la Salzadella - Castellon

Periódicamente, desde la implantación de las administraciones autonómicas hace treinta años, se reabre el debate sobre el papel y la utilidad de las diputaciones provinciales. Sobre todo teniendo en cuenta que éstas han desaparecido en las comunidades autónomas uniprovinciales. A medida que las instituciones autonómicas han ido recibiendo y gestionando competencias y recursos transferidos por la Administración central del Estado, el papel de las diputaciones se ha ido desdibujando hasta bordear la marginalidad política. Los equipos de gobierno de nuestras diputaciones, por otra parte, han contribuido bien poco a modernizarlas, adecuarlas a los nuevos tiempos y legitimarlas ante la sociedad. Y poco se puede esperar cuando algún alto dirigente del Partido Popular habla de reforzar las diputaciones, cuando días antes pretendía borrar del mapa los ayuntamientos de pueblos de menos de 500 habitantes. Precisamente los municipios que más necesitan el apoyo de la diputación.
Esta aparente contradicción pone de manifiesto que la intención del PP no es reforzar las corporaciones provinciales como entes eficaces para el desarrollo y la ayuda a los pequeños municipios, sino seguir utilizando estas instituciones como plataformas de promoción personal de sus dirigentes y consolidación de redes clientelares. Los presidentes de las ­diputaciones valencianas, cada uno en su provincia, han impreso su sello, más personal que de partido, en sus administraciones. Uno llegó a declarar que no sabe «la cantidad de gente» que habrá «colocado en doce años»; otros han utilizado la institución para reforzar su poder interno en el partido premiando a sus fieles y castigando a quienes no le bailan el agua. O bien se convierte uno en promotor de espectáculos e incluso censor de exposiciones ajenas. Actuaciones impropias que tratan de legitimar con el menor desempeño posible de la misión institucional. No extraña, por tanto, que la nueva Ley de Régimen Local aprobada por el PP sirva poco a los ayuntamientos pero, en cambio, deje bien claro que se deberá celebrar con «periodicidad anual una cumbre de cohesión territorial entre la Generalitat y las diputaciones provinciales». Cabe preguntarse si, bajo esta fórmula, se pretende ganar eficacia y eficiencia o simplemente meter en cintura a los barones provinciales.
Es, pues, normal y lógico que los ciudadanos se pregunten para qué sirve una diputación. La fiesta, la diversión y las excursiones difuminan la razón de ser de la diputación: asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial los servicios de competencia municipal. Por ello, su desaparición supondría una condena para los municipios de menos de 1.000 habitantes. Para los ayuntamientos —más cuanto menores sean—, las subvenciones de su diputación suponen una gran ayuda para mejorar y ampliar los servicios que prestan a sus ciudadanos. Es cierto que, desde la creación de las instituciones provinciales en el siglo XIX, la sociedad ha evolucionado y las diputaciones lamentablemente no lo han hecho al mismo ritmo. Necesitan redefinir su papel y centrarse exclusivamente en su razón de ser, basar su trabajo en la concertación y la cooperación con los ayuntamientos y tener en cuenta sus prioridades en planes que cumplan con los principios de transparencia, equidad, solidaridad y objetividad; reequilibrar el sistema territorial mediante el trabajo en red y la superación de las limitaciones de los municipios