Puerto Serrano - Cadiz

Siete de la mañana, cerca de Morón de la Frontera, en Sevilla. Uno de los capataces cierra la cancela alta y mohosa de la finca. Un camino de albero, con varios coches aparcados de cualquier forma en la cuneta, sube desde la carretera. La única vía de acceso al olivar es ese tramo torcido de carril. El otro capataz, un familiar del dueño, mira a los jornaleros desde lo alto de un montículo de tierra. El capataz más veterano da el cerrojazo al portón y dice: “Son tres euros y medio la canasta”. Algunos de los hombres hacen un amago de protesta, pero el capataz más joven los frena en seco: “A quien no le guste, que se vaya”.

En la cuadrilla hay dos parejas de Puerto Serrano (Cádiz). Juan de Dios dice que lo cuenta ahora, cuando casi ha terminado la campaña del verdeo, porque está “harto”. Su mujer, más práctica, matiza que los dos han rematado las peonadas que les hacían falta para solicitar el subsidio. Aún así, ella advierte: “En la foto no nos saques, por si acaso”. “Por si acaso”, insiste él, abriendo mucho los ojos. Ese “por si acaso”, casi una consigna en el tajo, está sembrado de acepciones, a cual más peligrosa. Por si acaso no los vuelven a llamar, por ejemplo. O por si acaso se granjean fama de conflictivos o alborotadores, sin ir más lejos. O, peor aún, por si acaso alguien sospecha que son del sindicato. En fin: por si acaso.

Juan de Dios repite la escena y es obvio que tiene cierto talento para los detalles: el capataz veterano, el capataz más joven, los jornaleros en grupo, apurando un cigarrillo y refunfuñando. Pero, en su descripción, la reja, el camino y hasta el montículo tienen un sentido. Desde allí se observa la carretera. Es fácil ver quién se acerca. También es fácil salir corriendo.

La mujer intenta contenerse, aunque el mismo discurso de su marido la indigna: “Así de clarito nos lo dijeron: o esto o nada”. Y añade una retahíla de insultos. “A quien no le guste, que se vaya”, repite. “Y como aparezca alguien de la inspección de trabajo, mañana no viene nadie”. Por si acaso ha sido un chivatazo desde dentro. Por si acaso.

“Es esto o nada”, entonces. Y el capataz más joven explica en qué consiste el esto”: Tres euros y medio por canasta, en una jornada de diez horas, implica un tope de veinticinco canastas por pareja. Es decir, a 37 euros el jornal como máximo, la mitad de lo que se pagaba hace cinco años y casi lo mismo que hace 15. No hay fines de semana ni días de descanso, salvo que llueva. Y el transporte, lógicamente, corre a cargo del trabajador. A veces las fincas se encuentran a dos o tres horas de distancia, en Málaga o Sevilla. Si a los 600/700 euros de la campaña le restas el coste del gasoil, el resultado es de cajón: una absoluta miseria.

Juan de Dios ignora que hay casos peores. Tres euros la canasta. O treinta euros fijos el jornal, pero con el capataz anotando la gráfica de producción de la pareja y ‘nominando’ a las más lentas en un juego perverso y psicológicamente demoledor. Si te quedas atrás, lo mismo no vuelves. Así que “hay que deslomarse por si acaso”. Por si acaso.

RETORNADOS DE LA CONSTRUCCIÓN

El diagnóstico no se basa, únicamente, en testimonios personales: Cáritas acaba de publicar su Informe anual sobre la situación social de los temporeros agrícolas. Sus cálculos de promedio dan la razón a Juan de Dios y a su esposa. Por diez horas, seis días a la semana, la retribución varía entre los 33 euros y los 42 euros el jornal. El techo solo se alcanza en circunstancias excepcionales. Se paga a 3,3 euros la hora. Entre un 10% y un 30% carece de contrato. El Informe también subraya que, entre 2011 y 2012, un 80% de los encuestados ha percibido que las condiciones laborales en el campo “se han deteriorado gravemente”.

