La Rambla - Cordoba

Los ayuntamientos de diferentes colores políticos están haciendo verdaderos esfuerzos por cuadrar sus cuentas
Deseo, en este tiempo de zozobra, romper una lanza en favor de los ayuntamientos. La administración que en numerosas ocasiones actúa como rompeolas de otras administraciones. Los ayuntamientos son quienes dan respuesta inmediata a las demandas ciudadanas, siendo la hermana pobre de las administraciones públicas. Su participación porcentual en los recursos generales del Estado es muy inferior a la de las administraciones autonómicas, que han crecido como la espuma tras la configuración del estado de las autonomías.
Durante años se planteó que un cincuenta por ciento de esos recursos fueran para la administración central, un veinticinco por ciento para la autonómica y el otro veinticinco por ciento para la municipal. La administración del estado se acerca mucho a dicho cincuenta por ciento, pero la autonómica se ha situado en torno al treinta y cinco -más en algunos casos-, mientras que a los ayuntamientos apenas llega al quince por ciento; poco más de la mitad de los recursos a que se aspiraba. Con esas limitaciones, han tenido que hacer frente a sus obligaciones legales y otras que la administración autonómica -en una clara dejación de sus obligaciones- ha dejado caer sobre los ellos, aprovechando su lejanía. En este terreno la actuación de la Junta de Andalucía ha sido flagrante. Por ejemplo, en materia de educación, donde los ayuntamientos carecen de competencias, aunque por ley sólo han de hacerse cargo del mantenimiento de los edificios de enseñanza primaria. A cuenta del mantenimiento, la Junta se ha desentendido de sus obligaciones e incluso obligó a los propios ayuntamientos a adelantar la financiación, entrampándose de forma muy grave, para construir los centros de enseñanza secundaria previstos por la Logse. Ha jugado con la creación y la construcción de centros de salud -competencia exclusiva de la Junta-, llegando a exigir a los ayuntamientos no sólo la aportación de los terrenos donde habían de levantarse, sino una parte, a veces muy significativa, del costo de construcción, sin permitir a los ayuntamientos intervenir en el proceso de contratación y ejecución de las obras.
La Junta de Andalucía ha sido experta en plantear convenios a los municipios para ofrecer servicios que son de competencia autonómica -centros de mayores, de atención a la mujer, de servicios sociales…- con una generosa aportación inicial. En los años siguientes la disminuía hasta desaparecer y, una vez puesto en funcionamiento el servicio y creada la necesidad, los ayuntamientos han pechado con ellos. La lista de agravios cometidos en este terreno por la Junta con los ayuntamientos andaluces sería interminable.
Pues bien, esos ayuntamientos tenían asignado un 0,30 del 6,30 por ciento del objetivo de déficit para 2012. Lo han dejado en un 0,20 y el ministro de Hacienda, señala que incluso puede ser inferior. La Junta de Andalucía no ha cumplido con el déficit asignado, que ha superado en más de un treinta por ciento. Los ayuntamientos, de diferentes colores políticos, están haciendo verdaderos esfuerzos por cuadrar sus cuentas. Me parece que es de justicia reconocerlo y de romper una lanza por tantos y tantos alcaldes y concejales -también los hay impresentables- que son la antítesis de esos mangantes que están en la mente de todos y que manchan la política.