Hernani - Guipuzcoa

El Gobierno de Patxi López debe impulsar sin más retraso la disolución del ayuntamiento proetarra de Hernani

Ampliación: La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) pide al Gobierno que disuelva los consistorios de ANV

El Ayuntamiento de Hernani, gobernado por los proetarras de ANV, ha cedido sus dependencias a los familiares y amigos de los presuntos etarras Gurutz Agirresarobe y Aitziber Ezkerra, arrestados por la Ertzaintza en esta localidad guipuzcoana por su presunta implicación en el asesinato de Joseba Pagazaurtundua, cometido por ETA en 2003. Se da la circunstancia de que, hasta esa fecha, la familia Pagaza había vivido durante años en esta localidad guipuzcoana, donde tuvo que sufrir amenazas, agresiones, acosos y persecuciones reiteradas hasta el día del asesinato de Joseba.

Los allegados de los detenidos se citaron en el salón de plenos para exigir "respeto a sus derechos" y pedir el fin de la incomunicación en comisaría de los arrestados, "para evitar torturas". Entre el público que arropó a los presuntos asesinos, considerados por la Consejería de Interior como integrantes de "una célula terrorista durmiente", se situó también la alcaldesa de Hernani, la proetarra Marian Beitialarrangoitia, que gobierna el ayuntamiento de esta localidad con ocho concejales. Esta edil fue absuelta el pasado mes de marzo de un delito de enaltecimiento del terrorismo por haber pedido en un mitin un aplauso para los miembros de ETA que volaron la T-4 de Madrid, matando a dos personas.

Ante esta infamia pública, ante la aberración ética que supone poner las instituciones democráticas al servicio de un claro delito de apología del terrorismo y de humillación a las víctimas, resulta urgente exigir al Gobierno de Patxi López que impulse la disolución de la corporación municipal de Hernani y exija al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que tome las medidas oportunas a tal efecto.

La ley reguladora de bases del régimen local y la ley del Régimen Electoral General establece que es posible iniciar la disolución de una corporación muncipal de comprobarse la existencia de una "gestión gravemente dañosa para los intereses generales" de los ciudadanos. Pocas hay cosas tan perjudiciales para los intereses de los vecinos de esta villa guipuzcoana que la utilización de las principales instituciones de la ciudad al servicio de fines proetarras.

Si el Gobierno central considera "justificada" esta petición, deberá solicitar formalmente los informes y acuerdos preceptivos de la Comisión Nacional de Administración Local y del Senado para que, en el manor plazo de tiempo posible, el Consejo de Ministros apruebe un Real Decreto, tal y como establece la ley, para disolver este ayuntamiento indecente.

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