Morcín - Asturias

Gracias a Somos Morcín, que publicó en su facebook el acta de una Comisión Informativa, conocemos que Fernando Alonso, del PSOE, informó en tal comisión que "primero se ganó el juicio, luego se perdió y por eso vamos a la vía de casación".
En relación con tales manifestaciones conviene señalar que las dos veces que los tribunales entraron en el fondo del asunto dictaron sentencia contra el Ayuntamiento, así que, independientemente de que con anterioridad se hubiera discutido si el asunto debía ser resuelto por los tribunales civiles o por la jurisdicción contencioso-administrativa, lo cierto es que ya hay dos sentencias que condenan al Ayuntamiento a abonar a los vendedores el IVA que en su dia no pagaron, a las que, si se quiere completar la información, habrá que añadir un pronunciaiento firme de la jurisdicción contencioso-administrativa que, en contra de lo que el Ayuntamiento pretendía, atribuye el asunto a la jurisdicción civil.
Lo de decir que "primero se ganó el juicio, luego se perdió" es presentar el caso de una forma bien distinta a la realidad, porque esa realidad consiste en que el Ayuntamiento está cosechando fracaso tras fracaso.
Como de nuevo se va a tratar en asunto en el próximo Pleno, es de esperar que los grupos de la oposición no traguen sin más la versión que presenta el PSOE, y que quede claro que la interesada deformación de la realidad tiene el camino tan corto como la mentira, que no llega más allá que hasta donde está la verdad.

Las Comisiones informativas no son públicas y, por lo tanto, no se pueden publicar.

Una cosa es que las reuniones del las Comisiones Informativas no sean públicas, en el sentido de que no puede asistir el público, y otra muy distinta que no se pueda informar sobre lo tratado. Ya se sabe que a algunos les gustaría que no se supiera lo que se cuece en el Ayuntamiento y que nadie opinara sobre los asuntos municipales, pero el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión deben estar por encima del interesado oscurantismo y la represión informativa, eso sí, con respeto del derecho a la protección de datos de carácter personal.