatalogación del monte y contra el Plan urbanístico, que carece de abastecimiento de agua. El Tribunal Superior de Justicia de Burgos se pronunciará el 22 de abril sobre la descatalogación del monte público, hoy urbanización privada Segovia 21.


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Las turbias tasaciones de los terrenos
Las tasaciones de la parte edificable de la finca de Quitapesares se realizaron entre 2002 y 2003 sin ningún documento acreditativo de la edificabilidad. Los tasadores Valtecnic, S.A. y TINSA partieron de hipótesis: una construcción de viviendas estándar y de protección oficial (VPO), con una edificabilidad de la mitad de la finalmente aprobada (238.000 m2). Tampoco tuvieron en cuenta el factor revalorizador del campo de golf (15%). De haber conocido los tasadores el proyecto que realmente había aprobado la Diputación en 2002, el valor de tasación se hubiera duplicado o triplicado. Además, la Diputación admitió una rebaja en el precio del 20%, aplicable a las VPO a pesar de saber que no se construirían. Los 608.316 m2 de terreno para campo de golf se tasaron a 3,5 euros/m2. Las cifras de negocio se están viendo ahora: el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma acaba de sacar a subasta pública una parcela empresarial de 2.975 m2 en 1.353.450 euros con un precio de 350 euros por m2 de edificabilidad (cinco veces el precio de tasación). Además, Fomento Territorial. S.L. anuncia en internet chalets de 4 a 7 dormitorios en parcela de 800 m2 a partir de 850.000 euros. Nada más lejos de las viviendas de protección oficial que sirvieron de parámetro para la tasación de la finca.

* Claudio Sartorius Alvargonzález es urbanista, abogado y miembro de Ecologistas en Acción de Segovia.

El Supremo suspende Benicasim Golf por riesgo de insuficiencia de recursos hídricos
LEVANTE/Castelló* : Una pequeña asociación vecinal ha conseguido tumbar el PAI Benicasim Golf cinco años después de su aprobación definitiva por el ayuntamiento y tras una intensa lucha que, hasta la fecha, había venido acompañada por derrotas a nivel judicial. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia, notificada ayer mismo y sobre la que no cabe recurso ordinario, por la que ordena la "suspensión cautelar" de uno de los proyectos urbanísticos estrella del municipio, decisión marcada por lo que consideran un "acreditado riesgo de insuficiencia de recursos hídricos para la obra".

Los vecinos habían presentado un recurso de casación en 2008 tras ver como el TSJ de la Comunidad Valenciana, en sendos autos dictados el 13 de diciembre de 2007 y el 4 de marzo de 2008, denegaba las medidas cautelares que ahora sí asume el Tribunal Supremo. Y para ello se acoge a las propias declaraciones que se han ido tomando a lo largo de estos años, hasta el punto de destacar que, de las explicaciones emitidas por la Sala de instancia y por el agente urbanizador, "se deduce que no hay informe expreso emitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar y que no existe concesión de aguas otorgada" por dicha CHJ.

La conclusión es que "es cierto el riesgo, repetidamente denunciado tanto en la instancia como en casación por los recurrentes, de insuficiencia de recursos hídricos para los desarrollos urbanísticos" recogidos en el PAI Benicasim Golf. Acreditado este aspecto, argumenta el Supremo que "de no suspender" la ejecución de todas las actuaciones previstas en este PAI, "la acción impugnatoria ejercitada por los recurrentes perdería su legítima finalidad". Es más, asevera que con la suspensión cautelar "no sólo no pueden derivarse perjuicios para el interés general" sino que, por el contrario, "este interés general se ve mejor amparado" con dicha paralización. El PAI Benicasim Golf, proyecto que empezó a ver la luz en 1999 bajo tutela del PP -y que han venido amparando los diferentes gobiernos municipales, plantea el desarrollo de dos millones de metros cuadrados y casi 3.000 viviendas rodeando un campo de 18 hoyos diseñado por Severiano Ballesteros.

Lenta burocracia
El Ayuntamiento de Benicàssim, tras diversos modificados, aprobó el Plan Parcial de Mejora, Proyecto de Urbanización y Programa de Actuación Integrada en 2005. Un lustro después,. el desarrollo seguía en punto muerto por la lenta aprobación de las infraestructuras previas para su puesta en marcha. Una de ellas, fundamental al estar asentado en la zona húmeda del Cuadro de Santiago, es el encauzamiento del barranco de la Parreta, proyecto que el Consell ha tenido bloqueado durante años y que, en la actualidad, tiene el proyecto aún por redactar.

