Vic - Barcelona

Burkas en Vic

La polémica revela el desconcierto de los partidos con la inmigración

El 23 de enero de 2007, el partido ultraderechista Plataforma per Catalunya envió una foto -que es la que ilustra esta información- en la que se veía una mujer musulmana con burka en la plaza Andreu Colomer de Vic. La polémica decisión del ayuntamiento de no empadronar inmigrantes sin papeles ha demostrado que, a diferencia de lo que ocurre en Francia o Gran Bretaña, Catalunya -y España- no tiene un modelo para afrontar el fenómeno de la inmigración y sus derivaciones de tipo religioso.

Así, la presencia de alumnas de religión musulmana con velo en los centros de enseñanza ha sido afrontada en cada caso concreto, sin que exista un marco legal establecido sobre esta cuestión.

Al margen de la normativa legal, tampoco existe el modelo teórico que sirva de base para ese marco de leyes, al contrario que en Francia, donde la idea central es la integración en las instituciones de la república, mediante la aceptación por los inmigrantes de esas normas de comportamiento.

En esta línea, Francia rechaza la presencia de símbolos religiosos en las escuelas y estos días una comisión parlamentaria ha recomendado a las instituciones del Estado la prohibición del burka en las servicios públicos, lo que podría ser un primer paso para su prohibición total.

Frente al modelo francés, Gran Bretaña ha optado por el multiculturalismo, en un intento de que cada comunidad religiosa pueda mantener sus propias normas, sistemas, costumbres y formas de actuación.

Sin embargo, en Catalunya y en el conjunto del Estado español no hay un modelo global que sirva de base para desarrollar un marco legal coherente que pueda servir de cauce para hacer frente al fenómeno de la inmigración.

Esta situación ha provocado que se afronte cada caso de una forma específica, sin un marco común, y con enfoques de tipo partidista o electoralista, como ha ocurrido con la polémica del Ayuntamiento de Vic.

Los partidos catalanes se limitan a hacer frente a cada caso sin un planteamiento global. Por ejemplo, CiU ha recuperado ahora su vieja idea del carnet por puntos, es decir, establecer unos criterios que premiaran la voluntad de integración del inmigrante. Esta idea ya figuraba en su programa para las últimas elecciones catalanas, aunque después quedó olvidada.

Sin embargo, Josep Antoni Duran i Lleida ha reiterado su idea de que "aquí no cabemos todos", una posición que, con algunas variantes, comparte con el Partido Popular de Catalunya y, más concretamente, con su presidenta, Alícia Sánchez-Camacho.

ERC también actúa en función de cada caso, aunque colaboró activamente en desactivar algunos aspectos del proyecto de reforma de la ley de extranjería que ponían en cuestión algunos derechos de los inmigrantes.

Uno de esos aspectos era, precisamente, la posibilidad de excluirlos del padrón municipal en algunas situaciones, un planteamiento que finalmente se eliminó del proyecto por diversas presiones, entre ellas la de ERC.

Por su parte, ICV dice defender de forma radical los derechos de los inmigrantes, aunque alguno de sus dirigentes ha protagonizado actuaciones polémicas, como en el caso de Imma Mayol cuando, como alcalde accidental de Barcelona, fue responsable de una discutible actuación policial contra inmigrantes en situación irregular en agosto de 2001.

El PSC practica e n esta cuestión un seguidismo total respecto al PSOE, que actúa por criterios puramente partidistas y electorales. Por ejemplo, apoyó en el Parlamento Europeo la directiva de la vergüenza, que endurece considerablemente el tratamiento de la inmigración, y trasladó ese endurecimiento a la última reforma de la ley de extranjería española.

Sin embargo, después, Zapatero y otros dirigentes socialistas se han enfrentado al alcalde de Vic, que se limitaba a aplicar un aspecto que fue eliminado a última hora de la reforma de la ley de extranjería que impulsó el propio PSOE.

La dirección del PP, por su parte, actúa en esta cuestión sin ninguna coordinación entre sus dirigentes. Algunas veces, Rajoy intenta ofrecer una cara amable y buenista ante la inmigración, pero en otras ocasiones cambia totalmente de planteamiento.

En Catalunya y, por temor al eventual avance electoral de la Plataforma per Catalunya, que lidera Josep Anglada, el PPC, dirigido por Alícia Sánchez-Camacho, mantiene unas posiciones de mayor dureza que el PP estatal.

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