Villanueva del Rey - Cordoba

En estos días de incesante calor y de plenas vacaciones estivales para la gran mayoría de la ciudadanía, la partitocracia bipartidista, PP-PSOE/PSOE-PP, se han propuesto votar como si tal cosa la reforma de la CE, para limitar el déficit público.

Evidentemente, la iniciativa de la reforma no ha partido ni del PP/ PSOE (aunque traten de “vender” lo contrario), sino del “gobierno de facto”; el de los “mercados” económicos internacionales (los prestamistas y/o dueños del dinero), que ahora “huyen hacia adelante” ante los negros nubarrones que se avecinan, como si de la hecatombe del sistema económico se tratara y que, cual ave de rapiña propiciaron, resultado de la avaricia y la codicia desmedidas, que durante décadas emplearon a su libre albedrío con la complacencia de los gobiernos de turno.
Sorprende no obstante que el actual Gobierno de la Nación, se erija ahora en falso paladín de la mencionada reforma (chapuza diría yo), cuando nada más comenzar la primera legislatura, una de las primeras medidas que tomara fuera precisamente la derogación de la “Ley de Estabilidad Presupuestaria” implantada por el “aznarismo”.
Indudablemente este hecho no es baladí, es una muestra más de la banalidad con la que se des-gobierna cuando se alcanza el poder, da igual si se presume de ser de izquierdas, de derechas, de centro o mediopensionista, “el fin justifica los medios” , el todo vale parece ser la doctrina que se ha instalado en la “alta/clase política” en general, salvo honrosas excepciones, “que haberlas ailas”, aunque cada día que pasa en menor medida.

Huelga decir no obstante, que la reforma de la CE ha devenido en una obligación demandada por gran parte de la sociedad. Ya que, no pocos de los parámetros en los que se basaron los padres de la CE en su formulación y desarrollo inicial han quedado obsoletos y, por consiguiente, muchos aspectos de la Carta Magna han resultado inviables y/o contradictorios en su aplicación. Por tanto, son éstos diría yo, los que verdaderamente urge reformar y no lo que se pretende.

Es obvio que la estabilidad presupuestaria y un cierto límite al déficit público, con algunas excepciones relacionadas con la necesidad imperiosa del gasto mínimo social, debe ser la receta obligada para todos los Gobiernos (Central, Autonómicos, y Locales) y entes públicos, ya que se trata de la gestión de las arcas públicas (del dinero de todos), sin embargo considero que para ese viaje existen otras alforjas, como una Ley Orgánica y una Ley comunitaria a nivel europeo que lo regule suficientemente, de hecho los acuerdos de Mastrick ya recogía la obligatoriedad para todos los países miembros, de no superar el 3% del PIB en endeudamiento público, sin que por ello los Estados miembros se hayan visto obligados a su estricto cumplimiento, al carecer dichos acuerdos de sanciones en caso de incumplimiento flagrante. En ningún caso, el rango de la norma garantizará el cumplimiento de lo regulado. Y en este sentido, huelga decir que actitudes como las del Gobierno catalán (CIU) de incumplimiento del techo de déficit público fijado por el Gobierno a todas las CC AA entre otras, pueden y deben ser sancionadas a través de mecanismos que regule y fije la propia Ley.

Asimismo y sin tratar de recurrir a la política económica Keynesiana (en otros tiempos la panacea para luchar contra las crisis cíclicas capitalistas) y al colchón público, como impulsor de la economía en periodos de crisis, a falta de inversión privada, tengo serias dudas acerca del perjuicio que para el conjunto de la sociedad en materia de prestaciones sociales pueda llegar a tener en el futuro la reforma que ahora se está tramitando en el Congreso, el Senado y el referémdun , todavía no desvelado (a falta de que se pronuncien a favor de ello lel 10% de senadores o diputados) y, por ello, mi posicionamiento es de rechazo a esta reforma constitucional, sin descartar la aprobación de otra serie de medidas legales de orden más restrictivo que las actuales que acaben con el despilfarro institucional.

Pero al margen de ello, lo que verdaderamente urge reformar, si se decide abrir el melón constitucional, y de lo que “sus señorías ilustrísimas” no dirán ni “mu”, es la sucesión a la Corona, la elección del Fiscal General del Estado, el Tribunal Constitucional, El Consejo General del Poder Judicial, el título 8º en cuanto a fijar el techo competencial de las CCAA y el modelo territorial, la limitación y reducción de administraciones costosísimas y generadoras de duplicidad de actuaciones en algunos casos (Diputaciones, Consejos comarcales…), la devolución de competencias en materia de Sanidad, Enseñanza y Justicia a la Administración Central del Estado, como se ha hecho por parte de algunos Lander alemanes, en favor del Estado Alemán, entre otras.

Pero claro está, nada de eso le conviene al imperante y partitocrático bipartidismo español, excepto eso sí, obedecer a los mercados económicos internacionales (por el momento único país en hacerlo), para a su dictado fijar el techo de endeudamiento en nuestra Carta Magna. Y que, paradógicamente el mismo día de la gran celebración por la estupenda aprobación de la reforma constitucional en el Congreso de los Diputados, el IBEX35 caía en picado y la “prima de riesgo” española superaba los 300 euros en relación al bono alemán…


¡Debe ser que todavía faltan más medidas de sometimiento por acordar!




Utopia.2
BCN