Cautela es la palabra que esgrimió ayer la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Benicàssim, Susana Ros, a la hora de valorar la sentencia del Tribunal Supremo "ya que primero tenemos que recibirla en el consistorio y después estudiarla para ver los pasos a adoptar". La edil socialista incidió en que "no tenemos aún conocimiento de tal sentencia pero ya podemos dejar claro que este equipo de gobierno -integrado por PSPV, Bloc y Esquerra Unida- siempre ha sido muy respetuoso con las decisiones judiciales y acatará, com no puede ser de otra manera, lo que marquen los tribunales". Susana Ros, en cualquier caso, dejó claro que el proyecto Benicasim Golf "es una situación heredada del anterior equipo de gobierno", al apuntar que fue aprobada en pleno en 2005 con el Partido Popular y ARB al frente del consistorio en aquella época. Por tal motivo, señaló que "habría que preguntarles también a ellos, a los que lo aprobaron, qué piensan sobre este tema". Sobre los argumentos del tribunal para paralizar de manera cautelar el PAI, centrados en que no está garantizado el suministro hídrico, Susana Ros insistió en que no tienen la sentencia en mano para entrar a valorarlo, pero sí que recordó que "desde el Partido Socialista de Benicàssim siempre hemos sido muy exigentes a la hora de valorar los recursos hídricos". De hecho, en todo el proceso previo a la aprobación del PAI por el pleno en 2005, los socialistas, en aquella época en la oposición, basaron parte de sus argumentos en la falta de informes sobre el agua.

El TSJ anula los cambios en el PGOU de Albaida que reclasificaban todo el término
LEVANTE/Valencia* : El TSJ-CV ha dado la razón al grupo municipal socialista de Albaida en la batalla legal emprendida en el año 2006 contra las modificaciones introducidas por el nuevo equipo de gobierno del PP en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado de manera provisional en la etapa del PSOE. La sentencia, en contra de lo defendido por el ayuntamiento, indica que se trata de cambios "de carácter sustancial" que supone "una auténtica desviación del modelo territorial" y que abren la puerta a la reclasificación masiva de suelo "sea cual sea su grado de protección".

Estas modificaciones pretendían dar cobertura legal a la macrourbanización con campo de golf que en aquellos años defendía el alcalde de Albaida, Juan José Beneyto (PP), como "la solución definitiva" a los problemas del municipio.
Los magistrados de la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo estiman el recurso interpuesto por los concejales de la oposición contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 31 de julio de 2006, por el que se aprobó definitivamente el texto refundido del PGOU y anulan la polémica "directriz 1.c) 3" del referido Plan por "ser contrario a Derecho".
Según la sentencia, la referida "directriz" supone "una modificación de carácter sustancial" que "no puede calificarse como puntual", como defendía el PP de Albaida, puesto que "supone una auténtica desviación del modelo territorial definido en el propio plan general", se recalca.
Los magistrados recuerdan en la sentencia que el PGOU diseñado en la etapa del socialista Joan Bodí, "no permite, en aras a un criterio de sostenibilidad ecológica, la creación y desarrollo de nuevas zonas urbanizables hasta tanto no se vayan consolidando las ya clasificadas". Por el contrario, la adenda incorporada por el gobierno de Albaida "habilita ampliamente la posibilidad de reclasificaciones de suelo no urbanizable, sea cual sea su grado de protección, bastando a tal efecto -continúa la sentencia- que se consideren de "especial interés para el municipio"".

Falta de información pública
En la sentencia se destaca que a la vista de que se trataba de una modificación "sustancial" del PGOU, "resultaba necesario abrir un nuevo trámite de información pública que garantizara la participación pública en el proceso de planeamiento a fin de que los ciudadanos pudieran conocer y formular alegaciones al respecto". Los cuatro magistrados que firman la sentencia, recuerdan que la información pública en el planeamiento urbanístico es un trámite "esencial" y, en este caso, "la omisión de ese segundo trámite de audiencia" determina la parcial declaración de nulidad del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia de 31 de julio de 2006, "por ser contrario a Derecho" en cuanto aprueba la referida adenda que convierte todo el término municipal de Albaida en urbanizable en el supuesto de que se presente un proyecto de "especial interés" o de "carácter estratégico", según esta adenda.

El Supremo tumba la macrourbanización del presidente del FC Cartagena en Ávila
: El Tribunal Supremo ha confirmado la paralización de la Ciudad del Golf, la urbanización proyectada por el presidente del FC Cartagena, Francisco Gómez, en la localidad de Las Navas del Marqués (Ávila). En septiembre de 2006, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León paralizó las obras y anuló la recalificación del terreno como suelo urbanizable por tratarse de una zona de especial protección para las aves (ZEPA), propuesta además como Lugar de Interés Comunitario (LIC). Ahora, el Alto Tribunal ratifica esta sentencia y desestima los recursos de casación que presentaron el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León y la promotora, Residencial Aguas Nuevas.

