Castellar de Santiago - Ciudad Real

Unos como testigos y otros como imputados. ¿Qué les pasa a los alcaldes de nuestro partido judicial?, todos quieren pasar y pisar los juzgados. Les debe gustar salir en los periódicos y que se hable de ellos.

El individuo (espero acertar con el término) es el Alcalde de Valdepeñas y senador de la provincia contribuyeró a que el arqueólogo municipal interino obtuviera la plaza de forma ilegal. El TSJ de la región en dos ocasiones ha fallado en contra del ayuntamiento por favorecerle y por mantenerle en su puesto.

El Tribunal Suprema investiga desde ayer estos hechos por un presunto delito de prevaricación en el proceso de selección y/o desobediencia al TSJ de Castilla-La Mancha.

El mismo TSJ de Castilla-La Mancha le ha dicho lo mismo al Presidente provincial del PSOE y Presidente de la Diputación, respecto de otros tantos alcaldes y cargos que se quedaron en paro político en las pasadas elecciones. Es el que promueve el Plan de Empleo, que antes de iniciarlo ya les había empleado y es el mismo que contrató las obras de refuerzo y ensanche de la carretera de Castellar, que aún están por terminar (un año y tres meses de retraso). Es el mismo que le ha prometido a maricarmenalcaldesa, y del que ella espera, un puesto "de narices" en las próximas elecciones, por callar y por no protestar en nombre de sus vecinos.

Y esperate tus amigos neocon van a aprovar una ley para que imputados puedan acceder a puestos de relevancia en las entidades bancarias.

Lo tienen to pensao.

la Ley General de Subvenciones es tajante al prohibir expresamente en su artículo 29.7.d subcontratar con "personas o entidades vinculadas con el beneficiario" trabajos o encargos que hayan sido objeto de subvención pública.

Así pues, salvo que las tareas encargadas a la empresa de la hermana de Elena Valenciano hayan sido abonadas íntegramente con dinero de los afiliados y patronos de la organización socialista, la fundación del PSOE estaría incumpliendo flagrantemente la normativa general que regula la aplicación de los fondos públicos.

La Fundación Ideas para el Progreso, presidida en la actualidad por Alfredo Pérez Rubalcaba como Secretario General del PSOE, ha recibido en los dos últimos años 3,5 millones de euros en subvenciones públicas. La norma legal que regula la gestión de estos fondos oficiales establece además en su artículo 31.3 que cuando un suministro o servicio de consultoría supere los 12.000 euros, "el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten".

En el caso de las labores de traducción, es obvio que existen muchas más empresas capaces de realizar satisfactoriamente ese trabajo además de la que dirige la hermana de la vicesecretaria general del PSOE. Sin embargo, como las justificaciones documentales de las subvenciones recibidas no se hacen públicas, resulta imposible determinar si el PSOE cumplió el requisito de pedir varios presupuestos y contratar con el más barato tal y como exige la normativa vigente.

Por todo lo anterior, tan sólo una investigación de los organismos subvencionadores de las fundaciones de los partidos políticos -el principal es el Ministerio de Cultura, Educación y Deporte-, a la vista de las justificaciones documentales aportadas por cada uno de ellos, podría aclarar si la gestión de esos fondos ha estado acorde con las exigencias de la normativa actual en materia de subvenciones públicas. En caso contrario, la legislación obliga a que reintegren a las arcas públicas todos los fondos incorrectamente aplicados, si bien es algo que, hasta la fecha, no existe constancia de que alguna vez haya ocurrido.