Trabajadores del campo de la Sierra de Cádiz en la campaña del verdeo. // D.P.
Trabajadores del campo de la Sierra de Cádiz en la campaña del verdeo. // D.P.
Pedro Barrera, portavoz del SOC-SAT en la Sierra de Cádiz, habla sin tapujos de “una vuelta a la esclavitud”, aunque subraya la dificultad de abordar el problema con los protocolos habituales. “Los jornaleros, desde hace décadas, viven al borde de la exclusión social. Ahora mismo la situación es tan dramática que todo el mundo teme perder los únicos ingresos que entran en la casa, y sin denuncias que no sean anónimas es muy complicado que podamos actuar con garantías”. Y añade: “La gente, con razón, está asustada. Vamos camino de la Edad Media”.

En su análisis, Barrera advierte de un cambio de perfil en el trabajador del campo que coincide plenamente con el que dibuja Cáritas. Gente más joven, de 20 a 35 años, que, en muchos casos, ha salido rebotada del crack de la construcción. Es lo que los sociólogos denominan “el retorno de los autóctonos”: exalbañiles o peones que regresan al tajo ante la falta de expectativas en el andamio y se encuentran con que “la situación es peor que cuando eran sus padres los que recogían las aceitunas”.

Hay un superávit de mano de obra, como en todos sitios, pero con el añadido de que a los empresarios agrícolas siempre les es más fácil azuzar el racismo en su propia conveniencia. Convierten a una de las víctimas (el inmigrante) en una amenaza para otra víctima (el español) y logran así que el miedo se convierta en una motivación extra. “Que si no queréis, vienen los moritos”, cuenta que le dijeron a A. García Sánchez, otro de los trabajadores de Puerto Serrano que asistió a “la encerrona” de Morón. Y ahí se termina el debate.

REACCIÓN SINDICAL

UGT ha optado por llevar la situación a los tribunales. La Federación de Industria y Trabajadores Agrarios ha informado a la Inspección de Trabajo, a la Guardia Civil y a los responsables de la Junta de Andalucía y de las Administraciones Locales de las “tropelías” que se están cometiendo contra los peones agrícolas. Emilio Terrón, responsable del sector en la FITAG-UGT, denunció que “los empresarios de Sevilla, entre otros, obligan a trabajar a destajo, mientras que pagaban las cajas o espuertas a tres o tres euros y medio”. Terrón apuntó, además, que sólo se daban de alta a los trabajadores cuando eran capaces de reunir cantidades superiores a los 350 kilos de aceituna. El sindicato trasladó la denuncia a la Fiscalía. En el documento se señala explícitamente que algunos empresarios “emplean el engaño o la coacción para que los trabajadores no reclamen lo que la legislación laboral les reconoce, castigándolos con despidos”.

Santiago Lepe, del Agroalimentaria de Comisiones Obreras, por su parte, exige una Inspección Laboral más efectiva, “que pueda controlar realmente si se están cumpliendo las condiciones laborales que marcan la ley y los convenios”. Lepe advierte de las dificultades que tiene la Inspección para “demostrar con papeles lo que sabemos que está ocurriendo en muchas explotaciones”. Para colmo, la Federación Internacional de Derechos Humanos, en su propia radiografía del sector, alerta del “aumento de impagos”. “El incremento de adeudos de entre seis meses y un año de trabajo se ha multiplicado con respecto a otros años”, subraya la FIDH, uno de los organismos a los que la UE fía sus informes.

Mientras tanto, entre denuncias anónimas y públicas, comunicados sindicales y avisos de la Fiscalía, la sensación de impunidad crece. Sólo desde esa perspectiva pueden entenderse titulares como los que se sucedieron durante la pasada campaña de primavera: “Más de 100 temporeros búlgaros abandonados en una finca de Cartaya porque el empresario se niega a abonarles el salario de la fresa”. O: “Dieciséis peones agrícolas vivían en una nave destinada a la cría de pollos sin agua corriente”. O: “Un contratista almeriense despide a todos sus jornaleros vía sms”. Lo que antes era insólito ahora se vulgariza, y cada vez resulta más difícil encontrar a trabajadores que se admitan explotados. Que denuncien su situación. Que avisen a los sindicatos o a la Inspección. Que salgan en la foto.

Por eso Juan de Dios insiste en que no le saquen la cara.

Porque tiene miedo.

Por si acaso.