Garrucha - Almeria

A una empresa constructora

Piden siete años para el exalcalde de Garrucha por prevaricación y extorsión

Presionó respecto al convenio urbanístico suscrito para construir 138 pisos
También se enfrenta a 47 años de inhabilitación para cargo público

Europa Press | Almería
Actualizado martes 19/03/2013 13:00 horas

Un juez ha ordenado la apertura de juicio oral contra el exalcalde socialista de Garrucha (Almería), Andrés Segura, por presunta comisión de delitos de prevaricación, extorsión, coacciones continuadas y exacciones ilegales con respecto al convenio urbanístico suscrito con la empresa 'Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz SL' para construir 138 viviendas en la unidad de ejecución UE-6 del termino municipal.

Segura, que será enjuiciado junto a otras cinco personas, se enfrenta a penas que suman siete años de prisión, así como 47 años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público que solicita la acusación particular ejercida por la mercantil querellante Hermanos Muñoz.

La misma pena de cárcel interesa para el exedil de Urbanismo Martín López, y el abogado J.M.L.H. mientras que el secretario municipal J.L.P.T., y los también procesados M.J.P.F. y J.M.E.R., arquitecto y técnico municipales, se enfrentan a penas de doce meses de prisión e inhabilitación por un periodo que oscila entre los 28 y los siete años.

La Fiscalía resolvió no formular acusación en este caso y solicitó en un informe emitido en julio de 2012 el sobreseimiento de las actuaciones al no apreciar indicios de delito en los hechos relatados en la querella y al entender que el convenio urbanístico objeto del litigio es "conforme a derecho y revestido de los elementos necesarios de consentimiento, objeto y causa" tal y como se recogía en una sentencia de los contencioso-administrativo.

El auto de apertura de juicio oral fija una fianza de 2,4 millones de euros al Ayuntamiento de Garrucha y a la Diputación Provincial de Almería en concepto de responsables civiles subsidiarios y ordena traslado del procedimiento a los juzgados de lo Penal. La administración ha alegado contra la caución.

El escrito de acusación de 40 páginas recoge que la mercantil adquirió en 2003 por más de seis millones de euros una finca conocida como UE-6. Dicha unidad de ejecución, según los querellantes, tenía 26.692 metros cuadrados de extensión de acuerdo a la ficha urbanística aunque "los planos de ordenación" de las Normas Subsidiarias (NNSS) recogían una superficie de solo 21.000 metros cuadrados urbanizables por motivos que califican de "desconocidos".

En septiembre de ese año, el Ayuntamiento otorgó licencia de obras para la construcción de 134 viviendas en esa unidad de ejecución aunque, en 2004, continúa relatando, "saltó a la luz pública el error material antes referido y los medios de comunicación locales llegaron a calificar lo sucedido como el mayor pelotazo urbanístico de la historia del municipio".

Según la acusación, esto provocó que el Consistorio iniciase la revisión de oficio de la licencia, lo que derivó en la suspensión y paralización de la obra, "pese a que el exalcalde, López Peña y, por supuesto, el secretario municipal tenían plena conciencia -sostiene- de la plena ilegalidad" de la citada revisión "ya que la ficha urbanística de la UE-6 reflejaba y refleja una superficie de 26.692 metros cuadrados".

En marzo de 2005, el pleno levantó la suspensión de la construcción de las 134 viviendas tras un informe preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía, que señalaba que resultaba "incuestionable que la licencia se había otorgado con plena sujeción a legalidad vigente". A partir de este punto, siempre según la mercantil querellante, "comenzó una campaña de acoso y amenazas a sus representantes para tratar de obtener nuevas contraprestaciones económicas, justificadas en supuesto aprovechamiento de la edificabilidad".

https://ww.elmundo.es/elmundo/2013/03/19/andalucia/1363694444.html

El Ex-Alcalde de Garrucha Andrés Segura pide la dimisión del Equipo de Gobierno del PP por la "vertiente política" que tiene la reapertura de la UE-6
Miércoles, 13 de Febrero de 2013 21:36 AGUSTÍN MUÑOZ


El Ex-Alcalde de Garrucha Andrés Segura Soler pide la dimisión en bloque del Equipo de Gobierno del Partido Popular tras la apertura de nuevo juicio sobre la UE-6, por considerar que existen móviles políticos al haberse iniciado a instancias del PP y ahora pretender la empresa constructora de la urbanización cuestionar el convenio firmado entre el Ayuntamiento y ella en virtud del cual debería de pagar dos millones de euros a las arcas municipales en tanto que los 'populares' ahora gobernantes sostenían que deberían de haber pagado 4.7 millones de euros.






Andrés Segura asegura haberse enterado de la reapertura de nuevo juicio sobre la urbanización de 28 viviendas la UE-2, sita en el entorno del Castillo El Nazareno, en el margen derecho de la carretera Garrucha a Mojácar, y ha mostrado su profunda sorpresa por la decisión judicial de volver a celebrarse un juicio posiblemente en la instancia superior al Juzgado de Primera Instancia donde ya se celebró la decisión recurrida, Audiencia Provincial de Almería, por la empresa Promociones e Inversiones Hermanos Muños Fernández, S. L. y que resolverá el convenio que ahora se cuestiona.

Convenio que asegura el ex-regidor fue firmado en su despacho de la Alcaldía con la presencia del Secretario Municipal, Juan Luis Pérez Tornell, como fedatario público, el abogado José Manuel Llerena, el entonces Concejal-Delegado de Urbanismo Martín López Peña y el representantes de la emprtesa y su abogado Eduardo Amor; convenio que el empresario sostiene que firmó presionado y cuya versión fue desestimada en primera Instancia en Vera.

