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CASO MATSA | Alega que la ley le impide 'ceder a terceros' los datos
La Junta dice ahora que no puede revelar si Paula Chaves fue a negociar por la empresa

Manuel Chaves, en el centro, el día de la inauguración de la empresa. | A. Luis Delgado

* Cualquier hipotético acceso de Paula Chaves tuvo que dejar rastro
* La Consejería negó inicialmente la existencia de libros de visita

Manuel M. Becerro | Sevilla
Actualizado jueves 07/01/2010 10:09 horas

La Junta de Andalucía apela ahora a la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal para negarse a facilitar al PP la relación de visitantes a las dependencias de la Consejería de Innovación en los tiempos en que se tramitó el polémico incentivo multimillonario a favor de la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), en cuya aprobación participó el ex presidente andaluz Manuel Chaves aun cuando su hija es apoderada de la compañía y tuvo participación material directa en el expediente.

Tras negar primero -con carácter expreso- la existencia de libros de visitas donde pudiera constar la posible presencia e intercesión de Paula Chaves Iborra (la hija del vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Cooperación Territorial) a lo largo del procedimiento de petición de la subvención a Matsa, el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, acaba de responder a la oposición que «no es posible» la «cesión a terceros» de la información que se ha vuelto a solicitar.

«El acceso de las visitas a los servicios centrales de la Consejería, a efectos internos de control y por motivos de seguridad, se recoge en un registro de visitantes electrónico utilizado, exclusivamente, por el personal de la empresa de seguridad contratada», señala el consejero en respuesta al diputado popular José Luis Rodríguez. En ese registro «quedan anotados», según Martín Soler el nombre del visitante, su DNI y la empresa o entidad a la que represente.

Así las cosas, parece claro que cualquier hipotético acceso de Paula Chaves necesariamente tuvo que dejar rastro. Sin embargo, la Junta deniega la posibilidad de realizar toda comprobación a la oposición andaluza, argumentando que «estos ficheros son eliminados periódicamente y no es posible su cesión a terceros».

También se descarta la opción de facilitar al PP las imágenes captadas a través del sistema de vídeo vigilancia, precisando que en este caso las imágenes captadas «se destruyen semanalmente», aparte de regir la Ley de Protección de Datos.

https://ww.elmundo.es/elmundo/2010/01/06/andalucia/1262803049.html