Francisco Gómez pretendía levantar en este lugar 1.600 chalés, dos hoteles y un campo de golf. Previamente, el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués había declarado suelo urbano la zona. El TSJ de Castilla y León anuló la recalificación, y tanto el Consistorio como la promotora consideraron que el tribunal autonómico incurría en «abuso o exceso» al decidir sobre cuestiones que a su juicio son competencia municipal, autora del planeamiento urbanístico. Sin embargo, el Supremo recuerda en su sentencia que «la clasificación como suelo urbanizable delimitado de los terrenos de la Ciudad del Golf es contraria a la normativa aplicable». El Alto Tribunal subraya que el terreno no sólo forma parte de una ZEPA, sino que se encuentra en una Zona de Importancia de la Cigüeña Negra, además de presentar un alto valor medioambiental, paisajístico y ecológico.
El Tribunal Supremo, además de desestimar los recursos de casación, ha impuesto las costas del mismo (6.000 euros) a los tres recurrentes.
4.000 árboles talados
Por otra parte, la vía penal en el caso de la Ciudad del Golf de Las Navas del Marqués sigue abierta, a raíz de la denuncia presentada por las organizaciones ecologistas Centaurea, WWF/Adena, SEO Birdlife, Amigos de la Tierra, Greenpeace, Ecologistas en Acción de Castilla y León, Cantueso y Grama y por el sindicato Comisiones Obreras, con declaraciones de imputados y testigos ante el Tribunal de Instrucción número 2 de Ávila.
Los ecologistas denunciaron en 2006 que, pese a la sentencia del TSJ de Castilla y León, la promotora de Francisco Gómez prosiguió con la tala «indiscriminada» de árboles en la zona, hasta el punto de que más de 4.000 árboles fueron abatidos «en un paraje que forma parte de la Red Natura 2000 de la Unión Europea». La Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia inició una investigación. Pese a la enorme polémica que siempre ha suscitado el proyecto, la Junta de Castilla y León lo ha defendido a capa y espada, hasta el punto de acudir al Supremo en su ayuda.
Pero el Alto Tribunal no duda en recriminar al Gobierno autonómico que su recurso de casación «carece de toda consistencia», pues las razones en las que se fundamenta «un pronunciamiento de nulidad, no se escogen en función de que las consecuencias que se deriven sean más o menos gravosas, sino atendiendo a la relevancia invalidante de los motivos de impugnación que han sido objeto de debate».

Miembros de Salvemos Las Rozas vierten agua fecal contra el Plan de Urbanismo
ECODIARIO/Madrid* : Activistas de la asociación Salvemos Las Rozas han vertido hoy aguas fecales ante la puerta del Ayuntamiento y han repartido billetes falsos de 500 euros, para protestar por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que tramita el municipio. Aseguran que el PGOU -pendiente de aprobación definitiva- prevé duplicar el número de habitantes de Las Rozas, de 85.000 a 160.000, lo que, a su juicio, supondrá una "masificación" y "pérdida de calidad de vida".

Con las aguas fecales han querido simbolizar la situación que viven los vecinos, mientras que con los billetes de 500 euros han aludido al "dinero negro de los especuladores".

Además, aseguran que en Las Rozas existen de verdad "vertidos fecales que contaminan todos los cauces de los arroyos, debido a que los colectores están rotos y las depuradoras saturadas".

Los miembros de esta asociación acusan al Ayuntamiento de "ayudar a los especuladores de suelo", de practicar un "urbanismo depredador" y de "incumplir las directivas europeas de saneamiento".

Con su campaña "Stop Urbanismo Fecal: ni un ladrillo más, ni un vertido más", pretenden conseguir "la retirada del PGOU, la eliminación de todos los nuevos sectores urbanizables, de la depuradora comarcal en suelo protegido y de los dos campos de golf previstos, así como la desclasificación de suelo urbano o urbanizable pendiente de desarrollar del PGOU de 1994.

Tras la protesta, los activistas han celebrado una sesión informativa pública y han recogido alegaciones firmadas por los ciudadanos.

Borrado por Foro-ciudad.com

CUIDADO, PAPA ESTA ATENTO.





Y MAMA TAMBIEN.

tu eres t0nt0 y en tu casa no hay botijo


botilo=agua jajajajajajajajajajajajajajajajajaajajaj yyyyyyy JA




VIVA ESPAÑA