Andrés Segura sostiene que la cantidad requerida por el Ayuntamiento de Garrucha al empresario fue estipulada por la Diputación Provincial de Almería, cuya Técnico-Arquitecto con sede en la la oficina de Vera fue quien cuantificó la sobreconstrucción llevada a cabo, en tanto que el Partido Popular estimó que debería ser de 4.7 millones de euros, casi dos millones más de lo finalmente aprobado reciente en Pleno con mayoría del PP. Razón por la que el ex-regidor considera que debe presentar la dimisión en bloque el actual Equipo de Gobierno, al "no tener legitimidad", por ser sus componentes quienes sobrevaloraron la valoración municipal originando una fuerte controversia política de ámbito nacional.

Andrés Segura dice estar "tranquilo y acudo gustosamente a nuevo juicio" porque todos los informes y convenio fueron llevados a cabo por Instituciones Públicas llegando incluso a acudir al Consejo Consultivo de Andalucía con sede en Granada.
La prensa nacional se hizo eco de la denuncia del PP.


Recordemos que el pasado mes de mayo de 2.011, siendo aún concejal, aunque en funciones, el ex-alcalde socialista Andrés Segura Soler se emitía una resolución judicial dándole la razón en todos sus términos a la actuación del entonces regidor en relación con la valoración de la sobreedificación llevada a cabo por la empresa constructora de la urbanización existente frente al Castillo Jesús Nazareno de Garrucha.

Fue recibirla el Ayuntamiento, y sin tener la delicadeza de avisar al ex-alcalde que incoó la causa, el actual Alcalde, Juan Francisco Fernández, se atribuyó el éxito judicial de Andrés Segura aseverando a bombo y platillo que “es lo que hemos venido defendiendo” desde el PP desde aquellos momentos en que la presidenta local, Mari Paz Bonet, se alió con el sindi
La prensa nacional se hizo eco de la denuncia del PP.
cato ultraderechista Manos Limpias para acusar al Alcalde de haber pactado “legalizar 28 casas a cambio de 2'6 millones”.
La prensa nacional se hizo eco de la denuncia del PP.

Esta acusación se reflejaba en la prensa nacional el 27/10/2006, pero la controversia fue generada antes cuando en mayo de 2001 el Equipo de Gobierno aprobó las Normas Subsidiarias de Garrucha y en ellas, según relataba la ahora edil 'popular', y en ellas se recogía una parcela de 21.100 metros cuadrados que, cuatro meses después, fue vendida a la sociedad mercantil 'Urbanización Costa Cálida, S. L. y que en el convenio urbanístico aparecía al parecer con una superficie de 26.692 metros cuadrados. Según la descripción del PP, en febrero de 2003, Costa Cálida, S. L. vendió a la sociedad Inversiones y Promociones Hermanos Muñoz Fernández, S L. la citada parcela y en septiembre se le concedió la preceptiva licencia urbanística “para construir 134 viviendas, cuando lo permitido era 106”.
Ello lo valoraba el Partido Popular ahora gobernante como el “mayor pelotazo urbanístico de la historia” de Garrucha, tal vez sin llegar a pensar que casi cuatro años después quien daba un auténtico pelotazo era un empresario con el que se había aliado supuestamente para echar a Andrés Segura en la urbanización de los terrenos que ocupaban la discoteca 1.1 en la carretera de Vera. Tan magna acusación provocó que el Alcalde Andrés Segura Soler suspendiese cautelarmente la Licencia de Obras y pidiese un informe técnico a la Diputación Provincial de Almería. Tras la emisión de un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía a instancias del Alcalde garruchero se levantó la suspensión cautelar que pesaba sobre la Licencia de Obras.
Pero en el afán de ensañarse con la que consideraban su presa, el Partido Popular presentó un escrito al Fiscal Provincial de Medio Ambiente, que dio traslado al Juzgado de Vera, asegurando que “se ha falseado la ficha urbanística de la parcela”, que ha “supuesto que 28 de las 134 viviendas no sean legales por el exceso de edificación”, al tiempo que Mari Paz Bonet denunciaba que los 2'6 millones de euros que Andrés Segura le reclamaba a la constructora por la sobreedificación de esa casi treintena de viviendas “no es la totalidad de los beneficios percibidos” por su venta “sino que éstos son superiores al doble, unos 4'7 millones de euros”.
Esta despiadada persecución política y personal al entonces Alcalde Andrés Segura le dio como recompensa al PP el Equipo de Gobierno de Garrucha que el día 22 de Mayo renovaron, según algunos garrucheros y garrucheras, por desméritos de sus adversarios que por méritos de ellos, y cuatro años después de echar al PSOE se ha producido una sentencia judicial recogiendo que la constructora tiene que pagar al Ayuntamiento la cantidad exigida por Andrés Segura y que Bonet aseguraba que era de 4'7 millones de euros.
Se dice que las formas catalogan y definen a las personas, y en este caso se produce la sentencia judicial el pasado mes de mayo cuando era concejal, aunque e funciones, el ex-alcalde Andrés Segura Soler, quien se enteró por la prensa de la resolución judicial que él había incoado y no por su sucesor como debería ser lo lógico y lo natural en un país civilizado y máxime como representante de un Partido Político que se atribuye la defesa a ultranza de los buenos usos y costumbres de la sociedad tradicional.
Pues no solo no comunico el flamante alcalde por segunda vez consecutiva la buena nueva a su antecesor y compañero de Corporación Municipal sino que encima ahora asegura que “el fallo del Tribunal refleja lo que hemos estado defendiendo desde hace mucho tiempo y que no es otra cosa que el Convenio suscrito por el anterior Alcalde” con la empresa “es un Convenio válido”. I cosas peores se ven lo que se preguntan en Garrucha es el porqué no se iba a ver ésta.